En este segunda entrega, (aquí se puede acceder a la primera) hago un repaso de los principales hitos normativos a nivel europeo y nacional y su afectación al sector agroalimentario en el ámbito medioambiental, no sin antes hacer una reflexión y análisis sobre el cambio de rumbo de la política europea tras las elecciones del año 2024 que se ha ido concretando a lo largo de 2025.
Las decisiones regulatorias son cada vez más decisivas para la configuración de los sectores y su competitividad, tal como se ha puesto de manifiesto en los informes de Draghi y de Letta y en el Diálogo estratégico para la agricultura.
En el arranque del nuevo ciclo político, la Comisión Europea ha reordenado sus prioridades: sin abandonar los objetivos climáticos, ahora se pone el foco en la competitividad, seguridad económica e implementación, con un énfasis explícito en la simplificación regulatoria, así como en la adaptación de los calendarios de aplicación. De hecho, una de las primeras propuestas normativas fue la flexibilización y el aplazamiento de la entrada en vigor del Reglamento de deforestación, cuya aprobación fue tramitada urgentemente con el consenso del Consejo y el Parlamento y que ha incorporado un nuevo aplazamiento en el mes de diciembre de 2025.
De igual manera la Comisión procedió con la revisión de las Directivas CSDDD y CSRD. Ambas habían puesto de manifiesto cómo es necesario contar, para decisiones de tan profundo calado, con un planteamiento muy práctico, ya que desde el punto de vista técnico, aunque algunas empresas sí habían conseguido adaptar sus procesos de información y “reporting”, la ambición regulatoria había incorporado algunas obligaciones cuyo cumplimiento era insalvable. Esta revisión se incluyó en el primero de los paquetes ómnibus. Contamos ya con diez paquetes de propuestas, algunos de las cuales afectan muy directamente al sector agroalimentario y que seguiremos analizando.
PPWR
El año 2025 se inaugura prácticamente con la publicación del Reglamento de envases y residuos de envases (PPWR) que tiene un gran impacto en todos los sectores, pero muy especialmente en el agroalimentario y de gran consumo, tanto comercialmente como en materia de logística, seguridad alimentaria, costes operativos, etc.
Si bien el PPWR tiene la gran ventaja de armonizar al máximo nivel la normativa europea, (lo cual es una garantía para los operadores en el mercado interior), no es menos cierto que deja abiertas muchas cuestiones que tienen que ser concretadas en muy numerosos actos de ejecución y con un amplio margen de decisión para los Estados.
Al cierre de año ya está abierto el proceso de consulta para los criterios a seguir en las restricciones del envasado de frutas y hortalizas, así como un proceso de evaluación de la Directiva de plásticos de un solo uso de 2019 y a la espera de que la Comisión vaya aclarando importantes dudas interpretativas.
En España, el Real Decreto de envases y residuos de envases aprobado en diciembre de 2022 había introducido ya unas obligaciones muy exigentes para los operadores de la cadena pero presentaba algunas discrepancias con PPWR que han llevado la decisión de revisar su contenido.
Este proceso normativo tendrá que acabar de concretarse en 2026, pero entretanto (y teniendo en cuenta el referente comunitario), se ha constituido por las entidades representativas de la distribución y de las bebidas afectadas con AECOC la asociación SDDR para diseñar el Sistema Depósito, Devolución y Retorno a que obliga la normativa. Aunque ya las empresas venían analizando las implicaciones de la compleja implantación del SDDR, este 2025 ha sido determinante.
También en diciembre la Comisión ha presentado su paquete Omnibus para simplificar la legislación medioambiental, que agiliza algunos aspectos burocráticos que afectan a operadores del sector agroalimentario.
Por último y para cerrar este balance medioambiental, cabe destacar que en 2025 se aprobó y publicó la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, y una modificación del reglamento marco de residuos que establece objetivos concretos de reducción.
Aunque la norma está vigente, las obligaciones para grandes empresas en materia de planes de prevención y acuerdos con entidades sociales entrarán en vigor a partir de abril de 2026. Todos los operadores de la cadena ya están concienciados desde hace muchos años en la reducción del desperdicio, pero el punto diferencial que introduce la Ley es el establecimiento de un régimen de supervisión y sanción administrativa que llevará a tener que introducir elementos de medición rigor aún mayores en todos los eslabones de la cadena.
De acuerdo con todo lo que ahora se ha visto, no se puede poner en duda que el año 2025 ha sido especialmente intenso en novedades normativas para el sector agroalimentario en materia de medio ambiente, pero también, como se ha anunciado, se abre la puerta a un 2026 igual de apasionante con los desarrollos previstos en materia de envases.
Especialmente esperaremos a la presentación la Comisión de la anunciada propuesta de Ley de economía circular, pero ya contamos desde diciembre con una comunicación un primer proyecto piloto de cara a la futura regulación, centrado en el sector de los plásticos.
Sin duda, los operadores del sector tendrán que seguir estas propuestas con detenimiento y tratar de identificar los aspectos críticos e influir para que la normativa siga propiciando la eficiencia y competitividad del sector.