Manuel Rodríguez, director xeral de Defensa do Monte, ha desmentido que existiera ‘caos’ o ‘falta de coordinación’ en las acciones de la Xunta para controlar los incendios de este verano, destacando que sí se realizaron tareas preventivas a pesar de las críticas de BNG y PSdeG.
Durante la Comisión 7.ª de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, Rodríguez defendió el aumento de las subvenciones para prevención, que incluyen más que el simple desbroce, mencionando ‘Un presupuesto aprobado de casi 45 millones de euros desde 2014 a 2023’ destinados a esta área.
‘490 pueblos defendimos’, proclamó, refutando la acusación de la oposición de esconderse detrás de los técnicos y destacando la imposibilidad de actuar en algunas zonas ‘porque no se podía o no debíamos por las llamas’, con frentes de fuego que alcanzaron ’16 kilómetros de ancho’.
El director xeral subrayó el desafío de gestionar ’40 y 50 fuegos al día’ y reconoció que los incendios tienen causas múltiples, lo que requiere soluciones consensuadas. ‘No se habla de los que conseguimos salvar’, lamentó, insistiendo en que no hubo ‘falta de coordinación’.
FALTA DE PREVENCIÓN, PARA LA OPOSICIÓN
María del Carmen Rodríguez Dacosta, del PSdeG, argumentó que la Xunta no ejecutó ‘la mínima prevención’ y que ‘el fuego arrasó el territorio’. ‘No se puede decir que no hubiese avisos’, remarcó, refiriéndose a los incendios de 2017 y las recomendaciones de expertos.
Por su parte, Secundino Fernández del BNG criticó la gestión de recursos humanos durante periodos de ‘alto riesgo’ y señaló problemas en la atención de los incendios más grandes. ‘Solo valen para vender humo’, acusó, criticando la falta de limpieza y la tardanza en adjudicaciones necesarias.
‘Están tirando balones fuera’, replicó al gobierno autonómico, denunciando la deficiente gestión en la respuesta a los incendios.
OTROS ASUNTOS
En la misma comisión, Juan José Cerviño, director xeral de la PAC, habló sobre los desafíos financieros de la nueva PAC que podría ‘intensificar la diferencia entre territorios’ y reducir las ayudas al rural, mientras la Xunta busca minimizar impactos negativos en el proceso de negociación.