El precio de la vivienda rompe los máximos históricos de la burbuja inmobiliaria. Existe unanimidad en qué, sin duda alguna, este es el principal problema de los españoles y lo que decidirá sobre la continuidad del actual gobierno de coalición. Con el permiso de los golpes blandos en los juzgados y platos de televisión.
Ante un escenario de tal gravedad, una emergencia social que engulle cualquier avance social como la mejora del SMI o la revalorización de las pensiones, obliga a que sea la prioridad legislativa.
Le dimos muchas vueltas, pues no existe ni varita mágica ni mucho menos ninguna medida que sola resuelva con la urgencia garantizar el derecho constitucional a la vivienda, para decidir cual debía ser el enfoque de nuestra proposición de ley. Por otro lado, durante meses venimos pidiendo al conjunto de administraciones públicas la compra masiva de vivienda ya construida para incrementar notablemente el parque público de vivienda vía tanteo y retracto. Dinero hay, reducimos la deuda pública más que Alemania y los Ayuntamientos continúan capados por la arquitectura de austeridad que ya es más de Montero que de Montoro, falta voluntad y capacidad de gestión.
También, observamos como el trabajo de la ponencia para incluir el alquiler de temporada y de habitaciones en el control de precios llegaba por fin a su última fase para evitar el fraude de ley en las zonas tensionadas todavía pocas ante el boicot explícito y sectario del PP de Mazón-Ayuso-Moreno Bonilla. El siguiente paso debe ser apostar por el alquiler indefinido.
Así que, con la propuesta de más parque público y la de alquileres baratos e indefinidos por ley, la pata imprescindible para terminar con la especulación y la acaparación de vivienda en pocas manos es prohibir directamente la compra especulativa de vivienda. Sin duda, nuestra posición ideológica, más en este momento, seria prohibir directamente la compra de cualquier vivienda que no sea para vivir de forma habitual. Una medida ajustada a derecho pero que no dispondría ni de hegemonía gramsciana, supondría una campaña bestial que se resumiría con el miedo a que te quiten el apartamento en la playa o la casita del campo, ni tampoco dispone de mayoría parlamentaria.
Compromís siempre hemos sostenido que ante quien prescinde de la ideología para poder hacer política no se puede responder con el inmovilismo puro de no hacer política por ideología. Y que el arte del parlamentarismo está en conjugar las raíces ideológicas con la practicidad política que asume el contexto y la fuerza de cada uno.
Por ello decidimos muy concienzudamente optar por una propuesta valiente, con raíces ideológicas robustas, pero posible parlamentariamente como es prohibir la compra de vivienda solamente a sociedades, empresas y fondos buitre. Una propuesta clave en la tarea de desmercantilizar el derecho a la vivienda y en romper la escalada de acaparar muchas viviendas en unas pocas manos.
¿Si la vivienda es un derecho que hacen empresas siendo sus propietarias? Particularmente, des del estallido de la burbuja de 2009, la compra por parte de personas jurídicas se ha duplicado al dejar de ser la vivienda un derecho, pero también un bien de mercado y convertirse directamente en un activo financiero con el que especular con beneficios muy por encima de la bolsa o las letras del tesoro.
¿Vamos a dejar que hagan negocio con nuestros hogares?
Una proposición de ley que respeta las competencias autonómicas, la Constitución y ajustada al derecho europeo que busca garantizar el derecho a la vivienda a la mayoría social del 99% ante un oligopolio cada vez más estrecho de fondos, aseguradoras y bancos privados que juegan al monopoly con nuestros barrios con la compra de edificios enteros, acaparan viviendas como nunca, el 44% de las compras en 2024 se realizaron por multipropietarios de más de 8 viviendas. Una realidad que se endurece mucho más en el País Valencià donde 7 de cada 10 casas ya se compran a “tocateja” y en el caso particular d’Alacant el 35% (en España un 8%) de las compras las realizan población no residente.
El martes afrontamos el primer trámite para aprobar una ley que busca garantizar derechos, proteger nuestros barrios y apostar por una economía productiva. La proposición de ley es muy clara y concisa; en un país donde es imposible emanciparse, donde hay mujeres que siguen con sus maltratadores por no poder alquilar otro piso, donde hay personas mayores compartiendo piso en contra de su voluntad a los sesenta años ¿vamos a dejar que hagan negocio con nuestros hogares? ¿Es de sentido común que si la vivienda es un derecho la puedan comprar fondos buitre? ¿Queremos terminar con la especulación? ¿Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general? Espero y deseo que el martes los 349 diputados puedan votar en libertad y pensando en lo común.
SOBRE LA FIRMA:
Alberto Ibáñez es diputado de Compromís y portavoz adjunto del GP Plurinacional Sumar