Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha comunicado este miércoles que las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) vinculadas a la actividad agraria profesional correspondientes a 2023, último ejercicio con datos disponibles, registraron una caída del 16,8% frente al año anterior, una cifra cuya "gravedad" subraya la organización y ante la que advierte: "El sector no va bien".
“Desde Unión de Uniones se remarca la gravedad de este dato, ya que la reducción constante de los declarantes que más dependen de la renta agraria para sus ingresos totales indica que el sector no va bien y no permite garantizar la rentabilidad económica de los agricultores y ganaderos", afirma en un comunicado.
La organización denuncia la continuidad de la senda descendente en el número de declaraciones con actividades agrícolas y ganaderas y pone el foco en los malos resultados de 2023: se trata del ejercicio con la mayor contracción de toda la serie estadística, con 45.352 declaraciones menos y un retroceso del 4,82% respecto a 2022, además de ser el primero en el que no se alcanza el umbral de 900.000 declaraciones.
Pero, sobre todo, resalta que el dato "más preocupante" aparece en los registros desagregados, donde se aprecia "una reducción de aquellas declaraciones con mayor peso de la renta agraria sobre los ingresos totales, los tramos más profesionales".
En detalle, señala que la renta media general (solo declarante principal) asciende a 30.418 euros, mientras que la renta agraria profesional es un 54,7% más baja, situándose en 14.084 euros.
Ante este escenario, Unión de Uniones expresa su "preocupación" tanto por esta brecha como por "las nuevas cifras que se den en los próximos años, arrastrando el impacto de los conflictos internacionales", y sostiene que estos datos "ahuyentan" el relevo generacional en el campo. "Mientras el campo no sea rentable, seguirá envejecido y en declive", advierten desde Unión de Uniones.
Pese a ello, la organización considera que la situación se puede "revertir", siempre que exista "voluntad política para hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria", que no se impulsen acuerdos comerciales que generen "competencia desleal" y que se destinen recursos a mejorar los servicios públicos y la digitalización en las zonas rurales.