La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha estimado que el nuevo sobrecoste de los fertilizantes derivado del mecanismo de ajuste de carbono en frontera alcanzará los 40 euros por hectárea a partir del 1 de enero de 2026.
La organización profesional agraria ha alertado de que la puesta en marcha del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM), diseñado para gravar las importaciones de bienes con alta huella de carbono procedentes de países terceros con el fin de evitar la fuga de emisiones “y garantizar una competencia más equitativa con la producción europea”, podría conllevar incrementos adicionales de “varias decenas de euros” por tonelada de fertilizante.
De acuerdo con los cálculos de UCCL, la implantación del CBAM generará costes añadidos de entre 40 y 100 euros por hectárea, según el tipo de cultivo y las necesidades de abonado. Por ello, la organización reclama que se retrase la aplicación de este instrumento hasta asegurar la “plena previsibilidad” de los costes para el sector.
A nivel del conjunto del campo, UCCL ha cuantificado que estos aumentos podrían traducirse en un impacto económico anual acumulado de entre 6.000 y 1.500 millones de euros, “en un contexto en el que las explotaciones ya afrontan una fuerte presión de costes y una elevada dependencia de fertilizantes importados de terceros países”, subraya la OPA.
La organización agraria ha remarcado que, a falta de un mes para la entrada en vigor del GBAM, continúan sin aclararse “elementos técnicos clave” del mecanismo, como la metodología definitiva para el cálculo de las emisiones incorporadas en los fertilizantes, el esquema de verificación y certificación de los datos que aporten los importadores, el precio real de los certificados CBAM ligado al mercado del carbono o la posible puesta en marcha de medidas de compensación o corrección para el sector agrario.
“Esto dificulta la planificación de las explotaciones y agrava el efecto tijera que ya sufren agricultores y ganaderos, con costes al alza y precios en origen que no permiten absorber nuevos incrementos”, ha lamentado la OPA, que recuerda que la transición climática es un “objetivo compartido”, pero insiste en que no debe trasladarse de manera directa a la estructura de costes del campo.
En esta línea, la organización exige que no se extienda el CBAM a los fertilizantes “sin que previamente se garantice la plena previsibilidad de los costes y se establezcan medidas específicas de compensación para agricultores y ganaderos”.
“Seguiremos defendiendo una política climática ambiciosa, pero que tenga en cuenta la realidad económica del campo y no ponga en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrarias”, han advertido desde UCCL. “De todas formas, lamentablemente, esto no es nuevo. No es la primera vez que desde Europa se establecen políticas sin estudios de impacto. Bruselas ya está cogiendo la costumbre de dispararse al pie”, ha concluido la OPA.