UPA-UCE Extremadura ha señalado que las actuaciones recogidas en la resolución difundida este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), por la que se decreta la emergencia cinegética temporal en la comunidad ante la amenaza de la peste porcina africana, son “claramente insuficientes”. La organización entiende que el alcance de lo aprobado no se ajusta a la magnitud del problema.
En este contexto, y ante la situación de descontrol de la cabaña de jabalíes en el territorio extremeño, así como el peligro que supone para la propagación de la peste porcina africana, la organización agraria subraya que “es necesario realizar un reajuste en la población de estos animales muy por encima de lo que se va a conseguir con estas medidas, que no representarán ningún avance significativo”.
UPA-UCE ha incidido en que, dentro del modelo de ganadería extensiva, el riesgo de transmisión de esta patología es “muy alto” debido al contacto con los jabalíes y que, además, este tipo de explotaciones afronta “muchos mayores problemas de erradicación que los sistemas intensivos”, lo que incrementa la preocupación del sector ante un posible foco de la enfermedad.
La organización ha recordado también que “por esto, en la reunión que mantuvimos la semana pasada con la consejera de Agricultura de la Junta reclamamos una actuación decidida y pública por encima del voluntarismo de los cazadores”, insistiendo en que la administración autonómica debe asumir un papel protagonista y no delegar la gestión del problema únicamente en el sector cinegético.
En consecuencia, UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la Consejería de Agricultura que haga efectivos los compromisos asumidos en dicho encuentro, en el que se acordó convocar de nuevo a las organizaciones agrarias para concretar las actuaciones que se definirían en el grupo de trabajo creado con tres departamentos de la Junta (Agricultura, Mundo Rural y Salud Pública).
Según ha explicado la organización, estas iniciativas deben orientarse a asegurar que la administración regional llevará a cabo un “control público efectivo” de la población de jabalíes en Extremadura, al margen de las acciones voluntarias que puedan desarrollar los cazadores, de forma que se garantice una respuesta coordinada y suficiente frente al riesgo sanitario que representa la peste porcina africana.