La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha detectado que, desde el pasado 28 de febrero, fecha en la que estalló el conflicto bélico en Oriente Medio, el gasóleo agrícola ha experimentado “con una subida fulminante del cuatro por ciento, sin que se haya producido interrupción alguna del suministro en España”. Ante esta situación, la organización agraria reclama “medidas urgentes para frenar la escalada”, entre ellas aplicar la fiscalidad mínima a este carburante y una devolución “acelerada” del IEH.
A través de un comunicado, UCCL ha denunciado que se repite un comportamiento que el campo “conoce demasiado bien”. “Ante cualquier tensión internacional, los precios suben con rapidez; cuando la situación se estabiliza, las bajadas son lentas y parciales y el Gobierno se beneficia de cada céntimo adicional que paga el campo”, apuntan desde la organización.
La entidad recuerda que, durante 2025, el gasóleo agrícola se movió entre un suelo cercano a 1,080 euros por litro (media nacional) a mediados de junio y un techo de 1,18 euros por litro a finales de febrero. “Con un consumo anual de unos 2.000 millones de litros, la diferencia entre pagar el gasóleo a 1,08 o pagarlo a 1,18 sería de 200 millones de euros de sobrecoste para agricultores y ganaderos. Habrá que ver en cuánto se pone ahora”, ha indicado UCCL, subrayando que en los meses posteriores al arranque de la guerra en Ucrania el precio llegó a situarse “los 1,7 euro/litro”.
En este escenario, la organización incide en que, en el coste final del gasóleo en un año, alrededor de un 25 por ciento corresponde a impuestos, principalmente por el Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IVA. Aunque existe un mecanismo de devolución del IEH para el gasóleo agrícola, UCCL critica que se reembolsa “muy tarde y solo aproximadamente la mitad del gasóleo agrícola consumido se beneficia de la misma por la complejidad del sistema”.
La organización teme que este encarecimiento del combustible, no solo del agrícola sino en general, termine repercutiendo en otros insumos básicos como fertilizantes o energía eléctrica, “con un incremento notable de los costes de producción”. En este contexto, sostiene que es imprescindible garantizar un “correcto funcionamiento de la ley de cadena alimentaria que debería garantizar que los precios a percibir por agricultores y ganaderos compensasen esas subidas”.
UCCL insta al Gobierno, a la Unión Europea y a las comunidades autónomas a que no demoren la adopción de decisiones “cuando haya una crisis del sector desatada en toda su virulencia”. “Estamos en un sector estratégico que exige actuaciones preventivas urgentes”, recalcan.
Por ello, exigen aplicar una imposición fiscal “más baja posible” sobre el gasóleo, una devolución “acelerada” del IEH y su posterior sustitución “por un mecanismo de descuento en poste, un seguimiento riguroso de inventarios y márgenes en la cadena de suministro y, si se aprecia un riesgo real de interrupción del suministro de combustible, la utilización de las herramientas previstas para garantizar la estabilidad del mercado, incluida la liberación de reservas estratégicas”.
Además, reclaman la puesta en marcha de un inventario energético sectorial que permita localizar “consumos susceptibles de transición hacia fuentes renovables con apoyo público suficiente y sin nuevas cargas administrativas”.
“Si no se actúa con rapidez, las consecuencias no serán solo para los agricultores, sino para toda la cadena alimentaria y esto lo vamos a pagar el eslabón más débil por abajo, que somos nosotros; pero también los colectivos más vulnerables por la parte del consumo”, han concluido desde UCCL.