Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha hecho un llamamiento a todo el sector agrario para que se movilice frente a las políticas y acuerdos comerciales que consideran lesivos para el campo, mediante una “gran tractorada” convocada para el próximo 11 de febrero en todo el país. Esta cita nacional pretende poner el broche a las protestas que ya se vienen desarrollando en territorios como Extremadura, Asturias, Castilla y León o Cataluña, según detalla la organización en un comunicado.
En este marco de movilizaciones, la entidad ha programado para este viernes distintas concentraciones en comunidades como Extremadura, Asturias y Castilla y León, con una cita específica en Burgos, mientras que en Cataluña, en la zona de Tierras del Ebro, la protesta se ha fijado para el 22 de enero y en Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca, se celebrará el 27 de enero.
La organización agraria subraya que las explotaciones llevan tiempo soportando una combinación muy difícil de asumir: unos costes de producción al alza desde el inicio de la guerra en Ucrania que no se compensan con los precios que reciben por sus productos.
A este escenario, añade la entidad, se suman los acuerdos comerciales internacionales, entre ellos los de Mercosur, “que aún no está todo dicho”, o el de Marruecos, que introducen una competencia que no respeta la reciprocidad en materia de normas sanitarias, ambientales y laborales. A ello se une una creciente presión regulatoria y las propuestas de modificación de la Política Agrícola Común (PAC) y del Marco Financiero Plurianual que, de salir adelante, implicarían un recorte del 22%.
En el ámbito ganadero, donde tradicionalmente la diferencia entre costes y precios había sido menor, la coyuntura se ha vuelto también “insostenible” debido al impacto de sucesivos problemas sanitarios, como la peste porcina africana (PPA), la influenza aviar o la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), que están provocando graves consecuencias económicas en las explotaciones.
Ante esta situación, Unión de Uniones exige actualizar y revisar los protocolos y planes sanitarios y de gestión de crisis, que considera “actualmente obsoletos” y alejados de la realidad que vive el campo, tanto en lo que respecta a la prevención como a los mecanismos de compensación.
“Sin rentabilidad, sin estabilidad y sin perspectivas de futuro, los jóvenes no se incorporan, las explotaciones cierran y los pueblos se vacían. Cuando esto ocurre, no solo pierde el agricultor o el ganadero: pierde el consumidor, pierde la economía local y pierde el país en términos de autonomía alimentaria y seguridad alimentaria. No se puede cerrar los ojos a esta realidad”, ha señalado el coordinador estatal, Luis Cortés.