La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha advertido de que, desde el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio, el gasóleo agrícola ha experimentado “con una subida fulminante del 30 por ciento, sin que se haya producido interrupción alguna del suministro en España”. Ante esta situación, la organización agraria reclama “medidas urgentes para frenar la escalada”, entre ellas aplicar la fiscalidad mínima posible a este carburante y agilizar la devolución “acelerada” del IEH.
A través de un comunicado, UCCL denuncia que vuelve a repetirse un comportamiento que el sector “conoce demasiado bien”. Según subrayan, “ante cualquier tensión internacional, los precios suben con rapidez; cuando la situación se estabiliza, las bajadas son lentas y parciales y el Gobierno se beneficia de cada céntimo adicional que paga el campo”.
La organización recuerda que, durante 2025, el gasóleo agrícola se movió entre un mínimo cercano a 1,080 euros por litro (media nacional) a mediados de junio y un máximo de 1,18 euros por litro a finales de febrero. “Con un consumo anual de unos 2.000 millones de litros, la diferencia entre pagar el gasóleo a 1,08 o pagarlo a 1,18 sería de 200 millones de euros de sobrecoste para agricultores y ganaderos. Habrá que ver en cuánto se pone ahora”, ha indicado UCCL, rememorando que en los meses posteriores al inicio de la guerra en Ucrania llegó a situarse “los 1,7 euro/litro”.
En este escenario, la organización detalla que, en el precio final del gasóleo a lo largo de un año, en torno a un 25 por ciento corresponde a impuestos, principalmente el Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IVA. Aunque existe una devolución del IEH para el gasóleo agrícola, UCCL critica que se abona “muy tarde y solo aproximadamente la mitad del gasóleo agrícola consumido se beneficia de la misma por la complejidad del sistema”.
La organización teme que el encarecimiento del combustible, no solo el agrícola, termine repercutiendo en otros factores de producción, como los fertilizantes o la energía eléctrica, “con un incremento notable de los costes de producción”. En este contexto, defiende que es más necesario que nunca garantizar un “correcto funcionamiento de la ley de cadena alimentaria que debería garantizar que los precios a percibir por agricultores y ganaderos compensasen esas subidas”.
UCCL insta al Gobierno central, a la UE y a las comunidades autónomas a no demorar la adopción de respuestas “cuando haya una crisis del sector desatada en toda su virulencia”. “Estamos en un sector estratégico que exige actuaciones preventivas urgentes”, remarcan desde la organización.
Por ello, reclaman aplicar la imposición fiscal “más baja posible” al gasóleo, mantener una devolución “acelerada” del IEH y avanzar hacia su sustitución “por un mecanismo de descuento en poste, un seguimiento riguroso de inventarios y márgenes en la cadena de suministro y, si se aprecia un riesgo real de interrupción del suministro de combustible, la utilización de las herramientas previstas para garantizar la estabilidad del mercado, incluida la liberación de reservas estratégicas”.
Además, UCCL propone elaborar un inventario energético específico para el sector agrario que permita detectar “consumos susceptibles de transición hacia fuentes renovables con apoyo público suficiente y sin nuevas cargas administrativas”.
La organización advierte de que, “si no se actúa con rapidez, las consecuencias no serán solo para los agricultores, sino para toda la cadena alimentaria y esto lo vamos a pagar el eslabón más débil por abajo, que somos nosotros; pero también los colectivos más vulnerables por la parte del consumo”.