El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) ha instado a que el acuerdo UE-Mercosur se implemente de forma responsable, con el objetivo de salvaguardar a la ganadería y al conjunto de la industria agroalimentaria gallega. Al mismo tiempo, reclama la adopción de medidas específicas que eviten efectos críticos sobre todo el tejido productor.
De este modo, UU.AA. afirma compartir la inquietud que existe en el campo gallego ante esta propuesta y subraya que “los riesgos” que introduce “no pueden ser ignorados ni minimizados”.
No obstante, la organización matiza que la magnitud del impacto sobre la actividad agroganadera en Galicia dependerá de cómo actúen las instituciones europeas, estatales y autonómicas a la hora de aplicar el pacto y de defender los intereses del sector.
Por ello, pide a las tres administraciones que pongan en marcha una estrategia “clara” para una aplicación responsable del acuerdo. En particular, exige controles rigurosos en las fronteras e inspecciones en los países de origen que aseguren una reciprocidad efectiva en los estándares sanitarios, ambientales y de bienestar animal, evitando así la entrada en el mercado europeo de productos obtenidos bajo condiciones que no serían legales en la UE.
Al mismo tiempo, Unións Agrarias califica de “imprescindible” reforzar la demanda interna “como pilar de estabilidad” del sector en la Comunidad. “La diferenciación por calidad, origen, trazabilidad y sostenibilidad es una herramienta clave para reducir la sustituibilidad del producto y mejorar la posición negociadora de nuestros productores”, ha reivindicado.
Consumidores gallegos y confianza en los alimentos
En paralelo, la Unión de Consumidores de Galicia destaca que el principal desafío “no será tanto la seguridad alimentaria objetiva”, sino “la calidad percibida y la confianza” de las personas consumidoras.
En esta línea, la entidad señala que una parte de la ciudadanía muestra inquietud por las diferencias entre modelos de producción, por el empleo de determinados fitosanitarios y por el impacto ambiental asociado a algunas explotaciones en los países exportadores.
Por ello, considera esencial mejorar la claridad del etiquetado sobre el origen de los alimentos, garantizar una trazabilidad completa (en especial en los productos cárnicos), ofrecer información pública sobre controles e inspecciones y facilitar el acceso a los sistemas oficiales de alerta alimentaria.
SLG mantiene su “rotundo rechazo” al pacto
En contraste con la posición de UU.AA., el Sindicato Labrego Galego ha anunciado que trasladará su “rotundo rechazo” al acuerdo en las reuniones que mantendrán en Bruselas la Comisión Europea y sus aliados de la Coordinadora Europea Vía Campesina.
“No queremos ni vamos a negociar ningún tipo de cláusulas, no aceptamos ningún tipo de tratado en cuanto al Mercosur”, ha remarcado el responsable de la Secretaría de Acción Sindical, Brais Álvarez.
Según sostiene, este tratado “arruina el futuro de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria de ambos continentes”, además de suponer “la entrega de la producción de alimentos a los intereses del agronegocio y de las grandes corporaciones”.
Asimismo, advierte de que permitiría la entrada sin aranceles de 99.000 toneladas anuales de carne de bovino, 100.000 toneladas de carne de pollo, miles de toneladas de carne de cerdo, 45.000 toneladas de miel y la liberalización del 86% de los productos agrícolas procedentes del Mercosur.
Por todo ello, el SLG reclama a la Unión Europea y al resto de administraciones una oposición frontal al acuerdo y avanza que mantendrá las movilizaciones, animando a toda la ciudadanía gallega a sumarse.
Críticas del BNG y acusaciones de “cinismo político”
Al mismo tiempo, el BNG ha reiterado su demanda al Gobierno central para que retire el apoyo al tratado comercial entre la UE y el Mercosur, al entender que representa “una amenaza directa” para la continuidad de miles de explotaciones gallegas.
En este sentido, la senadora nacionalista Carme da Silva ha denunciado que el Ejecutivo “apoyó de manera entusiasta un acuerdo profundamente lesivo para Galicia, sin calibrar ni asumir las consecuencias económicas, sociales y ambientales que tendrá para el tejido productivo”.
También ha señalado el “cinismo político” del PP, que “pretende capitalizar el malestar del sector” cuando, ha recordado, “fue uno de los principales impulsores del acuerdo en la Unión Europea”.
“El PP no solo es corresponsable de este acuerdo, sino que durante años reclamó que el Estado español liderara su firma y aprobación”, ha recordado Carme da Silva.