El secretario de UPA CyL, Aurelio González, ha señalado que unas 4.039 explotaciones lácteas de Castilla y León pudieron verse perjudicadas por el denominado cártel de la leche entre los años 2000 y 2013. Por ello ha instado a los ganaderos a presentar reclamaciones, al considerar que podrían percibir indemnizaciones de entre “7-8 céntimos por litro” vendido en ese periodo.
“Si se cumple lo que estamos pensando que se establecerá como daño un diez por ciento y el precio que se pagaba en este periodo osciló entre los 30 y los 35 céntimos, hablamos de tres céntimos más los intereses desde el año 2000 al 2013, que van a suponer otros cuatro o cinco céntimos, con lo cual nos metemos entre siete y ocho céntimos fijos por litro de leche entregado en aquel momento. Es un volumen importantísimo”, ha expuesto González en una rueda de prensa, en la que ha vuelto a animar a los afectados a dar el paso y denunciar.
Ha remarcado que los tribunales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya han confirmado ese “acuerdo ilegal” alcanzado entre ocho industrias lácteas y dos asociaciones para “fijar precios y condiciones y repartirse el mercado” desde 2000 hasta 2013.
Durante ese intervalo, en Castilla y León se pasó de cerca de 5.400 explotaciones de vacuno de leche a 1.419 en 2013, lo que supuso la desaparición de “4.039 ganaderos de vacuno de lecha” como consecuencia de esta “manipulación ilegal”, ha precisado el responsable de UPA.
Por este motivo, ha vuelto a apelar a los productores que realizaron “entrega de leche” a las industrias sancionadas y también a aquellos que, sin venderles directamente, se vieron “arrastrados” por los precios que imponían, para que presenten sus reclamaciones. Para ello, la organización celebrará jornadas informativas en distintas provincias con el fin de explicar en qué fase se encuentra el procedimiento. “Iremos a Segovia el día 11, Ávila el 13 y Palencia el día 10 y continuaremos en el resto de provincias animando a esos ganaderos, como digo casi 5.000 ganaderos, que tienen derecho a reclamar en Castilla y León una indemnización por aquel robo que hicieron las industrias en aquellos momentos”, ha indicado.
En la comparecencia ha intervenido también el vicesecretrio general de Uniones Agrarias UPA en Galicia, Félix Porto, quien ha apuntado que ya existen resoluciones administrativas de Competencia y resoluciones judiciales, con “cuatro sentencias favorables” del Tribunal Supremo y otras seis aún pendientes.
“Tan solo falta despejar la cuantificación del daño y unificar criterio en esta cuestión”, ha señalado, recordando que distintas Audiencias Provinciales han fijado ese perjuicio en horquillas que van “del dos por ciento de Madrid al diez por ciento de Toledo”.
Porto ha subrayado que su organización, la única que ha llevado este asunto hasta los tribunales, ha tramitado cerca de 6.000 denuncias, de las que 300 corresponden a Castilla y León, e insiste en que el objetivo es que más ganaderos se sumen a estas acciones. “Nuestra idea no es inundar los juzgados de demandas y de reclamaciones. Ya están bastante masificados. Nuestra idea es unificar presentar grupos de ganaderos que tengan más o menos un mismo perfil y empezar a presentar demandas de grupos”, ha concluido.