Unións Agrarias (UU.AA.) ha reclamado una reducción de las cargas administrativas en el arrendamiento de tierras vinculado a la Política Agrícola Común (PAC), ante “las crecientes limitaciones burocráticas” impuestas por el Ministerio de Agricultura.
En una nota remitida a los medios, el sindicato agrario detalla que ya ha trasladado a la Consellería do Medio Rural la inquietud de “muchos productores gallegos” por las dificultades que está generando el departamento estatal en la cesión de fincas entre particulares.
“Hasta ahora la obligatoriedad que fijaba el Real Decreto 1048/2022 de identificar con el NIF el arrendador en los contratos que afectaba a más de una hectárea, estaba cubierta por la existencia de un registro autonómico de parcelas que impedía el fraude en la percepción de ayudas de la PAC. Esta excepción fue derogada en noviembre de 2025 por el Real Decreto 1039/2025, de 19 de noviembre, en el que se modifica el Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo, que establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027”, explica.
La organización avisa de que esta nueva obligación “tendrá un impacto muy desfavorable en Galicia tanto por la distribución de la tierra, caracterizada por numerosos propietarios y complejas herencias sin regularizar y con herederos de familiares emigrados a América hace décadas, como por la desconfianza de los propietarios de que su NIF figure en una declaración de la PAC de los agricultores a los que ceden las parcelas en precario”.
Según sus previsiones, en la campaña actual “se reduzca” la superficie incluida en la solicitud única, ya que muchos productores evitarán arriesgarse a sanciones por no poder justificar adecuadamente el NIF del titular catastral de las fincas, “lo que supondrá pérdida de capacidad productiva de las explotaciones por reducción de su superficie forrajera o superficie de cultivo y, consecuentemente, la reducción de los ingresos de las explotaciones por pérdida de ayudas de la PAC”.
En conclusión, Unións Agrarias reprocha que esta condición añadida “va en contra de la simplificación administrativa anunciada e implicará un retraso en la campaña de presentación de solicitudes”.