UPA ha instado a la Junta de Castilla y León a que aclare de forma inmediata si ha tramitado y resuelto los recursos presentados en su momento por los ganaderos de la Comunidad cuyas explotaciones se vieron afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).
“Nuestra organización recuerda que trascurridos más de dos años desde que los ganaderos de Castilla y León presentaron recurso al defectuoso pago del primer bloque de ayudas de la EHE, no se ha remitido una resolución al recurso presentado por los ganaderos, desconociendo estos si el mismo ha sido atendido y en qué medida”, señalan a través de un comunicado.
En este escenario, la organización considera que no se han resuelto todos los recursos, ya que la Junta únicamente ha realizado un abono complementario a 483 beneficiarios, “que no es el cien por cien de los casos”, dado que, según datos de la propia Administración autonómica, “se presentaron más de 600 recursos, y en este pago hay ganaderos afectados en sucesivas listas de ayudas”.
“Como no se ha emitido resolución del recurso presentado, lo único que tiene el ganadero es esa lista donde viene el importe percibido, el que debería haber recibido y por lo tanto el importe que ahora le reconocen”, añade la información.
El procedimiento elegido por la Junta, “lejos de aclarar el estado de la resolución y del recurso en sí”, lo que hace según la organización es “dificultar la labor de los propios ganaderos, que tienen que estudiar dicho recurso y comprobar si lo que en la resolución figura es consecuente”, puesto que, de no ser así, se verán obligados a presentar “un nuevo recurso en el plazo de un mes”.
UPA sostiene que esta actuación de la Administración autonómica “no es lo más adecuado” porque genera “incertidumbre e indefensión hacia los ganaderos”. Asimismo, subraya que los nuevos recursos vuelven a demorarse alrededor de dos años y medio en ser resueltos, “lo que significa que transcurrirán cerca de 5 años para cobrar lo que por derecho le corresponde a los ganaderos afectados”.
La organización califica esta dilación de “incomprensible y atenta al servicio público que una Administración debe prestar con diligencia”, y reitera su exigencia de reforzar la plantilla con “más personal administrativo y jurídico” para agilizar la tramitación y resolución de todos los recursos que agricultores y ganaderos presentan ante la Junta.