Estos días, entre el ruido y la desinformación, hay algunos aniversarios legislativos que pasan prácticamente desapercibidos, pero que, desde mi punto de vista, son de los que nos hacen mejores como país y, sobre todo, de los que salvan vidas y proyectan esperanza.
Se cumplen dos años de la aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que, tras mucho tiempo de negociaciones, se aprobó en el Congreso con la práctica totalidad de los votos a favor, a excepción de la ultraderecha de VOX.
Fue un trabajo parlamentario de esos que cuestan. Que no se ve, pero que cuesta. Casi tres años de trabajo incansable para articular acuerdos en torno a una ley sólida que guiara un proceso de reforma en profundidad de la cooperación y la ayuda humanitaria española.
Trabajo, participación y voluntad política.
Mucho diálogo, negociación y participación de agentes políticos, sociedad civil, academia, sindicatos y sector privado. Después de 22 años de la última Ley de Cooperación Internacional, el reto era grande. Había que incorporar acentos y matices. Enfoques e instrumentos de vanguardia. Y, honestamente, creo que lo conseguimos.
“Esta Ley debía salir de esos parámetros y conseguir ser el altavoz de las personas que ya tienen voz, pero a las que no queremos escuchar.”
Conseguimos, con el impulso incuestionable del grupo parlamentario socialista, poner el foco en una política pública que la mayoría de las veces está fuera de foco.
Interesa más el barro.
Pero esta Ley debía salir de esos parámetros y conseguir ser el altavoz de las personas que ya tienen voz, pero a las que no queremos escuchar. Debía significar mirar desde lo local a lo global y no esquivar la mirada. Debía elegir la respuesta que, como país, tenemos y queremos tener ante los sufrimientos compartidos, con una cooperación realmente transformadora y una Ayuda Humanitaria renovada.
Y los votos en las Cortes Generales fueron difíciles de conseguir, porque a veces a algunos grupos políticos las inercias de sus socios, los intereses electorales del momento y sus prácticas en gobiernos regionales o municipales los delatan y les provocan un sentido del voto distinto a lo que pregonan en sus discursos, y, a veces, ni eso. Pero se consiguió.
Se consiguió eso y mucho más. La Ley consiguió enfocar la cooperación española en una cooperación feminista, que trabaja con y para las niñas, adolescentes y mujeres. Que mira el cambio climático de frente y se basa en una ideología tan revolucionaria como los derechos humanos y la Agenda 2030.
Una cooperación española y una ayuda humanitaria que cree y trabaja en la salud global, en la infancia, en la defensa de defensoras de Derechos Humanos, en la salud sexual y reproductiva o en una gobernanza democrática. Y consiguió el compromiso financiero de un Estado para estar a la altura de los valores tradicionales españoles de solidaridad, empatía y ayuda al que lo necesita. Esa marca España que tanto nos gusta.
Y esta Ley, que para muchas y muchos pasó, y aún pasa, desapercibida, tiene impacto en millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.
La pandemia del COVID-19 revirtió décadas de progreso y tenemos una grave crisis global de seguridad alimentaria, al mismo tiempo que más de 50 conflictos activos en el mundo. Y lo peor, un contexto de recursos humanitarios y al desarrollo en clara recesión. Un desmantelamiento deliberado de la arquitectura de la ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo en USA y también en algunos países de la Unión Europea, pero que en España, afortunadamente, el Gobierno decidió recuperar desde el primer momento y que, a día de hoy, está en 4.000 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo (AECID).
Nuestra Ley nos está ayudando a tejer una cooperación más coordinada, multinivel y multiactor. Nos ayuda a mirar el contexto internacional tan complejo con una Agencia Española de Cooperación al más alto nivel y una carrera profesional mixta a las personas que se dedican a la cooperación, y, a la vez, reconocer la singularidad y el valor añadido de la cooperación autonómica, foral y local. Esa cooperación descentralizada que salvó la cara a España en Ayuda Oficial al Desarrollo frente a los recortes de la derecha durante casi una década.
Esta Ley ha significado también una cooperación multilateral, coordinada y estratégica. Ha puesto en el centro a las personas vulnerables en el exterior y algo esencial: ha afrontado el reto de la narrativa. Nos ha dado argumentos y recursos para no tolerar que, en pleno siglo XXI, se niegue la vulnerabilidad, la desigualdad o la falta de oportunidades. Para no tolerar discursos insolidarios y excluyentes basados en populismos. Para que “lo mío… first” no se consolide y el combate se pueda dar a través de una coherente Educación para la Transformación Social.
El desarrollo reglamentario que lleva la ley está siendo muy bien valorado por la gran mayoría de los actores de la Cooperación: Estatuto de las personas cooperantes, Reforma de la Agencia Española de cooperación, Plan Director que prioriza sectores y regiones geográficas, Real Decreto de Subvenciones, Conferencias Sectoriales y una Comisión Interministerial.
Por supuesto aun quedan retos pendientes: el gran desafío de la cooperación financiera, conseguir más eficacia con los mismos recursos, coordinar un sistema aun fragmentado, desburocratizar aun más, financiación al desarrollo en Europa o mantener la conexión con la sociedad.
Vamos caminando. Con convicción y coherencia.
La Ley nos dio el soporte revolucionario que supone el BOE así que lo primordial es proteger lo logrado con discursos y con hechos y como decía el gran Mújica que “no nos pueda la soberbia de los países ricos”.
SOBRE LA FIRMA:
María Guijarro. Portavoz de Cooperación y Ayuda Humanitaria del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Diputada por el PSE-EE Bizkaia