Hace unas semanas se cumplía medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco en la cama. En cambio, resulta difícil elegir qué día se restableció la democracia después de ser segada por el golpe de estado contra el gobierno legítimo en 1936 y una larga dictadura militar. Quizá no sea cierto, y menos con la Historia, que el tiempo ponga las cosas en su lugar. La Historia la escriben los que vencen o como mucho los que sobreviven.
La monarquía ha movido ficha para subrogarse como palanca de cambio que permitió ir “de la ley a ley” de la mano de Fernández Miranda desposeyéndose de los plenos poderes franquistas para asumir una función representativa en una monarquía parlamentaria. Me ahorraré comentar las memorias, videos y hechos del corrupto emérito que viene a impugnar la verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo desde Abu Dabi.
En los partidos, y la sociedad en general, se ha roto la unanimidad sagrada del mito fundacional democrático: la Transición. Aun así, y por ser justos, la mejor fecha, con toda su complejidad, para situar el restablecimiento de la democracia es el referéndum de la Constitución Española. El 6 de diciembre de 1978 con una participación del 67’11% un 89% votaba a favor de la nueva Carta Magna.
Miente quien defiende que fue un proceso modélico gracias a la mirada de estado de las elites franquitas y de las fuerzas democráticas que tras 40 años podían salir de la clandestinidad, las penas de muerte, el exilio y la cárcel. Pero también quien confunde el pacto constituyente con el régimen del 78. Ser revisionista es fácil y seguramente aporta mayor grado de pureza. Pero, nuestros antepasados ideológicos tuvieron que luchar en las calles, fábricas y despachos cada artículo de la Constitución con el ruido de los tanques en la calle, el inmovilismo de quienes todavía eran señoritos del cortijo y con mayoría de las familias no politizadas que si es cierto que tenían ansias de libertad y cambio, también tenían el miedo a volver a la guerra, la dictadura y la censura.
Creo que debemos reivindicar que fuéramos el primer estado que fue más allá de reconocer el derecho a la vivienda
Lo fácil supongo que es escribir para contar que el artículo 47 de la Constitución se incumple sin consecuencias para las administraciones públicas. Eso lo sabemos. También que sería más fácil recurrir y sancionar el incumplimiento si el legislador hubiera ordenado el derecho a la vivienda entre los artículos 14 a 29 que son exigibles ante los tribunales incluso mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Pero, también creo que debemos reivindicar que fuéramos el primer estado que fue más allá de reconocer el derecho a la vivienda, y justo por conocer la realidad del sistema inmobiliario español, constitucionalizar la lucha contra la especulación “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. También, es importante recordar que previamente en el artículo 33 se delimita el derecho a la propiedad privada “a su función social” e incluso que se “podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social”. Aquellos que menosprecian la Constitución por ser continuista o una abdicación al régimen ¿Creen honestamente que hoy podríamos incluir dichas delimitaciones en una Constitución?
Pero también digo aquellos que se llenan la boca de constitucionalistas ¿Por qué todavía hoy no hemos legislado, como nos pedían los padres de la Constitución, la forma práctica en la que delimitamos la propiedad privada para respetar el interés general y su función social?
El pueblo nos exige salir de la zona de confort y buscar un consenso básico entre nosotros que sea al mismo tiempo algo tan revolucionario, conservador y reformista
De hecho, desgraciadamente, en el último pleno, propusimos una Proposición de Ley que delimitaba el derecho a la propiedad privada y su uso en el caso del derecho a la vivienda solamente para las personas físicas excluyendo la mercantilización de esta con la compraventa por parte de empresas, sociedades y fondos buitre, y las derechas y el PSOE tumbaron tan siquiera la posibilidad de debatirlo. Flaco favor a la constitución, pero sobre todo a la lucha por la vivienda digna para todas.
De hecho, como se articulaba en nuestra Proposición de Ley para terminar con la compra especulativa de vivienda por parte de personas jurídicas, la Constitución en su primer artículo (128) donde concibe el modelo económico del Estado destaca literalmente que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
De nuevo, los legisladores quisieron explícitamente limitar el derecho a la propiedad privada. Y, si todavía existe alguien que piense que la propiedad privada es un bien absoluto, en el 131 recalca la forma en la que “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”.
El pueblo nos exige salir de la zona de confort y buscar un consenso básico entre nosotros que sea al mismo tiempo algo tan revolucionario, conservador y reformista como cumplir 47 años después el derecho a la vivienda. De lo contrario no dudéis que antes que tarde añoraremos la actual Constitución porque el fascismo, como en tantos otros países de Europa y del mundo, nos habrá ganado ¿Lo intentamos?
SOBRE LA FIRMA:
Alberto Ibáñez es diputado de Compromís y portavoz adjunto del GP Plurinacional Sumar.