El castigo silencioso al que levanta la persiana

España se sostiene sobre el esfuerzo de millones de autónomos que cada mañana levantan la persiana con gran incertidumbre. Representan la cultura del mérito, la libertad y la responsabilidad. Sin ellos no hay economía real. Porque el crecimiento económico no se decreta: se genera.

Y, sin embargo, emprender en España se ha convertido en un ejercicio de resistencia. El 88% de los autónomos cree que no es fácil iniciar una actividad en nuestro país. Señalan tres obstáculos claros: fiscalidad, cotizaciones y burocracia. Tres de cada cuatro han visto aumentar sus gastos en el último año. Más del 38% ha reducido su facturación. Casi la mitad sufre morosidad. No hablamos de ideología. Hablamos de realidad.

Mientras tanto, el Gobierno ha convertido la recaudación en su principal política económica. Desde 2018, los españoles han soportado cerca de un centenar de subidas fiscales y el Estado ha alcanzado cifras récord de ingresos. En 2024 se han recaudado 140.000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones que hace seis años. Y cuando necesita más recursos, vuelve a mirar al mismo sitio: el autónomo.

Para este Gobierno, el autónomo es una variable de ajuste

La reciente propuesta de subida de cuotas para 2026, con incrementos de hasta 2.500 euros anuales en algunos tramos, fue una muestra clara. Rectificaron tras la presión del sector y del Partido Popular, pero la señal quedó grabada: para este Gobierno, el autónomo es una variable de ajuste.

El debate no puede reducirse a una cifra concreta. El problema es más profundo: es el diseño del sistema. Hablamos de un modelo que exige anticipar ingresos inherentemente variables como si fueran exactos; que permite cambios continuos de tramo; que regulariza meses después, cuando ya no hay margen de reacción; y que somete al autónomo a una cadena incesante de obligaciones formales —IVA trimestral, pagos fraccionados, resúmenes anuales— dentro de una burocracia cada vez más densa. Un modelo en el que un simple error administrativo puede traducirse en sanción.

Conviene dejar claro que el debate sobre los autónomos no puede reducirse a una cifra concreta en un recibo mensual. La cuestión de fondo es el marco en el que desarrollan su actividad. En los últimos años se ha consolidado un clima normativo que transmite prevención antes que confianza. La Administración parece partir de la sospecha, no del reconocimiento de que detrás de cada alta hay una persona que arriesga su patrimonio, su tiempo y, en muchas ocasiones, la estabilidad de su familia.

El debate sobre los autónomos no puede reducirse a una cifra concreta en un recibo mensual

El crecimiento empresarial, además, se encuentra rodeado de una complejidad regulatoria que convierte la decisión de contratar en un cálculo incierto. No se trata solo de costes, sino de rigideces, cambios constantes y una inseguridad jurídica que dificulta la planificación a medio plazo.

Tampoco hemos sabido integrar adecuadamente situaciones vitales ordinarias en la trayectoria del autónomo. La jubilación activa sigue siendo más una excepción limitada que una herramienta para aprovechar talento y experiencia. La maternidad continúa generando cargas adicionales que no deberían existir en un sistema que dice proteger la conciliación.

Y cuando un proyecto no prospera, el sistema responde con una prolongación de obligaciones y trabas que desincentivan volver a intentarlo. En lugar de facilitar la segunda oportunidad, perpetuamos el estigma y la penalización. Por eso, el debate no es meramente recaudatorio. Es estructural. Afecta al modelo productivo y al mensaje que como país trasladamos a quien decide emprender.

Cuando desde nuestro grupo parlamentario abordamos el contrato con los autónomos, lo hacemos desde esta constatación: el problema no es aislado ni coyuntural. Es estructural. Y exige un cambio de enfoque. No basta con ajustar cuotas o introducir correcciones marginales; es necesario revisar la relación entre la Administración y quienes crean empleo y actividad económica, sustituyendo la lógica de control por una lógica de acompañamiento, y la cultura de la sospecha por un marco de estabilidad y confianza.

Frente a esta cultura del agravio, yo defiendo un cambio profundo de enfoque. El Contrato con los Autónomos impulsado por nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, y fruto de un trabajo riguroso desarrollado junto a nuestro vicesecretario Juan Bravo y al conjunto del equipo económico, nace con vocación estructural. No se trata de una medida aislada ni de una respuesta coyuntural, sino de una propuesta integral orientada a reformar de manera profunda el marco en el que hoy se desarrolla el trabajo autónomo.

Menos impuestos y menos trabas significa dejar de convertir cada trimestre en una carrera de obstáculos. Proponemos implantar de forma inmediata la franquicia del IVA para quienes facturen hasta 85.000 euros anuales, alineando España con la normativa europea y poniendo fin a una anomalía que obliga incluso a los pequeños profesionales a presentar declaraciones innecesarias. Más de un millón de autónomos ganarían liquidez y tiempo.

Además, reduciremos de cuatro a dos las declaraciones trimestrales y estableceremos una única declaración para los nuevos autónomos. Simplificar no es un eslogan: es devolver horas de trabajo productivo a quien hoy las pierde en burocracia. Y añadimos la gestión automática con borradores de IVA e IRPF, para que la factura electrónica se convierta en una ayuda y no en una nueva carga.

Más facilidades para crecer implica eliminar el miedo a dar el primer paso. Defendemos la “Tarifa Cero” real durante el primer año para todos los nuevos autónomos, ampliable al segundo si no alcanzan el SMI. Pasar de pagar 960 euros al año a pagar cero no es un gesto simbólico: es derribar la principal barrera de entrada al emprendimiento. Proponemos también bonificar al 100% las cotizaciones del primer trabajador durante doce meses —ampliables a dieciocho en colectivos prioritarios— y al 50% el segundo empleado.

Queremos romper el miedo a contratar. Incentivamos además la cooperación estable entre autónomos con beneficios fiscales específicos, impulsando la libertad de amortización para inversiones tecnológicas y crearemos un contrato de aprendiz adaptado a microempresas para favorecer el relevo generacional. Crecer debe estar premiado, no penalizado.

Más protección y tranquilidad significa que la enfermedad no puede suponer doble castigo. Planteamos la exención total de cuota desde el primer día de baja para autónomos sin empleados, equiparando su protección a la de los trabajadores por cuenta ajena.

Reformamos el cese de actividad para que deje de ser una prestación inaccesible —hoy se deniegan seis de cada diez solicitudes— y se convierta en un verdadero seguro. Facilito la jubilación activa permitiendo cobrar el 100% de la pensión sin obligación de mantener empleados, eliminando una discriminación injusta. Ampliamos la exención de cuotas durante 24 meses tras la maternidad o paternidad y equiparamos el derecho de lactancia para las autónomas. Proteger no es gastar más; es proteger mejor.

Más derechos y más confianza del Estado supone cambiar la relación entre la Administración y quien trabaja. Incorporamos el derecho al error en la Ley General Tributaria para que el primer incumplimiento formal no sea sancionable y se sustituya la lógica punitiva por la cooperación.

Establecemos reglas claras y uniformes en la deducción de gastos como vivienda o vehículo, eliminando la discrecionalidad que hoy genera conflictos. Garantizaremos la devolución automática del 100% de los excesos de cotización en pluriactividad y ajustaremos las bases del RETA de forma gradual y predecible, vinculadas al IPC. Crearemos una cuota superreducida para rentas muy bajas y permito que los autónomos mayores de 42 años deduzcan hasta 5.000 euros en planes de pensiones también a efectos de cotización.

Impulsaremos una Ley de Segunda Oportunidad ágil y eficaz, para que nadie quede condenado de por vida por haber fracasado una vez. Y activaremos un plan de relevo generacional con registro estatal de negocios en traspaso, incentivos fiscales y financiación específica para evitar que miles de negocios desaparezcan por falta de sucesión.

Si queremos una economía fuerte, debemos empezar por proteger a quienes la sostienen cada día

Este es el cambio de enfoque que defiendo: pasar de un Estado que sospecha a un Estado que acompaña. De un sistema que asfixia a uno que impulsa. De tratar al autónomo como un problema recaudatorio a reconocerlo como un pilar estratégico de la prosperidad nacional.

La diferencia es clara. Mientras algunos tratan al autónomo como su cajero automático, yo quiero que el Estado sea su aliado. España no puede permitirse enviar el mensaje de que arriesgar es peligroso y crecer es sospechoso. Cada autónomo que decide no contratar es un empleo que no nace. Cada proyecto que no arranca por miedo a la cuota es una oportunidad perdida.

El autónomo no pide privilegios. Pide reglas claras. No pide subsidios permanentes. Pide estabilidad. No pide trato de favor. Pide respeto. Si queremos una economía fuerte, debemos empezar por proteger a quienes la sostienen cada día. Porque cuando castigamos al que levanta la persiana, debilitamos a todo el país.