Durante años nos repitieron una frase como quien repite un dogma para que nada cambie: no se puede regular. No se puede regular a las grandes plataformas. No se puede regular Internet. No se puede regular el algoritmo.
Ese “no se puede” nunca fue neutral. Era la expresión de una correlación de fuerzas muy concreta. La traducción política de un poder económico que había logrado presentarse como inevitable. Como si la tecnología fuera una fuerza de la naturaleza y no el resultado de decisiones humanas, de relaciones de producción y de intereses perfectamente identificables.
Karl Marx escribió que las ideas dominantes de cada época son las ideas de la clase dominante. Durante demasiado tiempo, la idea dominante en torno a los entornos digitales ha sido que el mercado podía autorregularse, que la innovación exigía ausencia de reglas y que cualquier intervención democrática era una amenaza. No era una verdad técnica: era una ideología al servicio de la acumulación.
Porque lo digital no flota en el aire. Tiene propietarios, accionistas y consejos de administración. Extrae valor, mercantiliza la atención y convierte cada gesto cotidiano en una fuente de beneficio. Nos encontramos ante una nueva fase del capitalismo, en la que la materia prima ya no es solo el trabajo, sino también el tiempo, la emoción y el comportamiento humano.
Durante demasiado tiempo, la idea dominante ha sido que el mercado podía autorregularse
La Ley de Entornos Digitales, actualmente en tramitación parlamentaria, nace para intervenir precisamente ahí: en un espacio donde el poder económico se había naturalizado hasta volverse invisible. Nace para recordar algo elemental: allí donde hay acumulación de poder, debe haber control democrático. Allí donde hay extracción de valor, debe haber responsabilidad social. Y allí donde hay impacto sobre la vida de millones de personas, debe haber reglas colectivas.
Esta no es una ley contra la tecnología. Es una ley contra la idea de que el progreso solo puede medirse en beneficios privados. La tecnología ha traído avances extraordinarios: acceso al conocimiento, comunicación global, nuevas formas de creación cultural y de organización social. Pero también ha intensificado desigualdades, ha precarizado trabajos y ha colonizado la intimidad. Todo progreso tiene contradicciones, y la política existe precisamente para afrontarlas.
Uno de los ámbitos donde estas contradicciones se muestran con mayor crudeza es la infancia. Los niños y niñas de hoy no “entran” en lo digital: nacen ya dentro de él. Sus procesos de socialización, aprendizaje y construcción de identidad están profundamente mediados por plataformas diseñadas para maximizar la permanencia y la dependencia, no el desarrollo integral.
Apostar únicamente por la prohibición sería tan ingenuo como irresponsable
Aquí la lógica del mercado choca frontalmente con el interés general. Porque cuando el modelo de negocio se basa en captar atención a cualquier precio, la infancia se convierte en un territorio de extracción. No es casual que los contenidos más extremos, más polarizantes o más adictivos sean los que mejor funcionan. No es un fallo del sistema: es su consecuencia lógica.
Por eso esta ley no se limita a prohibir. Apostar únicamente por la prohibición sería tan ingenuo como irresponsable. La Ley de Entornos Digitales pone el acento en la educación, en la alfabetización digital crítica y en la corresponsabilidad de las plataformas.
Educar no es un complemento blando de la regulación: es su condición de posibilidad a largo plazo. Educar significa dotar a niños, niñas y adolescentes —y también a sus familias— de herramientas para comprender cómo funcionan los entornos digitales, qué intereses hay detrás y qué efectos producen. Significa formar ciudadanía digital consciente, no consumidores pasivos atrapados en arquitecturas opacas. Y significa asumir que el futuro democrático se juega, en gran medida, en esas capacidades. Regular no es prohibir.
Regular es educar, fiscalizar y proteger. Es limitar la lógica de la acumulación cuando entra en conflicto con los derechos. Es defender especialmente a quienes están en una posición más vulnerable. La libertad de expresión no se fortalece en un mercado salvaje de la atención; se fortalece cuando existen condiciones materiales para ejercerla sin miedo, sin acoso y sin exclusión.
La ley también interpela a una idea profundamente conservadora: que el Estado siempre llega tarde y que frente a los gigantes tecnológicos no hay nada que hacer. Frente a ese derrotismo, la Ley de Entornos Digitales afirma algo radicalmente democrático: la política puede y debe intervenir incluso frente a poderes globales cuando están en juego derechos y futuro.
Porque regular los entornos digitales no es solo una cuestión del presente. Es una cuestión de futuro. De qué sociedad estamos construyendo. De qué tipo de ciudadanía queremos formar. De si aceptamos que la próxima generación crezca en espacios diseñados exclusivamente para el beneficio privado o si decidimos que el interés general, también en lo digital, marque las reglas del juego.
La Ley de Entornos Digitales no lo resolverá todo. Ninguna ley lo hace. Pero traza una línea clara: la de una democracia que no se resigna, que no delega su soberanía en algoritmos opacos y que entiende que gobernar la tecnología es, hoy, gobernar la vida misma.
Y frente a quienes siguen diciendo que no se podía regular, la respuesta es clara y política: no es que no se pudiera; es que durante demasiado tiempo gobernaron quienes no quisieron hacerlo.
SOBRE LA FIRMA:
Nahuel González López es diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso por Valencia