Más allá del ruido que parece que lo inunda todo y ensordece cualquier debate, cualquier iniciativa y cualquier avance en el Congreso, la realidad es que terminamos el año 2025 (la mitad de la legislatura) con 52 leyes y decretos aprobados y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Y para los que hablan de un Gobierno en minoría y un Parlamento paralizado, basta decir que, 27 de ellas, este mismo año.
Ya sé que podemos parecer muy pesados cuando repetimos los datos con los logros del Gobierno, que son también los del Congreso más diverso de los 50 años de democracia que hemos vivido, pero nos parece muy necesario insistir porque detrás de cada ley y de cada decreto hay un nuevo derecho, un nuevo avance, una nueva necesidad cubierta, una nueva ayuda para quienes necesitan de lo público para poder vivir con dignidad, en libertad y con las mismas oportunidades. Y no se nos puede olvidar que esas personas son la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas españolas.
Por eso, hablamos de 52 conquistas que hemos aprobado para hacer de España un país mejor. 52 conquistas que, como no podía ser de otra manera en una situación compleja como la que vivimos, tienen detrás mucho trabajo, mucho dialogo y negociación y mucho acuerdo, pero que, sobre todo, tienen por delante la búsqueda del interés general. Y ahí están los ejemplos:
Hemos aprobado decretos para ayudar a los afectados por la dana y por el volcán de La Palma; decretos para apoyar a Ucrania y paliar los efectos que en nuestro país tiene esa invasión de Putin; otros para subvencionar el transporte a la gente joven y pueda viajar con libertad; también para disponer de recursos suficientes para atender a los enfermos de ELA; o para embargar el comercio de armas a Israel; además de los que sirven para ampliar los permisos laborales por nacimiento y cuidados de familiares.
Y hemos aprobado las leyes que buscan la paridad en los centros donde está el poder real de nuestro país; y que impulsan las enseñanzas artísticas; y la que mejora las condiciones de bomberos y agentes forestales; y la que crea la Agencia de Salud Pública; la que regula y amplia derechos de los donantes vivos; y la que considera a la movilidad sostenible como un derecho de ciudadanía; y la que moderniza la justicia que tanta falta hace; y la Ley de atención a la clientela para garantizar nuestros derechos como consumidores…
Incluso hemos sido capaces de cambiar la Constitución y hacer desaparecer de sus páginas el término “minusválido” que denigraba a miles de personas en España y sustituirlo por el de discapacitado que era lo que todos los colectivos implicados nos pedían desde hace años.
Tenemos en cartera otras 50 leyes que iremos desarrollando en lo que queda de legislatura
A eso nos hemos dedicado los y las socialistas, no a insultar, no a polarizar de manera enfermiza. Nuestra razón de ser y de estar en política y en las instituciones sólo tiene una forma de materializarse: estando al servicio de la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida, sus derechos y su bienestar.
¿Que nos queda trabajo por hacer? Por supuesto, y mucho. ¿Que hay cuestiones que todavía nos quedan por resolver? Claro que sí. Pero nuestro empeño sigue intacto y nuestras ganas de ampliar derechos, conquistar nuevos y seguir avanzando como sociedad, también. Para ello, tenemos en cartera otras 50 leyes que iremos desarrollando en lo que queda de legislatura, algunas, como la Ley de Economía Social (está en estos momentos en el Senado), serán pronto una realidad. Y lo vamos a hacer como lo hemos hecho hasta ahora, buscando el entendimiento y el acuerdo entre distintos, y creo que esa capacidad para llegar a acuerdos está fuera de toda duda.
Pero todos estos avances para la ciudadanía han contado con el perpetuo voto en contra del principal partido de la oposición. Ya lo dijo Feijoo en la tribuna del Congreso: “no cuenten con nosotros para esto, ni para nada”. Y así es: nadie puede contar con ellos: ni los pensionistas, ni los trabajadores, ni los estudiantes, ni las mujeres. Nadie.
En breve, vamos a votar en el Congreso el nuevo escudo social que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, y que incluye, entre otras cuestiones, el aumento de las pensiones mínimas entre un 7% y un 11,4%; el aumento del ingreso mínimo vital un 11,4%; la prórroga del bono social eléctrico y de la garantía de suministro de agua y energía; la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional; los incentivos fiscales a vehículos eléctricos; la exención del IRPF de indemnizaciones por daños personales en incendios forestales; o la actualización de entregas a cuenta a CC.AA. y entidades locales.
Un decreto de contenido absolutamente social e imprescindible para millones de personas en nuestro país. Y la pregunta de nuevo es: ¿qué va a hacer el Partido Popular? Es pura curiosidad, porque ni están, ni se les espera.
Mientras tanto, nosotros continuaremos con nuestra obligación democrática, que es hacer lo que quieren que hagamos millones de ciudadanos y ciudadanas de este país que no quieren volver atrás, que quieren seguir avanzando en derechos y libertades y que quieren progresar sin que ningún privilegiado les impida hacerlo. Y este va a seguir siendo nuestro empeño para un 2026 que, con sus complejidades, seguro que traerá buenas noticias para la ciudadanía en forma de nuevas iniciativas y nuevas conquistas ciudadanas aprobadas en el Congreso de los Diputados.
¡Felices fiestas!
SOBRE LA FIRMA: Patxi López es diputado por Bizcaya, expresidente del Congreso y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.