Las sociedades actuales enfrentan problemas de una magnitud y complejidad sin precedentes. Estos desafíos abarcan múltiples dimensiones políticas, sociales, culturales, económicas y científicas, lo que involucra a diferentes actores y exige soluciones adaptables y en constante evolución. Temas como la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento forzado y la migración, las pandemias y enfermedades emergentes, la ciberseguridad y las amenazas digitales o la transición energética, entre otros, requieren, para su tratamiento y solución, una estrecha colaboración entre ciencia y política.
La evidencia y el conocimiento científico permiten a los representantes políticos comprender mejor estos problemas, incluyendo sus dificultades, incertidumbres y riesgos, así como las distintas opciones de política pública para su resolución.
La Oficina C permite estructurar y aplicar el conocimiento científico en el ámbito legislativo, abordando temas de interés desde una mirada que abarca diferentes disciplinas
Aunque integrar el conocimiento científico en la toma de decisiones políticas resulta esencial, no es tarea fácil; al contrario, presenta retos. Los sistemas de conocimiento actuales son sofisticados, requieren el uso de tecnologías avanzadas y generan volúmenes enormes de datos y conocimientos desde disciplinas distintas que no siempre trabajan juntas.
Además, abordan cuestiones éticas que deben considerarse necesariamente en la formulación de políticas públicas y la aprobación de las leyes. Para que la ciencia tenga un papel relevante en la resolución de estos problemas, es preciso que el conocimiento científico sea accesible, comprensible y útil para los responsables políticos. Esto resulta clave en un contexto en el que la ciencia no es la única dimensión a considerar, pero sí una herramienta poderosa para incrementar la efectividad y la legitimidad de las políticas.
Diferentes propuestas
Durante las últimas décadas ha habido diferentes propuestas para poner en marcha mecanismos para movilizar la evidencia científica y tecnológica en el Congreso de los Diputados. Finalmente, en 2018, en el marco del 40º aniversario de la Constitución, se organizaron unas jornadas entre la comunidad científica y el Congreso impulsadas por la iniciativa ciudadana “Ciencia en el Parlamento”.
Este encuentro reunió a diputados y diputadas con miembros de la comunidad científica y el respaldo de muchas instituciones científicas españolas públicas y privadas. La iniciativa generó un amplio consenso entre los grupos parlamentarios dando lugar a la creación de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C), que se articuló en 2021 mediante la colaboración del Congreso y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
La evidencia y el conocimiento científico permiten a los representantes políticos comprender mejor estos problemas, incluyendo sus dificultades, incertidumbres y riesgos, así como las distintas opciones de política pública para su resolución
Los modelos de interfaz ciencia y política existen desde hace décadas en distintos países. En algunos casos, las oficinas de ciencia forman parte de los propios parlamentos (así, Francia, Reino Unido y el Parlamento Europeo). En otros países, en cambio, las oficinas se encuentran en instituciones independientes que colaboran con el parlamento. Este es el caso de Alemania, Suiza y Holanda.
Al contar con una oficina de ciencia y tecnología, España se integra en la red europea de evaluación tecnológica a los parlamentos, (EPTA, por sus siglas en inglés) que tiene como fin fomentar la inclusión del conocimiento científico y experto en la tarea parlamentaria. La red busca también fortalecer los vínculos entre las 25 unidades de asesoramiento científico y tecnológico existentes en el mundo.
La Oficina C permite estructurar y aplicar el conocimiento científico en el ámbito legislativo, abordando temas de interés desde una mirada que abarca diferentes disciplinas. Su valor añadido radica en proporcionar a todos los grupos parlamentarios acceso al conocimiento científico interdisciplinario, destacando consensos, disensos e incertidumbres a través de los «Informes C», documentos que sintetizan la evidencia científica revisada por pares de forma accesible para el Congreso.
También promueve el debate público sobre temas relevantes, ofreciendo un espacio para que el conocimiento científico sea considerado y comprendido en un contexto adaptado a la realidad social.
No estamos solos
La Oficina C cuenta con un consejo asesor que incluye instituciones clave del sector científico y tecnológico español, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Salud Carlos III, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Red de Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Agencia Estatal de Investigación, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la Confederación de Sociedades Científicas de España, el Instituto de España – Reales Academias, la Asociación Ciencia en el Parlamento, y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España.
Para que la ciencia sea útil en la toma de decisiones políticas, es necesario un cambio cultural que fomente una ciencia conectada con otros sectores y disciplinas, y abierta a la ciudadanía. Este enfoque colaborativo, además de hacer a la ciencia más accesible y útil, también fomenta la confianza en las instituciones y facilita una visión compartida de los desafíos sociales.
Una ciencia más colaborativa
La Oficina C desarrolla informes accesibles para legisladores y comprensibles para el público en general, fortaleciendo así el vínculo entre ciencia y sociedad. Además, ha lanzado en 2024 una consulta pública para identificar temas relevantes que, tras su evaluación, se presentarán a la Mesa del Congreso.
La creación de espacios de encuentro entre ciencia y política, así como en el fomento de una cultura científica en la sociedad, resultan fundamentales en la promoción del conocimiento científico como un bien público. Un esfuerzo de este tipo no solo enriquece el debate político, sino que también fortalece la posición de la ciencia como un componente fundamental de las políticas públicas.
La creación de la Oficina C y la participación de España en la red europea de asesoramiento tecnológico a los parlamentos (EPTA) son pasos importantes en la consolidación de un sistema de asesoramiento científico sólido y alineado con Europa. Estos avances garantizan que el poder legislativo cuente con información científica de calidad, reforzando a su vez la confianza de la sociedad en sus instituciones y en el valor de la evidencia científica.
La Oficina C refleja la evolución hacia una ciencia más colaborativa, abierta y orientada al interés general, fomentando una cultura científica en la sociedad y promoviendo una inteligencia colectiva para enfrentar una tarea parlamentaria cada vez más compleja.
SOBRE LA FIRMA
Ana Elorza y Pedro Peña son coordinadores de la Oficina C del Congreso