Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha vuelto a dirigirse al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para trasladar su “preocupación” por las dificultades que están afrontando muchos productores en la campaña actual de la PAC, debido a la obligación de declarar el NIF de los arrendadores o cedentes de las parcelas, y ha solicitado que se corrija esta exigencia normativa, según ha comunicado la organización.
En el momento actual, coincidiendo con la fase de presentación y cumplimentación de la Solicitud Única, la organización está constatando sobre el terreno las “numerosas dificultades reales” para atender el requisito de identificar las parcelas con el NIF del titular arrendador, una situación sobre la que ya había advertido previamente al Ministerio.
Unión de Uniones precisa que no se trata de cuestionar el cumplimiento de la legislación, sino de problemas prácticos ligados a la realidad de la propiedad rústica en España, donde son frecuentes las herencias sin formalizar, las diferencias entre catastro y registro, las fincas en copropiedad o las complicaciones para localizar a los verdaderos titulares de las parcelas.
La organización incide en que las consecuencias de estas incidencias son relevantes. Mientras que en otros casos un error puede circunscribirse a una sola parcela, en esta ocasión la falta de datos correctos puede poner en entredicho la validez de la solicitud completa de las ayudas, lo que genera una fuerte inseguridad entre los solicitantes.
Unión de Uniones rememora que ya instó al Ministerio de Agricultura a recuperar la redacción anterior de la norma, alertando de los perjuicios que podía acarrear esta nueva obligación. Incluso llegó a presentar un voto particular en el Comité de Seguimiento contra su inclusión en las modificaciones del Pepac que Agricultura remitió a Bruselas.
Como vía alternativa, la organización propuso elevar el umbral mínimo de superficie a partir del cual fuera obligatorio consignar el NIF del arrendador, con el objetivo de contemplar la elevada fragmentación de la propiedad agraria que se da en muchas comarcas.
“Se está poniendo en riesgo las ayudas de las que depende la viabilidad de muchas explotaciones modestas de profesionales del campo por empecinarse en acreditar algo sobre los papeles que, simplemente, es imposible demostrar en la realidad”, han señalado desde la organización.