El acuerdo de «singularidad fiscal» para Cataluña conocido hace más de un año, firmado entre el PSC y ERC y que adoptó el Gobierno de la Nación, después de haber renegado de ello en varias ocasiones, da un paso adelante con el nuevo acuerdo sobre la implementación de esta especial singularidad que comenzará, según dicen, el 1 de enero de 2026.
El nuevo año entrará con regalo de reyes para una parte de la política española y nos plantea, una vez más, cuestiones como la posibilidad de que una comunidad autónoma tenga privilegios fiscales frente a las demás, la ruptura de la Agencia Tributaria nacional y el posible peaje que parece estar pagándose con dicho acuerdo para garantizar la gobernabilidad de todo un país.
El momento histórico en el que nos encontramos requiere de unas serias reflexiones, con la finalidad de poder analizar adecuadamente las consecuencias de este paso adelante que se acaba de anunciar, ante la sorprendente ausencia de la ministra de Hacienda, máxima responsable de las finanzas públicas y, por lo tanto, de los dineros y las competencias que se derivan de este acuerdo, que ahora quieren cederse mediante esta negociación.
En esencia, este acuerdo plantea lo mismo que se recoge en el concierto del País Vasco y en el Convenio de Navarra, a saber, un sistema de financiación a medida y una cesión de las competencias tributarias, a partir de una singularidad que dicen tener, y que, además, para no “dejar a nadie atrás”, parece posible extenderse al resto de las comunidades autónomas, si es que estas lo demandaran en un futuro.
La traducción, dado que los recursos son los que son y las funciones de aplicación del sistema tributario han de ejercerse, según se exige para nuestra administración, con eficacia y eficiencia, no puede ser otra distinta a que nos encontramos ante un auténtico dislate, un despropósito y, en definitiva, un manifiesto disparate.
Por lo pronto, reducir el esfuerzo común no sólo es insolidario, sino que es un privilegio que no debería tener cabida en nuestro sistema de financiación, a menos que queramos que los ciudadanos no disfruten en las mismas condiciones de los servicios públicos. Como nuestra ministra dice que no hay motivo para la alarma, nos gustaría saber qué tipo de abracadabrismo tienen pensado realizar, si es que tienen pensado algo con fundamento, que tampoco lo sabemos.
Nos encontramos ante un auténtico dislate, un despropósito y, en definitiva, un manifiesto disparate
Que la administración tributaria catalana ha mostrado éxitos con su incremento en la colaboración de la campaña de renta que acaba de cerrarse, tampoco es razón para decir que todos ya están preparados para esta encomienda. Como esto se mueve en el plano de los acuerdos políticos – tristemente cada día más alejados de los funcionarios y de los ciudadanos-, tal vez desconozcan que el trabajo que se hace en la Administración tributaria nacional, lleva más de 30 años de desarrollo, maneja una información cada día más abundante, y utiliza un sistema informático que combina decenas de programas complejos con los que se lleva a cabo la cada vez más difícil tarea de informar, asistir a nuestros contribuyentes y luchar contra el fraude fiscal en tiempos de unos avances tecnológicos vertiginosos.
Como hemos dicho en varias ocasiones los Inspectores de Hacienda del Estado, hablar de las finanzas de un país y de su administración tributaria es una cosa mucho más seria de lo que parece. Esto no es, aunque algunos parece que se mueven en esos ámbitos, un juego de monopoli con billetes de mentira y vuelta a la casilla de salida, si es que las decisiones no han sido las correctas. Estamos hablando de personas, familias y trabajadores que pagan sus impuestos para percibir, como corresponde, unos servicios públicos en condiciones.
El Estado, que para algo está, es el que tiene que ser garante de esta prestación, y, por lo tanto, no se le puede despojar de sus funciones, como si fuera un monigote cualquiera. Ningún país civilizado es tan poco inteligente para dejar a su Estado sin dinero porque, en ese caso, ¿quién pagará las pensiones? ¿quién hará frente a las ayudas precisas en momentos tan delicados como los vividos recientemente en varios territorios de España con la gota fría? ¿quién pagará el ingreso mínimo vital? Y así, un largo etcétera de necesidades imperiosas que no pueden quedar al albur de lo que unos políticos decidan porque se consideran “muy singulares”. Más bien, llegamos a pensar que, si cada comunidad negocia su financiación según su peso en el Congreso de la nación, el café para todos se convertirá en un Starbucks para unos y en una vending machine para otros. ¿Qué podría salir mal?
Parece ser que el sueño de algunos no era tanto la independencia como la independencia fiscal sin necesidad de mudarse. Me quedo, pero sin quedarme, con una cartera más llena, pero con menos preguntas. Una transición del “España nos roba” al “España me mantiene y todos tragamos”. Lo dicho: un auténtico dislate para el sentido común y para quienes conocemos, por experiencia, cómo funciona nuestra Administración tributaria.
SOBRE LA FIRMA
Ana de la Herrán es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado desde el pasado 1 de febrero de 2023. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 2006 y ha trabajado en el Área de Aduanas de la Agencia Tributaria y en el Tribunal Económico Administrativo Regional en Madrid.