El Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea define así el fenómeno llamado desinformación: “información verificablemente falsa, creada con fines lucrativos o para inducir a error o para causar daño”.
La desinformación es un concepto complejo, que describe una realidad disruptiva, la manipulación de la opinión pública, masivamente expandida en el espacio mediático de multitud de países, particularmente en los de cultura de libertad de expresión. De ahí que haya hecho fortuna en el siglo XXI lo que se ha venido en denominar “la postverdad”.
El estudio realizado por el Parlamento Europeo “Desinformation and propaganda” (February 2019) caracteriza ese fenómeno por los siguientes elementos:
- Se trata de falsa o manipulada información (desinformación) o usa técnicas no éticas de persuasión (propaganda)
- Tiene la intención de generar inseguridad u hostilidad hacia los procesos democráticos
- Se refiere a materias de interés público, pretendiendo la desestabilización social
- Utiliza técnicas de difusión automatizadas para amplificar el efecto de la comunicación (por ejemplo, Inteligencia Artificial)
Por esas razones, determinadas actos graves de desinformación deberían estar en el Código Penal. Aún no lo están. Es cierto que podría afectar a la libertad de informar, pero eso no debería impedir la regulación de la desinformación.
La desinformación no existiría seguramente sin la aparición explosiva de las redes sociales, haciendo uso de las también explosivas tecnologías digitales. La fuerza expansiva de las redes sociales se basa en el anonimato, que permite el mensaje falso con impunidad. Lo que el lenguaje popular llamaría “mentira”. Que no requiere de prueba, ni de una mínima investigación objetiva.
La desinformación ha surgido vinculada al declive de prácticas democráticas y del Estado de Derecho, y al desarrollo creciente de regímenes “iliberales” con apariencia de estructuras legales democráticas.
El cada vez menor coste de la tecnología de la digitalización es un campo abierto al uso y abuso de la desinformación en el ámbito económico y financiero de naturaleza privada
La entidad del crecimiento de la desinformación lo demuestra el nacimiento de una verdadera “industria de la desinformación”. Se trata de organizaciones privadas especialistas en la difusión de mensajes falseados a cambio de una remuneración económica. O sea, un negocio. Como lo es el llamado “team George”, un grupo radicado en Israel formado por auténticos “mercenarios” de la desinformación. El cada vez menor coste de la tecnología de la digitalización es un campo abierto al uso y abuso de la desinformación en el ámbito económico y financiero de naturaleza privada.
Pero la desinformación que me parece más peligrosa, sin ninguna clase de dudas, es aquella que posee una proyección y finalidad política. La que utiliza la información falsa con una finalidad y unos medios apartados de los cauces democráticos genuinos. Hay ejemplos de ello muy conocidos. La campaña del Brexit se basó en mentiras flagrantes sobre los perjuicios que se supone originaba para el Reino Unido la pertenencia a la Unión Europea y los beneficios de la salida de ella. Algo que se ha reconocido posteriormente por los propios portavoces de esa campaña. Se puede decir lo mismo de la victoria de Donald Trump ante Hillary Clinton.
En ambos casos, fue clave la venta que Facebook hizo a las campañas citadas de millones de datos personales, sin ninguna clase de permiso por las y los interesados. Es el denominado caso Cambridge Analytica.
No es casualidad que tal operación de desinformación fraudulenta se pusiese al servicio de figuras populistas como Johnson y Trump. La desinformación va de la mano del populismo. Que cuando es utilizado por regímenes como el de Rusia y China – sujetos de la desinformación – constituye una amenaza evidente a la seguridad nacional de los países demoliberales del mundo occidental.
La democracia necesita de una información “veraz”, porque las democracias se cimentan en lo verdadero, como las dictaduras en lo falso
Los efectos de la desinformación sobre la democracia son letales. La democracia necesita de una información “veraz” (artículo 20 de la Constitución española), porque las democracias se cimentan en lo verdadero, como las dictaduras en lo falso. La democracia y las libertades se nutren de la política – aunque pueda parecer una tautología -, mientras el autoritarismo se fundamenta en la antipolítica.
Por eso es esencial que ese momento crucial, corazón de la democracia, que son las elecciones, esté rodeado de todas las garantías y derechos, empezando por partidos políticos intachablemente democráticos en la forma y en el fondo, con un código democrático de conducta.
La regulación electoral ha de poseer una especial protección, que significa dos cosas: libertad de información y transparencia.
La transparencia debe extenderse a las técnicas de Inteligencia Artificial, sobre cuyo potencial riesgo para valores relevantes de nuestra cultura, autonomía e identidad acaban de llamar la atención un conjunto de intelectuales y expertos.
Para completar este panorama sobre la desinformación voy a referirme a tres requisitos que, a mi juicio, ha de tener una política de lucha contra la desinformación en un país miembro de la Unión Europea, en un régimen parlamentario como el español.
El primero es lo que podríamos llamar “alfabetización mediática”, que debería ser obligatoria desde el bachillerato – tal como lo es desde 2014 en Finlandia-.
El segundo es la existencia de “verificadores” de la información veraz (“fact-checkers”). En España hay ya grupos que examinan científicamente los datos que se lanzan para comprobar que no son bulos.
Una particular verificación ha de realizarse sobre declaraciones de actores políticos y personas con destacado liderazgo.
Y el tercero, la colaboración necesaria y exigida de las plataformas de big-tech, que, a través de los célebres algoritmos, condicionan la información en las redes sociales. Desafortunadamente, no es esa la orientación de las tecnológicas USA, que, según el New York Times de hace unos días, están adelgazando las secciones de expertos dedicados en dichas empresas al examen de los mensajes para borrar los que constituyen falsa información. De ahí la necesidad de una fuerte regulación de la transparencia de los algoritmos contra la desinformación en la Unión Europea, que aún no existe.
Un buen tema para abordar durante la próxima presidencia española del Consejo de la Unión.
SOBRE LA FIRMA Diego López Garrido es Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas y Catedrático Emérito de Derecho Constitucional (UCLM). Diputado en el Congreso entre 1993-2008 y en la X Legislatura (2012-enero 2016). Fue designado secretario de Estado para la Unión Europea en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.