Cada 22 de marzo, se renueva la reflexión sobre la importancia del agua, un recurso vital para la vida y el equilibrio ecológico. En un escenario marcado por la crisis climática y la desigualdad en su acceso, resulta urgente avanzar hacia un modelo que combine sostenibilidad, justicia social y participación activa, especialmente la de quienes trabajan la tierra y dependen del agua para su subsistencia y la nuestra.
Desde el ecologismo político reafirmamos nuestro compromiso con una gestión del agua más inclusiva y respetuosa con el medio ambiente. En colaboración entre la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Verdes Equo en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, hemos presentado una propuesta innovadora que busca ampliar la participación ciudadana en las decisiones sobre el uso del agua. Esta iniciativa legislativa, que se debatirá en el Congreso, pretende democratizar la gobernanza del agua, promoviendo un uso más justo y sostenible en todo el estado.
La gestión del agua debe involucrar a toda la sociedad, priorizando las necesidades de las comunidades rurales
Las recientes lluvias han evidenciado que el desafío no radica solo en disponer de agua, sino en gestionarla de manera eficiente y equitativa. La experiencia en el ámbito rural ha mostrado que el modelo actual, controlado por las autoridades y fondos de inversión, deja de lado a quienes conocen las necesidades reales del territorio y no tienen como fin la especulación. Por ello, la propuesta busca reformar estructuras de diversos órganos de tomas de decisiones en gestión del agua, incorporando a la sociedad civil y a la pequeña agroganadería.
Agricultura familiar
Uno de los problemas más claros es la escasa representación de la agricultura familiar en los órganos de decisión. En el actual contexto de creciente preocupación por la gestión del agua, resulta fundamental garantizar la presencia de la agricultura no industrial.
Y es que no debemos olvidar que la agricultura es la encargada de transformar el agua en alimentos, lo que evidencia la necesidad de reestructurar el sistema para asegurar una distribución más equitativa y sostenible de este recurso vital. Es urgente modificar la legislación vigente desde la valentía y la ambición climática, promoviendo una mayor participación social en estos procesos y defendiendo el modelo de explotaciones familiares, fundamentales para el mundo rural y la seguridad alimentaria. Así como también es urgente enfrentar la transición hídrica al mismo nivel del que nos emplazamos para llevar a cabo la transición energética.
Para ello, es esencial superar el falso conflicto entre el ecologismo y el sector agroganadero. Ambos viven en una simbiosis incuestionable: sin vida en el campo, no hay agricultura ni producción. El agua, en este contexto, desempeña un papel crucial no solo en la sostenibilidad agrícola, sino también en la seguridad alimentaria global. La gestión del agua debe involucrar a toda la sociedad, priorizando las necesidades de las comunidades rurales y los pequeños agricultores, quienes son la base de la soberanía alimentaria. Este enfoque es clave para avanzar hacia un modelo de gestión más justo y equilibrado.
El cambio en la gobernanza del agua no solo es una cuestión de eficiencia, sino de justicia social y ambiental. Es fundamental respetar el principio de soberanía alimentaria y promover un modelo agroganadero ecológico, justo y resiliente. En un momento en que se intenta polarizar al campo y al ecologismo, es crucial superar esa falsa dicotomía. La defensa del agua como bien común es esencial para la supervivencia de las comunidades rurales, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.
Confiamos en que esta propuesta marcará un antes y un después en la gestión del agua. El futuro del campo y del planeta dependerá de cómo gestionemos este recurso vital, siempre en busca de un modelo basado en la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad.
SOBRE LA FIRMA
Mar González es representante de Verdes Equo en el GPP de Sumar en el Congreso y coportavoz federal de Verdes Equo