Vox someterá a debate y votación el próximo martes, 17 de febrero, en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que reclama tumbar el acuerdo comercial UE-Mercosur y frenar los recortes previstos en la futura Política Agraria Común (PAC), en un contexto marcado por las movilizaciones de agricultores y ganaderos contra ese pacto comercial.
El partido que lidera Santiago Abascal llevará a la Cámara Baja un texto articulado en 29 puntos que, en esencia, supone un rechazo frontal a la línea agraria seguida tanto por el Gobierno como por la Comisión Europea, a los que Vox acusa de impulsar un "fanatismo climático que no ha hecho más que criminalizar" al sector agrario mientras, a su juicio, se anteponen los intereses de países de fuera de la UE.
En los días previos al debate, alrededor de 8.000 agricultores y ganaderos procedentes de distintas provincias españolas se manifestaron en Madrid para mostrar su malestar por las decisiones adoptadas en el marco de la Comisión Europea y por la pérdida de rentabilidad que, denuncian, está abocando al cierre de numerosas explotaciones.
Rechazo al Pacto Verde y a los acuerdos comerciales
En este contexto, la formación reclama rechazar el acuerdo UE-Mercosur en todos aquellos aspectos que, a su juicio, dañen los intereses de los productores españoles, en especial del sector primario y del medio rural, así como el Pacto Verde Europeo y el acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea.
Vox plantea igualmente censurar el borrador de la futura PAC, en el que se contempla una reducción de fondos para destinar más recursos al gasto militar; y exige paralizar "con carácter urgente" las transferencias de dinero público español dirigidas a proyectos agroalimentarios en Marruecos y en cualquier otro país "2que le haga competencia desleal a España".
Entre las medidas incluidas en la iniciativa figura el refuerzo de los controles en frontera para garantizar que el 100% de los productos importados respeten las normas internas de la UE, la creación de estándares claros de etiquetado sobre el origen y procedencia de los alimentos y la exigencia, en el seno de las instituciones comunitarias, de vetar la entrada de productos agroalimentarios de terceros países tratados con fitosanitarios que están prohibidos en territorio europeo.
Asimismo, el partido insta a revisar y fortalecer el sistema español de seguros agrarios, asegurar una correcta aplicación de la ley de cadena alimentaria para proteger la rentabilidad de agricultores y ganaderos nacionales y aplazar más allá del 1 de enero de 2027 la implantación obligatoria del cuaderno de campo digital.