Desindustrializar en nombre del clima

Sí, “estoy dispuesto a pagar un poco más en productos sostenibles para cuidar el planeta, pero si esto contribuye a generar empleo local, valor añadido y cohesión social en nuestro país”, en línea con la propuesta de un Buy European Act.  No es una reflexión aislada. Se suma al debate que abordan los países miembros sobre un sinfín de normas y estrategias europeas, como la aplicación del nuevo régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS2). Un sistema que afectará al transporte por carretera y a la calefacción, trasladando el precio del carbono directamente a combustibles y logística. Lo que es evidente es que Europa no puede permitirse una transición climática que expulse fábricas, destruya empleo industrial y debilite su soberanía económica.

Esto tiene mucho que ver con el ETS1, que viene impactando sobre nuestra economía, también requiere una revisión profunda, casi a su totalidad, ante la necesidad de ayudar a las exportaciones a mercados sin costes ambientales, porque el empleo industrial está amenazado, como lo está la deslocalización empresarial ante una competencia global cada vez más desigual. Y no se puede olvidar que sin industria no hay empleo estable, sin empleo estable no hay cohesión social y sin cohesión social no hay transición verde viable.

En España hemos pasado de una etapa marcada por la ideología al realismo. Europa ya sabe que la partida no se está jugando con las mismas cartas y el riesgo que conlleva desindustrializar en nombre del clima. Se añade la fragilidad energética que vive Europa en un contexto geopolítico cada vez más inestable, tensión en los mercados e inestabilidad agravada por la guerra en Irán.

China sigue contaminando mientras continúa aplicando políticas activas de apoyo industrial y controlando costes energéticos para sectores estratégicos. Estados Unidos, por su parte, mantiene un marco estable de incentivos fiscales a la inversión industrial limpia, con créditos fiscales plurianuales y un coste energético estructuralmente inferior al europeo.

Sin alinear sostenibilidad y economía, los compromisos ambientales no son viables

Si lo trasladamos a la política nacional, pasamos de un sanchismo en España centrado en izar banderas de ecologismo que solo alimentan los vientos del marketing, a un Informe Draghi que, con advertencias incluidas, nos dice que “Europa se encuentra en una situación más difícil y con un modelo de crecimiento que se desvanece”: una llamada a la acción en toda regla que viene a decir “cuidemos lo nuestro”. Nadie en este país dudaría, a la vista de su discurso, del ecologismo de Pedro Sánchez, hasta ver sus datos, claro.

Datos que ponen de manifiesto que, sin alinear sostenibilidad y economía, los compromisos ambientales no son viables. En el año 2022 entró en vigor su ley de residuos y suelos contaminados, que gracias a una enmienda de quien suscribe estas líneas pasó a llamarse también de “economía circular”, aunque solo tuvo de circular el título. Una ley que tuvo más de 200 enmiendas de mi grupo y que, salvo dos, todas fueron rechazadas por los votos de la izquierda.

Cuatro años más tarde, esta ley es un ejemplo más de la errónea política de Sánchez. Una política que no analiza ni el impacto que tienen sus decisiones sobre el medio ambiente, ni sobre la economía, ni sobre las familias españolas. Pongamos algún ejemplo para acercarnos a la realidad. España ha pasado de tener una tasa de circularidad del 10,4% en 2010 a un 8,5% en 2023, cuando la media europea se sitúa en el 11,8%.

Hoy la industria española gasta más por la gestión de los residuos y somos el único país de Europa que ha puesto en marcha un impuesto al plástico, encareciendo el coste de los productos, fundamentalmente del sector agroalimentario. Desde 2019 el precio medio de la cesta de la compra ha subido más de un 40%. No así nuestro poder adquisitivo.

Otro de los grandes problemas afecta a la competitividad de nuestras empresas, no solo por soportar impuestos que no existen en otros países de la Unión Europea, sino también por tener al frente a una vicepresidenta, Teresa Ribera, y a quien fue su secretaria de Estado y hoy ministra del ramo, Sara Aagesen, más volcadas en ejercer de embajadoras en cumbres internacionales que en defender con contenido propio los intereses y la realidad productiva de nuestro país.

Nos dejan un país más dependiente de terceros, con un aumento de las importaciones de plástico reciclado y de envases. El déficit comercial de envases de plástico en nuestro país se triplicó de 2021 (-549 millones de euros) a 2024 (1.305 millones de euros). Otro ejemplo, la industria de recicladores, esencial para la economía circular, ya no puede asumir la entrada de importaciones más baratas y sin trazabilidad, con un riesgo de desinversión cada vez más elevado, cuando paradójicamente disponemos de una de las mayores capacidades de reciclaje de plásticos de Europa.

Es decir, menos autonomía, más dependencia, menos competitividad o, lo que es lo mismo, un peligroso camino hacia la desindustrialización. Por no hablar de la balcanización legislativa. Una cosa es defender la autonomía de las CCAA, recogida en sus textos estatutarios, y otra distinta es plantear, en el ya hiperregulado contexto europeo, para cada cuestión que afecta a la economía española, 17 normas distintas en un mundo global donde la inversión busca seguridad jurídica. La condición de fin de residuo es un ejemplo.

En un mundo marcado por la escasez, la competencia y una geopolítica inestable, son esenciales para depender menos y tener una mayor autonomía estratégica

La Ley 7/2022 abrió la puerta a resoluciones “caso por caso” por parte de las CCAA, pero la técnica legislativa y la falta de criterios uniformes han generado inseguridad jurídica y fricciones con la libre circulación de mercancías. El resultado, una tramitación compleja, dificultades para la movilidad dentro del territorio nacional que penalizan las economías locales, sectores estratégicos aislados y una mayor disminución de nuestra capacidad para producir materias primas secundarias. Sí, materias primas secundarias.

En un mundo marcado por la escasez, la competencia y una geopolítica inestable, son esenciales para depender menos y tener una mayor autonomía estratégica. Si volvemos al inicio, es lógico pensar que haya hartazgo de las políticas verdes que estimulan otros mercados mientras arruinan nuestras economías locales.

Es el eco de la polarización. La tarea por delante es ingente, volver a convencer a muchos de que contaminar, como hacen China y otros países, está mal, y que proteger el medio ambiente no solo está bien, sino que además es éticamente lo correcto. Pero debe hacerse con sentido común, haciéndolo compatible con la economía. Descarbonicemos, sí, pero creando oportunidades aquí, en España; protegiendo nuestras empresas, atrayendo inversión, con empleos de calidad y reteniendo talento, no empujándolo al exilio.