En cada crisis internacional se repite la misma escena. Cuando llega el momento de posicionarse, siempre aparece la misma fórmula: “apelamos al respeto al derecho internacional”.
La frase suena impecable. Nadie puede estar en contra del derecho internacional. Pero precisamente por eso se ha convertido en el refugio más cómodo para evitar una discusión más incómoda: la naturaleza de los regímenes con los que se está tratando.
No todos los actores internacionales son iguales. Y pretender evaluarlos con exactamente las mismas categorías políticas puede convertirse en una forma elegante de autoengaño.
Las democracias liberales (con todos sus defectos) operan bajo sistemas de control institucional, pluralismo político y rendición de cuentas. Sus decisiones pueden ser criticadas, revisadas y, llegado el caso, castigadas electoralmente.
Pero ese mismo esquema no puede aplicarse mecánicamente a sistemas políticos diseñados precisamente para impedir cualquier forma de control democrático.
Un narcoestado como Venezuela o una teocracia oligárquica como Irán no son simplemente “Estados con los que discrepamos”. Son estructuras de poder construidas para blindarse frente a cualquier forma de alternancia política.
Durante años, el caso venezolano fue el ejemplo más evidente. El régimen chavista fue desmontando progresivamente todos los contrapesos institucionales: el sistema judicial, el parlamento, el árbitro electoral o los medios de comunicación. El resultado fue un sistema donde las elecciones existían formalmente, pero donde el poder real estaba completamente controlado por el aparato del narco Estado.
Durante mucho tiempo, una parte de la comunidad internacional (el ala a la izquierda) vendía la negociación con el régimen, y la otra parte confiaba en que ese modelo acabaría colapsando por su propio peso. Pero ese colapso nunca llegó por sí solo.
El punto de inflexión llegó cuando la presión política, económica y finalmente militar de Estados Unidos alteró la ecuación. La captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense a comienzos de este año abrió una nueva etapa en Venezuela y provocó una reconfiguración del poder interno.
Desde entonces se han producido algunos movimientos significativos: una presidencia interina encabezada por la antigua vicepresidenta Delcy Rodríguez, la aprobación de una ley de amnistía (con muchos huecos) y la liberación parcial de presos políticos. Al mismo tiempo, figuras clave de la oposición como María Corina Machado han anunciado su regreso al país en las próximas semanas para impulsar la transición política.
Todo ello refleja una realidad incómoda para quienes durante años insistieron en que el cambio vendría únicamente a través de los mecanismos formales del sistema. En Venezuela, el derecho internacional por sí solo no tumbó al régimen, a pesar del esfuerzo por pedir el respeto a los derechos humanos más básicos.
Pero la historia venezolana también muestra otra lección: incluso cuando un régimen empieza a resquebrajarse, el cambio no es inmediato ni lineal. El país vive hoy una transición incierta, llena de tensiones internas y enormes expectativas sociales.
Para millones de venezolanos, la caída de Maduro ha abierto una ventana de esperanza, pero también un período de frustración a corto plazo. Las estructuras del viejo sistema siguen presentes y el camino hacia una democracia plena será largo.
El caso iraní plantea ahora un escenario distinto, aunque con algunas similitudes de fondo.
Irán no es simplemente una autocracia más dentro del complejo tablero de Oriente Medio. Es una estructura de poder dominada por una élite clerical y por la Guardia Revolucionaria que combina control político interno, ambición geopolítica y una interpretación militante del islam político. En otras palabras, una teocracia oligárquica yihadista con capacidad estatal. Esto explica tanto su política exterior como su capacidad de represión interna.
Durante décadas, el régimen iraní ha construido una red de milicias y organizaciones armadas en distintos países de la región, desde Líbano hasta Yemen, y con presencia operativa activa en todo el mundo, incluso en América Latina y Europa, utilizando la violencia indirecta como instrumento estratégico.
Pero también ha generado un profundo malestar dentro de la propia sociedad iraní. En el Parlamento he recibido en estos años a decenas de líderes opositores en el exilio, cuyas vidas corren un peligro que bien conocemos quienes estamos en sus listas negras, o el propio ex vice presidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, quien fue tiroteado en plena calle de Madrid.
Las protestas recientes han mostrado hasta qué punto amplios sectores de la población (especialmente jóvenes y mujeres) aspiran a un cambio político profundo.
Y los ataques estadounidenses e israelíes contra las estructuras del régimen, junto con la eliminación de la cúpula dirigente, han alterado de forma significativa el equilibrio interno del sistema.
Por primera vez en muchos años, vuelve a aparecer algo que parecía imposible: la expectativa real de que el régimen pueda debilitarse o incluso colapsar. Y es aquí donde el debate europeo sobre el derecho internacional vuelve a revelar sus límites.
"Lo que más influye en su desenlace no es una fórmula jurídica, sino la claridad política de la comunidad internacional"
Porque cuando algunos dirigentes europeos se refugian en fórmulas jurídicas para evitar posicionarse con claridad, en realidad están ignorando una realidad más profunda: el derecho internacional fue concebido para regular relaciones entre Estados que comparten ciertas reglas básicas de convivencia. No para proteger indefinidamente a regímenes que han construido su poder precisamente destruyendo esas reglas.
La historia reciente demuestra que cuando un sistema autoritario empieza a resquebrajarse, lo que más influye en su desenlace no es una fórmula jurídica, sino la claridad política de la comunidad internacional.
En Venezuela esa claridad llegó tarde y de forma fragmentada. En Irán, el pueblo empieza ahora a vislumbrar una oportunidad que parecía impensable hace solo unos años.
Y cuando un pueblo empieza a recuperar la esperanza de su libertad, lo peor que pueden hacer las democracias es esconderse detrás de frases cómodas. La historia demuestra que los regímenes autoritarios temen muchas cosas. Pero pocas tanto como una comunidad internacional que tiene claro de qué lado está. Y ese es el mejor servicio que podemos hacer a quienes luchan por su libertad que, a la larga, es la de todos.
sobre la firma:
Antonio López-Istúriz, es eurodiputado del PPE y miembro del Comité de Asuntos Exteriores.