En el reciente retiro de los líderes europeos en el castillo belga de Alden Biesen volvió a emerger uno de los principales debates de la UE tras la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Para calmar los ánimos, Von der Leyen anunció la elaboración de un informe sobre el funcionamiento del mercado eléctrico comunitario y la revisión del ETS, que presentará el próximo 8 de marzo. Se trata de dos elementos fundamentales de la regulación energética europea, por lo que cualquier cambio de calado en una de ellas afecta a la otra y un cambio brusco en ambas podría generar impactos imprevisibles.
Un anuncio esperable
Si bien el anuncio de una revisión del funcionamiento del mercado eléctrico puede tomar a algunos por sorpresa, el Reglamento (UE) 2024/1747 ya obligaba a la Comisión a evaluar su funcionamiento a corto plazo y presentar, antes del 30 de junio de 2026, una nueva propuesta legislativa de reforma si fuera necesario tras un análisis en profundidad.
Es cierto, sin embargo, que esto ha coincidido con una urgencia política, que se mantiene en el tiempo, pero que afecta de manera desigual a los estados miembros: el contexto internacional presiona y los líderes europeos buscan soluciones ante precios energéticos altos y desiguales que tensionan industrias y aumentan la brecha de costes frente a terceros países, mermando la competitividad.
Cabe recordar que durante la crisis energética de 2022 ya se cuestionó el orden de mérito y la fijación del precio marginalista de la electricidad. La crítica era, y es, válida, pero no resulta sencillo encontrar alternativas fiables. Además, la heterogeneidad energética europea complica las reformas: España y Portugal, con renovables al 50% y bajo peso del gas, probablemente necesitarían un suelo de precios para estabilizar ingresos de capacidad limpia mientras no dispongan de una mayor flexibilidad y almacenamiento; mientras que países con mayor dependencia fósil en su mix eléctrico preferirían límites inferiores a los 180 €/MWh fijados en la Directiva del mercado eléctrico (artículo 66a) como umbral para activar mecanismos de contención de crisis de precios para proteger hogares y pymes.
En cualquier caso, la solución no pasa por fijar precios arriba o abajo, sino por establecer el marco regulatorio necesario para canalizar las señales de precio hacia nuevas inversiones en energías limpias y autóctonas, redes, almacenamiento y flexibilidad que nos permitan avanzar hacia un sistema energético descarbonizado y asequible.
Reducir el debate a las reglas del mercado eléctrico supondría ignorar la verdadera raíz del problema: la estructura de demanda y el peso de los combustibles fósiles en el mix eléctrico de los estados miembros con precios más elevados.
Países como Italia, con una alta dependencia del gas fósil, y Alemania, que ha tenido que sustituir el gas barato ruso por otras opciones más caras como el gas licuado de los Estados Unidos, son los que parecen reclamar urgentemente una reforma pues se ven lastrados, precisamente, por su enganche al gas lo cual tiene consecuencias directas en las facturas de la electricidad. Y a escala europea, esta dependencia de los combustibles fósiles nos ancla en la vulnerabilidad energética.
Con todo, cabe recordar que en las negociaciones de la reforma del mercado eléctrico países como Alemania o los grupos políticos del EPP y ECR, en los que se incluyen los partidos de Merz y Meloni, se opusieron frontalmente a cualquier modificación de los mercados a corto plazo. Curiosamente, hoy piden lo que hace apenas 2 años rechazaban. Miopía ideológica.
La reforma del ETS
Además, algunos estados buscan ahora utilizar la prevista revisión del sistema de comercio de emisiones (ETS) para degradarlo. Se trata del principal instrumento de la UE para reducir emisiones mediante un precio al carbono.
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El principio del ETS ‘quien emite CO2 paga’ promueve la descarbonización y la innovación en Europa acelerando la reducción de nuestra dependencia fósil. Cuestionar simultáneamente el ETS y el mercado eléctrico a corto plazo es una verdadera temeridad: supone cambiar las reglas del juego a mitad del partido, perjudicando innovaciones e inversiones.
También es una decisión corta de miras: reduciría parcialmente los precios hoy, pero frenaría gravemente las inversiones en tecnologías limpias, la electrificación y el abandono tecnológico progresivo de los caros hidrocarburos que importamos y que son la verdadera causa de los altos precios de la electricidad en la UE.
Es lo contrario de lo que debemos hacer: en vez de acelerar inversiones para lograr cuanto antes un sistema sostenible, autónomo y europeo, maquillamos el problema hoy, sacrificando la competitividad, independencia y seguridad energética de mañana.
Centros de datos
Harían bien la Comisión Europea y los diferentes estados miembros en atender cuanto antes el vertiginoso despliegue de centros de datos y sus efectos en el sistema energético. Su consumo, que rivaliza con el de ciudades enteras, presionará el sistema eléctrico en los próximos años, contaminando también las facturas de los consumidores, como ya ha ocurrido en Estados Unidos.
Europa debe establecer condiciones para que la construcción de nuevos centros de datos venga acompañada de inversiones en energía renovable y redes. Sin una gestión adecuada, la gran demanda que generan podría canibalizar la producción renovable existente, forzando más generación fósil y agravando nuestra dependencia estructural del gas.
Además, sin un ajuste reglamentario este despliegue tensionará los precios del carbono en el ETS, revelando, como el canario en la mina, que nuestro problema de raíz se agrava en vez de resolverse. Cualquier cambio en el ETS debe tener en cuenta al nuevo vecino inesperado de la transición energética que representan el despliegue de los centros de datos y el desarrollo de la IA.
Avanzar en la descarbonización es apostar por la competitividad y la independencia de Europa
Sin una regulación adecuada, Europa corre el riesgo de "gasificar" su avance en la digitalización, lo cual generaría un círculo vicioso de mayores dependencias: cuanto mayor desarrollo de infraestructuras para la IA, dominadas por gigantes digitales norteamericanos, mayor demanda de gas, que en buena medida proviene de la industria fósil de ese mismo país. No parece inteligente para Europa en términos estratégicos aceptar sin más esta posibilidad.
Más allá de revisiones legislativas, la cuestión fundamental es otra: ¿queremos liderar la economía industrial y digital del futuro con energía propia, asequible y segura, o quedar atrapados en el chantaje energético de los hidrocarburos caros, redes saturadas y decisiones cortoplacistas? Esa es la elección política que Europa debe tomar.
Si tenemos claro el fin último, simplemente hay que adaptar coherentemente los medios: avanzar en la descarbonización es apostar por la competitividad y la independencia de Europa. En definitiva, por el futuro de Europa.
SOBRE LA FIRMA:
Nicolás González Casares es diputado del Parlamento Europeo por el PSOE y miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D).