El rendimiento máximo autorizado por hectárea en la Denominación de Origen Rías Baixas se sitúa en estos momentos en 12.000 kilos de uva. El pleno del Consello Regulador tiene previsto debatir la opción de rebajar ese tope en aquellas campañas en las que la cosecha sea especialmente abundante, una iniciativa que ha abierto una brecha entre viticultores y bodegas.
Unións Agrarias es una de las organizaciones que ha mostrado un rechazo frontal a cualquier recorte de rendimientos. El sindicato ha puesto en marcha una serie de reuniones informativas con viticultores para trasladarles su postura y tratar de articular un posicionamiento conjunto.
En una comparecencia ante la prensa este martes, el secretario xeral, Roberto García, y el representante de la organización en el pleno de la denominación de origen, Manuel Ángel Dopazo, advirtieron de que limitar la producción por hectárea implicaría un fuerte perjuicio económico para los viticultores.
Según Dopazo, la evolución del mercado no avala una medida de este tipo. “Las cifras de los últimos años muestran que Rías Baixas sigue creciendo en ventas”, afirmó. A su entender, ese escenario no respalda la idea de restringir el rendimiento permitido en los viñedos.
Desde el sindicato defienden la continuidad del sistema vigente, al considerar que ofrece suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación a las particularidades de cada vendimia. Alertan de que una rebaja del máximo de kilos por hectárea tendría un impacto directo sobre la rentabilidad de las explotaciones.
Roberto García subraya la complejidad del momento actual. El sector vitivinícola afronta nuevos retos, como la modificación de los hábitos de consumo, una mayor sensibilidad social respecto al alcohol y la conducción, así como incertidumbres en el comercio internacional derivadas de las políticas arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Pese a este contexto, la denominación mantiene una trayectoria favorable. En los últimos diez años, las ventas han aumentado un 16,5 %, hasta alcanzar los 26,7 millones de litros en 2025, con exportaciones que superaron los 8,6 millones de litros.
Como primer movimiento, Unións Agrarias remitirá un burofax al Consello Regulador para exigir que se aclare quién ha planteado la propuesta y que se haga público el informe técnico en el que se apoya.
La central sindical solicita igualmente acceso a la evaluación previa que, a su juicio, debería integrarse en el plan de crecimiento ordenado de la denominación. Además, como tercera actuación, reclamará de forma oficial que el asunto se retire del orden del día del próximo pleno.
En paralelo, se ha puesto en marcha un calendario de charlas informativas con los viticultores para detallar el contenido de la iniciativa. La primera sesión tuvo lugar ayer en Castrelo (Cambados). Según los organizadores, la propuesta suscita un rechazo unánime entre quienes se dedican a vender uva, aunque admiten que podría contar con el respaldo “de algún bodeguero disfrazado de productor”.
Apuntan también que el impacto de la medida no sería homogéneo en toda la Denominación de Origen, sino que se concentraría en la subzona del Salnés. En otras áreas, como O Rosal, O Condado o la zona del Ulla, los rendimientos por hectárea son menores, en torno a los 7.000 kilos, por lo que, según indican, no se enfrentan a la misma situación.
Por último, anuncian que pedirán a todos los concellos integrados en la denominación que lleven a sus plenos una declaración institucional de rechazo a la propuesta. Consideran que se trata de una iniciativa “descabellada, sin rigor económico ni técnico”, destinada a resolver un problema de stock que atribuyen a la “mala gestión” de un grupo reducido de bodegas.