La Comisión Europea ha comunicado este martes un endurecimiento de los controles fitosanitarios aplicados a las importaciones de productos agroalimentarios, con nuevas exigencias tanto en las fronteras exteriores de la Unión Europea como en los propios países terceros desde los que se envían estos cargamentos.
“Como principal comerciante mundial de alimentos, la Unión Europea debe garantizar que todo producto animal, vegetal o alimenticio importado de terceros países cumple con nuestras estrictas normas de salud y seguridad”, ha defendido el comisario de Salud y Bienestar Animal, Oliver Várhelyi, tras anunciar la iniciativa.
El comisario ha subrayado que las nuevas disposiciones “reforzarán y modernizarán” un sistema de controles oficiales que “ya es sólido”, pero cuya actualización repercutirá “en beneficio de los ciudadanos, agricultores y empresas de la Unión”.
En la práctica, Bruselas prevé incrementar en un 50% las auditorías que se realizan en países no pertenecientes a la UE en un periodo de dos años, al mismo tiempo que se aumentan un 33% las inspecciones en los puestos de control fronterizos europeos, con el objetivo de verificar que las autoridades nacionales ejecutan las comprobaciones sobre las importaciones conforme a las exigencias fijadas por la normativa comunitaria.
La Comisión también avisa de que realizará un control más riguroso sobre los productos y orígenes que incumplan las reglas de la UE, con un refuerzo de los controles “según sea necesario”, y que proporcionará apoyo específico a los Estados miembro que asuman este incremento de la vigilancia.
Además, el Ejecutivo comunitario contempla la creación de un grupo de trabajo específico a escala de la UE para mejorar la eficacia de los controles sobre las importaciones. Este equipo se centrará de forma prioritaria en los residuos de plaguicidas, la seguridad de los alimentos y los piensos y el bienestar animal, y estudiará coordinar las actuaciones de seguimiento de la UE sobre determinados productos importados. Para ello, la Comisión calcula que formará a unos 500 funcionarios nacionales mediante un programa específico de la UE dedicado a los controles oficiales.
Por último, Bruselas plantea revisar las normas que regulan la entrada de productos que contienen trazas de plaguicidas especialmente peligrosos prohibidos en la Unión, con el fin de adaptar los criterios a los estándares internacionales, que también han sido reforzados.