La Alianza UPA-COAG ha reclamado este martes a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que, igual que sucedió el año pasado, no castigue con la retirada de la ayuda agroambiental a los agricultores que decidan no sembrar remolacha en la campaña 2026/2027, ante los bajos precios ofrecidos por las industrias “que hacen inviable la producción” y que “pueden dar al traste de las economías de las explotaciones familiares”.
“Una campaña más las circunstancias excepcionales con precios mundiales bajos del azúcar, convierten la siembra esta campaña en ruinosa para los remolacheros”, ha lamentado la Alianza, que pide a la Junta que permita que en esta campaña la falta de siembra de remolacha azucarera no suponga la resolución del contrato correspondiente.
La organización profesional agraria ha urgido a la Consejería a articular una salida en un momento en el que los productores deben decidir “en breve” si continúan o no con este cultivo.
La Alianza UPA-COAG ha subrayado que el contrato agroambiental plurianual de remolacha, denominado en Castilla y León 'Cultivos Agroindustriales Sostenibles', obliga a los agricultores adheridos a mantener la siembra de remolacha durante cinco campañas consecutivas.
Según explica la OPA, con la propuesta planteada los remolacheros quedarían exentos de cumplir esos compromisos en las campañas restantes, de manera que la no siembra en los años pendientes del contrato no suponga ningún tipo de incumplimiento para el agricultor.
Al mismo tiempo, la Alianza ha remarcado que la normativa prohíbe que los agricultores cobren del comprador un precio inferior a sus costes de producción y recalca que la oferta económica trasladada por las azucareras a los cultivadores “lo estaría incumpliendo”.
“Una campaña más, entendemos que debido a los bajos precios del azúcar mundial, vinculados directamente a lo que percibirá el remolachero de nuestra región, no puede obligarse al cultivador una campaña como ésta, ruinosa económicamente hablando, a cumplir el contrato con la Junta para cobrar la agroambiental”, reitera la organización.
UPA y COAG han vuelto a apelar a la Administración para que muestre “sensibilidad” hacia los remolacheros y para que ejerza “mano dura” frente a las empresas, “que percibiendo subvenciones públicas de la Administración regional después han dejado desamparados a los agricultores”.
“Sería incomprensible que a los productores se nos pida compromiso de permanencia y sin variar (salvo excepciones) los requisitos a cumplir, pero no se le reclame lo mismo a la industria”, concluye la Alianza, que señala directamente a Azucarera por aprovechar la coyuntura de precios para reducir lo que paga por la remolacha y por detener las molturaciones en determinados centros de la Comunidad, como ha sucedido en La Bañeza (León).