La corrupción no es un accidente ocasional ni unos titulares escandalosos. Es una avería del sistema que, cuando se instala, transforma el funcionamiento de las instituciones. Distorsiona decisiones, encarece obras, sesga prioridades. Cada contrato amañado no solo desperdicia dinero: también manda un mensaje de que los atajos salen a cuenta y que el esfuerzo de quien cumple no merece la pena. Ejemplos como la trama Gürtel, la operación Lezo o los papeles de Bárcenas (con el Partido Popular condenado como partícipe a título lucrativo) ilustran cómo estas prácticas pueden llegar a convertirse en un modo de gobierno, debilitando la confianza ciudadana y desfigurando la política democrática. Por eso el problema es institucional antes que moral. Si el diseño permite que la trampa sea rentable, la trampa se multiplica.
El segundo daño se nota en la calle: el descrédito. Cuando la gente percibe que lo normal no es competir en igualdad, sino conocer al intermediario adecuado o aprovecharse de las situaciones de poder, la confianza se evapora. Y sin confianza no hay colaboración, ni paciencia con los tiempos públicos, ni voluntad de sostener lo que es de todos. La desconfianza no nace sólo de los casos; nace de la sensación de que nada cambia después de los casos. Por eso, más que castigos ejemplares en la portada del día, hace falta construir una arquitectura de integridad que funcione todos los días, también cuando no hay focos.
A pesar de ello, este martes en el Congreso las tres derechas han dejado clara su poca preocupación por la corrupción. El PP, partido condenado por este delito y protagonista de incontables casos, llegó el pasado mes de agosto a exigir la comparecencia de Fèlix Bolaños para explicar las recomendaciones del GRECO. Esas mismas que han votado en contra. En Vox se vanaglorian de tumbar una medida que busca, según dicen, “blanquear la imagen” de Sumar. Ellos, los de los préstamos de Orbán de 8 millones de euros. Y Junts, herederos del 3% de Convergencia, aseguran que es «una ocurrencia de última hora partidista».
Cuando la gente percibe que lo normal no es competir en igualdad, sino conocer al intermediario adecuado o aprovecharse de las situaciones de poder, la confianza se evapora
No nos sorprende esta postura de la derecha de nuestro país, viendo su trayectoria judicial y corrupta. Sin embargo, no se representan a sí mismos, sino a millones de ciudadanos que no entienden su decisión. Meses y años ondeando la supuesta bandera de la lucha contra la corrupción y a la hora de la verdad, nada. «Luchar contra la corrupción, sí, pero no así», dicen. «Hacer política, sí, pero no en contra de los ciudadanos», les decimos nosotras.
Pero volvamos a la cuestión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arquitectura de integridad? De reglas y hábitos que cambian incentivos. De prevención, datos y rendición de cuentas. De que la integridad no dependa del carácter de una persona concreta, sino de un procedimiento que te obliga a hacerlo bien porque hacerlo mal sale caro y, además, deja rastro. La corrupción se combate antes de que aparezca en un sumario, no después. Ese es el giro que Sumar ha llevado al Congreso esta semana: pasar del sobresalto a la prevención.
Hay medidas que, sin hacer ruido, modifican el terreno de juego. La primera es poner la prevención en el centro: exigir a cada organismo un mapa vivo de riesgos y un plan claro para evitarlos. Eso significa nombrar responsables, fijar indicadores, evaluar y corregir. No es burocracia: es profesionalizar la gestión para que los huecos por donde se cuelan el clientelismo y la corrupción se vayan cerrando.
La segunda palanca es trabajar con datos y alertas tempranas. La tecnología permite cruzar información de contratos, subvenciones y registros para detectar patrones extraños como pliegos que siempre ganan las mismas empresas, ofertas sospechosamente cercanas al máximo permitido, tiempos imposibles o adjudicaciones encadenadas. Si el sistema avisa a tiempo, la irregularidad no se consuma y el daño se evita. Lo contrario es esperar a la denuncia, al escándalo y al coste ya hecho.
La protección de quien avisa es una tercera medida fundamental. Sin garantías, el mensaje interno es “mejor mirar a otro lado”. Con protección real de la identidad, canales seguros y reglas claras, la señal se invierte: informar de una irregularidad es cumplir con tu trabajo, no poner en riesgo tu futuro. Esto, que puede sonar menor, es decisivo: buena parte de las malas prácticas se detectan dentro antes que fuera, y ahí es donde hay que dar seguridad.
Otro aspecto fundamental es la ejemplaridad arriba y reglas para todos. La integridad debe seguir al dinero público allí donde vaya. No basta con mirarse el ombligo institucional: hay que exigir obligaciones a concesionarias, contratistas y perceptores de subvenciones, como son partidos, sindicatos u organizaciones y empresas que reciban fondos públicos. Si hay relación económica con lo público, hay también deberes de integridad.
Informar de una irregularidad es cumplir con tu trabajo, no poner en riesgo tu futuro
En este contexto, Sumar ha puesto sobre la mesa un compromiso claro que el Gobierno puede y debe activar: que la integridad se convierta en rutina institucional. Que cada organismo del Estado tenga su sistema de prevención funcionando; que las alertas no sean un powerpoint, sino una herramienta viva; que quien denuncie esté protegido; que los altos cargos tengan normas claras y ayuda para cumplirlas; que se rinda cuentas con regularidad. No es épica: es oficio. Y es exactamente lo que necesita un país cansado de alternar entre la indignación y el olvido.
Y ahora sí, la pieza final: una Oficina de prevención de la corrupción que coordine, evalúe y, cuando haga falta, investigue; que proteja a los informantes, estandarice buenas prácticas y rinda cuentas ante las instituciones correspondientes. No como fetiche ni como excusa para más titulares, sino como motor silencioso de esa arquitectura. Si las instituciones hacen su parte y el Gobierno pone medios, medidas y plazos, la corrupción dejará de ser rentable y la confianza volverá gracias a un camino de las reglas claras y al trabajo bien hecho. Esa es la promesa que vale: menos ruido, más garantías.
SOBRE LA FIRMA:
Lander Martínez Hierro es diputado de Sumar por Vizcaya y portavoz de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo