Unió de Pagesos ha enviado una carta a las formaciones políticas catalanas para pedirles que “no permitan” la puesta en marcha de forma provisional del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, según ha explicado este jueves en un comunicado.
El sindicato agrario recuerda que la Comisión Europea “insiste en su aplicación” pese a que el Parlamento Europeo aprobó el 21 de enero una moción de resolución en la que pedía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que valore si el tratado se ajusta o no a los acuerdos internacionales, al detectar defectos jurídicos de carácter estructural.
UP reclama a los partidos catalanes que presionen al Gobierno español para que “posicionarse en contra de cualquier decisión de aplicación provisional del Tratado con el Mercosur” y, además, les propone mantener reuniones para estudiar con detalle las consecuencias del acuerdo, en sus palabras.
La organización señala que los sectores que sufrirían un mayor impacto serían el del arroz, los cítricos, el vacuno de carne, las aves de corral, el porcino y la apicultura. Asimismo, advierte de que la falta de cláusulas espejo “genera una competencia desleal y un incentivo para la deslocalización de la producción”.
Según UP, “El campesinado debería competir con importaciones que no están sujetas a los mismos estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos”, lo que, a su juicio, dejaría en clara desventaja a la producción comunitaria.
Críticas al registro de productos fitosanitarios
En otro orden de cuestiones, Unió de Pagesos ha denunciado las “carencias” del sistema actual de registro de productos fitosanitarios autorizados en España, subrayando los problemas derivados de los distintos criterios que se aplican dentro de la propia UE.
A juicio de la organización, la división del territorio comunitario en tres zonas diferenciadas “no ha servido para nada ya que dentro de una misma zona a menudo existen criterios diferentes en cuanto al uso y reconocimiento de productos”.
Como ejemplo, cita el caso del flufenaceto, un producto autorizado por la Comisión Europea hasta el 10 de diciembre de 2026, pero para el que Francia, Italia y España han establecido calendarios distintos a partir de los cuales dejan de permitir su uso.
UP advierte de que “Estos criterios diferentes provocan una competencia desleal entre productores de diferentes países de dentro de la propia UE, ya que algunos pueden usar productos que otros tienen prohibidos a causa de decisiones arbitrarias de sus Estados”, lo que, según el sindicato, distorsiona el mercado interior y perjudica a parte del sector agrario europeo.