Un estudio impulsado por la Diputación de Cádiz sobre la situación actual de las entidades de economía social del sector agroalimentario en la provincia dibuja un tejido consolidado, con fuerte arraigo en el territorio y con importantes desafíos a medio y largo plazo, entre ellos el relevo generacional y la digitalización.
Según ha explicado la Diputación en una nota, el documento, elaborado con las aportaciones de alrededor de medio centenar de estas entidades, será la base del futuro Plan Integral de Impulso, Fortalecimiento y Consolidación de las Empresas de Economía Social del Sector Agroalimentario. En este plan participará la provincia de Cádiz junto con otros territorios de España y Portugal integrados en el proyecto de cooperación europeo “Agrosocial”.
El informe constata un entramado empresarial histórico y asentado: casi la mitad de las entidades analizadas nacieron antes de 1999. Entre las restantes, la mayoría se crearon en dos etapas muy definidas, a partir del año 2000, coincidiendo con la expansión del sector agroalimentario, y tras 2015, en un contexto de impulso de la economía social.
En cambio, el periodo más reciente (2020-2025) refleja una menor creación de nuevas entidades, algo que el estudio vincula a un escenario marcado por la incertidumbre y por crisis encadenadas.
El trabajo también pone de relieve que la mayoría de estas cooperativas agroalimentarias cuentan con una base social “muy reducida”, ya que más del 37% son microentidades (1-10 personas) y un 25% se sitúa en la categoría de pequeñas (de 11 a 50 personas). Un 20% de las entidades consultadas tiene un tamaño mediano (entre 51 y 250 personas) y el 17,5% supera las 250 personas. El resultado es un mapa empresarial “fuertemente atomizado”, dominado por organizaciones de escala limitada, con estructuras internas muy ajustadas y una elevada dependencia de un número reducido de socios.
En lo relativo a la actividad principal, el tejido de economía social agroalimentaria gaditano está claramente encabezado por la agricultura (cultivos extensivos, hortícolas, viñedos, olivares, frutales), ámbito en el que opera cerca del 40% de las entidades analizadas. A continuación se sitúan la pesca, con un 24%, y la ganadería, que supone otro 15%. Otras líneas de negocio, como los servicios (casi 11%), la transformación (8,7%) y la distribución (2,2%), también están presentes, aunque con un peso menor.
El informe detalla igualmente la estructura de edades predominante: en casi el 58% de las entidades destacan personas de entre 46 y 60 años, en un 28,9% el grupo mayoritario se sitúa entre los 30 y los 45 años y en un 13,3% la franja dominante es la de más de 60 años. La práctica ausencia de personas menores de 30 años como grupo principal evidencia un serio desafío en materia de relevo generacional.
Según la Diputación, este relevo generacional se convierte, de hecho, en el principal problema señalado por las empresas (33,3%), seguido de un apoyo institucional considerado “insuficiente” (20,5%) y de las dificultades de comercialización (17,9%), que reflejan tanto los obstáculos para acceder al mercado como la necesidad de un acompañamiento público más estable. También figuran, con porcentajes relevantes, la inversión en infraestructuras y la mejora de la visibilidad (12,8%), así como retos ligados a la competencia, el cambio climático y la rentabilidad económica (10,3%), entre otras cuestiones estratégicas.
La institución provincial subraya además la percepción que estas entidades tienen de su propio futuro. A diez años vista, se imaginan como organizaciones más tecnológicas (57%), más digitalizadas y sostenibles (41%) y con una mayor presencia de mujeres en sus estructuras de participación (27,3%). Un 18,2% expresa, en cambio, una visión negativa (“sin futuro”). En conjunto, predomina una expectativa de modernización y adaptación, aunque persiste una minoría que anticipa serias dificultades.
Para materializar esa visión, las entidades coinciden en que la prioridad pasa por reforzar la inversión en infraestructuras (32,5%). A continuación sitúan, de nuevo, el relevo generacional (20%) y la modernización tecnológica (17,5%), lo que pone de manifiesto la inquietud por garantizar la continuidad del sector y actualizar sus procesos productivos, según se recoge en el estudio.
En un segundo bloque de necesidades, con un peso muy similar (15% de las encuestadas), aparecen la mejora de procesos, la capacitación, la promoción y el marketing y el apoyo institucional. Esto indica que las entidades consideran imprescindible fortalecer tanto su organización interna como su presencia en el mercado y el respaldo de las administraciones. Otros ámbitos, como el impulso de la economía social, la igualdad de género o la sostenibilidad ambiental, también están presentes aunque con menor intensidad, tal y como se detalla en el informe.
El documento constata igualmente un grado de digitalización moderado-bajo: solo un 9% de las entidades se declara completamente digitalizada y un 60% carece de canales de venta en línea. Pese a ello, muestran un fuerte interés por formarse en nuevas tecnologías (65,9%), así como en materias de comercialización y acceso a mercados, seguridad alimentaria, gestión, producción sostenible e igualdad de género.
En el ámbito de la igualdad de género, los datos recogidos por la Diputación ponen de manifiesto una brecha notable entre la percepción y la realidad. Aunque más del 90% de las entidades encuestadas considera que hombres y mujeres disponen de las mismas oportunidades dentro de la empresa, la presencia efectiva de mujeres en los consejos rectores es muy baja, hasta el punto de que en la mitad de ellos no hay ninguna.
El estudio también identifica qué tipo de innovaciones consideran más prioritarias para sus negocios. En primer lugar se sitúa la incorporación de maquinaria y equipamiento modernos (61,9%), seguida de las tecnologías de gestión y digitalización (57,1%) y de técnicas avanzadas de producción y manejo (52,4%). A continuación aparecen los nuevos productos y formulaciones (50%) y, con menor peso, las energías renovables y la eficiencia energética (35,7%). En conjunto, se perfila un sector que reclama sobre todo modernizar procesos y aplicar tecnología al trabajo diario.
La Diputación recuerda que “Agrosocial” es un proyecto europeo de cooperación transfronteriza en el que participa la institución provincial a través del IEDT, con el propósito de dinamizar e impulsar la economía social como pilar clave de la recuperación económica y social de España y Portugal.
Este proyecto está cofinanciado al 75 por ciento por la Unión Europea, mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Interreg España-Portugal. El presupuesto global ronda los dos millones de euros, de los que aproximadamente 236.000 euros se destinan a las actuaciones previstas en la provincia de Cádiz.