Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha rechazado “con firmeza” el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de poner en marcha la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur. La organización agraria reclama su dimisión “por saltarse las reglas y principios democráticos” y por “vender los intereses de los productores europeos”, según ha señalado en un comunicado.
La entidad califica la decisión de “precipitada y lesiva” para el campo, y sostiene que “políticamente es inaceptable” en el actual escenario institucional europeo, al considerar que se adopta sin las debidas garantías para el sector.
“El sector agrario no puede seguir siendo la variable despreciable de la política comercial europea. Este acuerdo, tal y como está planteado, es claramente lesivo para nuestros agricultores y ganaderos, que deberán competir con producciones que no están sometidas a los mismos estándares sanitarios, medioambientales y sociales”, han señalado desde la organización, que alerta del impacto competitivo que puede tener la entrada de productos de Mercosur.
Unión de Uniones denuncia igualmente que la supuesta cláusula de salvaguarda agraria anunciada por la Comisión Europea no figura en el texto del tratado y, en consecuencia, “no ofrece protección real ni automática” para los profesionales del sector.
La organización agraria sostiene que se trata de un “mecanismo tardío y discrecional”, al entender que solo entraría en juego cuando el perjuicio ya se ha producido y los agricultores y ganaderos han asumido pérdidas significativas.
Además, la entidad considera “especialmente grave” que se impulse la aplicación provisional del acuerdo en un momento en el que la propia Comisión Europea ha detectado deficiencias en los controles de Brasil y reconoce que no puede certificar plenamente que no se exporta carne de animales tratados con hormonas prohibidas en la UE.
“Acelerar la apertura comercial en este contexto es una irresponsabilidad. La seguridad alimentaria no puede sacrificarse en nombre de la geoestrategia”, han indicado desde Unión de Uniones, advirtiendo del riesgo que, a su juicio, supone priorizar objetivos geopolíticos frente a las garantías sanitarias.
En el plano institucional, la organización acusa a la Comisión Europea de forzar los procedimientos y de vaciar de contenido el debate democrático en torno al tratado. “La aplicación provisional no puede convertirse en un atajo para imponer hechos consumados”, sostienen, al considerar que se limita la capacidad de deliberación y decisión de los representantes electos.
A su juicio, esta vía de aplicación reduce el margen efectivo de actuación de los parlamentos nacionales y europeos y debilita el control democrático sobre un acuerdo que consideran de máxima relevancia económica y política para el sector agrario y para el conjunto de la ciudadanía.