La organización UPA Castilla y León ha enviado una carta al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, instando a que se permitan las gestiones de liquidación de impuestos de arrendamientos rústicos directamente en las oficinas tributarias de las capitales provinciales.
“También hemos remitido otra comunicación a la consejera de Agricultura y Ganadería para que conozca de primera mano los problemas que están teniendo los agricultores y ganaderos en este sentido, para que personalmente traslade a su compañero la necesidad de resolver un problema que bajo punto de vista tiene fácil solución”, ha declarado la entidad mediante un comunicado.
UPA ha presentado las “numerosas quejas” de los profesionales del sector agrario ante la negativa de la Administración regional de procesar la liquidación del impuesto de arrendamientos rústicos (impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados) en las sedes tributarias centrales de las provincias.
La entidad argumenta que la justificación de la Administración para no gestionar el impuesto en estas oficinas es que “no son competentes” cuando la finca arrendada se encuentra en un municipio “no asignado a la oficina de la capital de provincia”.
UPA ha recordado al consejero que los agricultores y ganaderos “tienen ya suficiente carga administrativa” y que debería permitírseles realizar estos trámites en la capital durante sus visitas obligadas, en lugar de tener que desplazarse a otros municipios asignados para luego regresar a la capital a presentar la documentación pertinente. “El hecho de que no se nos permita a los agricultores y ganaderos, una vez que nos encontramos en la capital, a realizar dicha tramitación, y por lo tanto tengamos que desplazarnos al municipio donde se ubica la oficina asignada a tal fin, para luego tener que volver a la capital para la presentación de esa liquidación en la administración pertinente, a nuestro parecer es innecesario y resulta una complicación burocrática que sería muy fácil de resolver desde la Junta”, ha señalado UPA en su misiva.
Finalmente, la organización ha apelado al “sentido común” para mejorar la accesibilidad de los servicios a los profesionales y requerido que las oficinas en las capitales de provincia sean declaradas “competentes en todo su ámbito provincial”.