Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras estudiar el contenido del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio, ha considerado "positiva" la ayuda destinada a fertilizantes, aunque mantiene que continúa siendo "insuficiente" para hacer frente al alcance real del impacto sobre el sector agrario.
La organización ha destacado como "positiva" la creación de una ayuda directa para la compra de fertilizantes, dotada con 500 millones de euros. Esta medida, que no figuraba en su primer análisis, supone a su juicio un reconocimiento explícito del fuerte aumento de los costes que arrastran las explotaciones agrícolas.
Pese a ello, Unión de Uniones entiende que esta línea de apoyo, aunque de cierta entidad, resulta "claramente limitada" para el conjunto del campo y no llega a compensar el incremento generalizado de los costes de producción que soportan los profesionales.
La organización ha criticado además que el paquete aprobado continúe sin prever ayudas específicas para el sector ganadero, que también sufrirá el encarecimiento de los piensos y demás costes de alimentación animal, lo que, en su opinión, acentúa la insuficiencia del conjunto de las medidas.
Ante esta situación y considerando probable que la crisis se prolongue, Unión de Uniones mantiene su exigencia de poner en marcha un Fondo Extraordinario de 1.500 millones de euros en ayudas directas para agricultores y ganaderos de los sectores más castigados, con el objetivo de evitar un deterioro generalizado de la rentabilidad de las explotaciones.
Al mismo tiempo, la organización subraya que buena parte de las actuaciones recogidas en el real decreto-ley tienen un carácter "temporal y coyuntural", mientras que el contexto actual evidencia, según recalca, la urgencia de impulsar cambios de tipo estructural.
En este sentido, reclama una rebaja permanente del IVA de los insumos agrarios hasta el mínimo que permite la normativa comunitaria; la implantación de un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida aplicada directamente en el precio en surtidor, de forma estable, y la continuidad de un sistema de doble tarifa eléctrica para el regadío que posibilite ajustar la potencia contratada a las necesidades reales de las explotaciones a lo largo de todo el año, y no solo en momentos excepcionales.
Unión de Uniones recuerda, por último, que este real decreto-ley debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados y que puede tramitarse como proyecto de ley, lo que abre la puerta a introducir modificaciones y refuerzos en las medidas contempladas.