Hoy por hoy ser Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera no son considerados legamente este país como profesión de riesgo. Aunque es evidente que en el desempeño de nuestras funciones, y me permito hablar en nombre de los tres colectivos, existe una exposición permanente a situaciones de peligro.
Vivimos en una sociedad en constante evolución, al igual que las amenazas a las que se enfrentan estos colectivos, el incremento de la violencia, el crimen organizado, los disturbios civiles… abren en muchísimas ocasiones los telediarios. Es necesario no abandonar a la primera línea de respuesta social. Reconocer de una vez por todas la peligrosidad de estas profesiones.
La plasmación legal de la naturaleza peligrosa de la profesión policial, se ha convertido en algo tan esencial como urgente, desde dos puntos de vista. Aparte de una valoración social a su labor, en segundo término y desde un punto de vista jurídico, contribuye a la mejora de las condiciones de seguridad de quienes se dedican a esta profesión. Todo ello conllevaría que se beneficien del coeficiente reductor en la edad de jubilación por la peligrosidad real de su profesión.
La propia Asamblea del Consejo de Europa, reconoce de forma expresa esta peligrosidad al establecer en el segundo párrafo de su exposición introductoria; “la policía juega un papel esencial en todos los Estados miembros, que ella es frecuentemente llamada a intervenir en condiciones peligrosas para sus agentes”.
Es necesario no abandonar a la primera línea de respuesta social
Nuestra labor es esencial dentro de unas condiciones de trabajo son peligrosas, es una evidencia de sentido común y de justicia reconocerlo. El delito de atentado, las agresiones a policías nacionales y guardias civiles supera a día de hoy los 17.000 ataques anuales.
Según publicó Europa Press, los policías y guardias civiles sufrieron una media de 1.400 atentados al mes hasta agosto de 2023, tras los años anteriores con incrementos superiores al 8 % de las infracciones penales de atentado a agentes de la autoridad. En concreto en 2020 se contabilizaron 13.671 agresiones, por 15.360 en 2021 y 16.651 en 2022.
Son datos que figuran en una respuesta parlamentaria por escrito con fecha de 10 de noviembre, en la que el Gobierno desglosó por provincias las 11.311 agresiones que han sufrido los agentes de Policía y Guardia civil entre enero y agosto de 2023. Una auténtica barbaridad, por encima de la media del resto de policías autonómicas y locales con cifras inferiores.
Añadir también la existencia de otros riesgos de carácter psicosocial que refieren factores relacionados con el trabajo y las condiciones que pueden afectar a la salud emocional y mental de una persona.
- Estrés crónico por la naturaleza del trabajo, situaciones de alta tensión psicológica en escenarios de vida o muerte, que exigen decisiones inmediatas.
- Exposición a situaciones traumáticas. Escenas de violencia, muerte abusos y desastres, sitúan a los agentes en posición de vulnerabilidad, ante el desarrollo de trastorno por estrés postraumático.
- Falta de apoyo emocional y estigma. Los policías adoptan la respuesta de resistencia emocional ante el señalamiento y falta de apoyo sociopolítico. Sentimientos de soledad y desconexión emocional. Sería conveniente profundizar en este punto, lamentablemente no es el objetivo de este escrito.
- Desequilibrio entre la vida personal y profesional. Imprevisibilidad de las operaciones policiales, en infinidad de unidades no existe horario laboral, las opciones de servicio por turnos son codiciadas por los agentes. Solo una tercera parte tienen un horario “normal” o delimitado, y en ocasiones eso conlleva renuncia a traslados, ascensos…
- El impacto de la violencia y los efectos de las agresiones por la propia naturaleza de este trabajo en cada uno de los agentes, ni está estudiado ni auditado, pero es innegable su influencia en los servidores públicos.
- Algo propio, peculiar y característico de la Policía nacional y Guardia Civil es el estrés emocional. Vivimos fuera de nuestro arraigo familiar, desplazados. En cada destino solemos “cruzar” España. Muy diferente a la situación del resto de agentes de seguridad, tanto locales como autonómicos.
Todo ello hace que, por ejemplo, los suicidios en los integrantes de la Policía Nacional supere con creces la media nacional por colectivos. Estamos hablando de 15 agentes fallecidos por esta causa en 2021, nueve en 2023, seis en 2023 y diez en 2024.
Lo curioso, lo más llamativo, es que otras profesiones “similares” ya reconocidas con el carácter de riesgo (bomberos, profesionales de la salud, trabajadores sociales…) comparten muchas de las condiciones expuestas de la Policía Nacional (homologables a la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera), sin embargo en las Fuerzas de Seguridad aparece el factor añadido de la singularidad impredecible del peligro al que se enfrentan, que afecta sobremanera en la situación mental de quien la desarrolla.
La plasmación legal de la naturaleza peligrosa de la profesión policial, se ha convertido en algo tan esencial como urgente
Lo más sangrante de la coyuntura actual ante la falta de reconocimiento de la Policía Nacional y Guardia Civil (incluyendo a Vigilancia Aduanera) como profesiones de riesgo, es la comparativa en relación a otras fuerzas de seguridad que ya tienen reconocida tal condición desde hace muchos años:
- Policías Locales, mediante Real Decreto 449/2018 de 14 de diciembre.
- El Cuerpo de Mossos d´Escuadra, mediante Disposición Adicional Vigésima bis. Introducida por el apartado cuarto de la Disposición Final Vigésima-octava de la ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
- Policía Foral de Navarra, reconocidos como profesionales de riesgo mediante la Disposición Adicional Vigésima ter introducida por el apartado de la Disposición Final Vigésima-octava de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
- Cuerpo de la Ertzaintza, reconocidos como profesionales de riesgo mediante la Disposición Adicional Vigésima de la Ley General de Seguridad Social.
La excusa de la segunda actividad no puede suponer la negativa a un derecho que tiene todos los agentes de seguridad excepto la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.
Estamos reclamando igualdad un Derecho Fundamental ninguneado. Es un tema de derechos, de dignidad, de subsanar una injusticia que permanece en el tiempo, sin motivación aparente.
Esto nos lleva a la siguiente reflexión en forma de pregunta: ¿la falta de reconocimiento de la Policía Nacional, Guardia Civil y Agentes de Aduanas como profesión de riesgo se debe a motivos políticos?, ¿es necesaria una determinada situación política para reconocer tal condición?… ni tengo respuesta, ni deseo responder a estas preguntas. Traigo a colación esa falta de apoyo institucional y estigma referidos, que conlleva al desprecio o falta de interés político hacía unos esenciales servidores de la ley.
Desconozco las motivaciones, solo trato de llamar la atención y hacer hincapié en lo injusto y lamentable de esta situación. En este momento existe una oportunidad única para acabar con esta injusticia. De la mano de U.G.T hemos celebrado reuniones con los partidos políticos con más representación en el Congreso… sus representantes han comprometido su palabra para dar el paso y acabar con esta sinrazón. Después de nuestro trabajo aparece la esperanza. Confiados estamos.
SOBRE LA FIRMA:
Serafín Giraldo Pérez es Secretario General del sindicato policial U.F.P (Unión Federal de Policía)