Tras la reunión del G20 de Rio de Janeiro, celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2024, los líderes de este foro internacional emitieron una declaración, donde una parte destacada de la misma se dedica a las oportunidades y desafíos que trae consigo la inteligencia artificial.
En tal declaración, los países industrialmente más destacados del mundo parecen alinear sus posturas con la que mantiene la Unión Europea que, como es sabido, ha liderado la regulación de la inteligencia artificial, partiendo de la premisa de que el uso de la IA sólo es aceptable si se mantiene a la persona en el centro. Pero lo hace destacando, asimismo, que la IA se trata de una tecnología que, de usarse de manera responsable, promete una prosperidad económica digital global.
Contrariamente a lo que podría esperarse de un grupo de países entre los que están China, Rusia, India o Brasil, la declaración sostiene la necesidad de trabajar de manera conjunta con el objetivo de aprovechar las ventajas de esta tecnología, pero sin sacrificar los derechos y la seguridad de las personas.
Adicionalmente, destaca especialmente la referencia que se hace en la declaración a la necesidad de que la IA sea segura, confiable, transparente o explicable, remitiéndose de manera expresa a los principios publicados por organizaciones tales como la UNESCO, quien ha apostado, desde el principio, por el desarrollo de una IA ética y confiable.
Así las cosas, contrariamente a lo que uno podría pensar, de lo recogido en la declaración parece que el G20 apuesta por promover un enfoque regulatorio internacional. Y, en efecto, así es. En esta declaración se reconoce la necesidad de aprovechar las oportunidades que plantea la IA, sin dejar de ser consciente de sus riesgos y otros desafíos.
Y, para poder lograr este objetivo, se propone un sistema de gobernanza equilibrada de la IA, a través del cual se regule para proteger los principios que deben regir su desarrollo, mientras que, al mismo tiempo, se reduzcan trabas para fomentar su innovación.
¿Significa esto que en los próximos meses seremos testigos de nuevas regulaciones nacionales o continentales sobre esta materia? En todo caso, habrá que estar muy atentos a las iniciativas que lleven a cabo las grandes potencias tecnológicas, puesto que estas eventuales regulaciones pueden tener un impacto muy relevante de cara al futuro, especialmente en aspectos socio-económicos.
La postura del G20 parece una obviedad, pues es sabido que cuanto más disruptiva es una tecnología, mayor es la preocupación por el impacto que puede tener en los derechos de las personas, pero igualmente grande es el interés por no limitar su capacidad de desarrollo y evolución.
Los países industrialmente más destacados del mundo parecen alinear sus posturas con la que mantiene la UE que, como es sabido, ha liderado la regulación de la inteligencia artificial
La pregunta es si se puede lograr el desarrollo sostenible. Esto es, un ansiado equilibrio entre desbloquear todo el potencial que ofrece la IA, compartir sus beneficios de manera equitativa, mientras se garantizan los derechos humanos, especialmente en aquellos países en proceso de industrialización, que necesitan aprovechar el máximo potencial de estos nuevos recursos que se ponen a su alcance.
Entre estos aspectos económicos y de competitividad entre países, que vuelve a replantear la IA, destaca todo lo relativo con la brecha digital, muy vinculada al ritmo de adopción de la inteligencia artificial, y de gran relevancia para el posicionamiento geoestratégico de aquellos estados que aceleren su implementación.
En otro orden de cosas, la declaración del G20 incorpora referencias expresas a otros ámbitos, como puede ser el relacionado con el compromiso de prestar una especial atención al impacto de la IA en el ámbito laboral, con respecto al cual se afirma que puede brindar muchas oportunidades a los trabajadores, pero también plantea preocupaciones y riesgos éticos para sus derechos y bienestar.
En este sentido, se propone animar a las empresas a participar en el diálogo social y plantear otras formas de consulta con los operadores económicos a la hora de integrar las tecnologías digitales en el trabajo.
La declaración no se olvida del impacto que tiene la brecha digital en la sociedad, y plantea un ambicioso objetivo, como es el de reducir a la mitad la brecha digital de género para 2030, priorizar la inclusión de personas en sectores vulnerables situaciones en el mercado laboral, así como garantizar el respeto justo de la propiedad intelectual, protección de datos, privacidad y seguridad. Aspectos todos ello, que han marcado el debate jurídico y social de estos últimos meses.
Por último, se acuerda defender y promover la IA responsable en otros ámbitos, como son los de la educación y la salud, así como el empoderamiento de las mujeres.
Como puede verse, la declaración parece querer marcar el futuro regulatorio cercano, basándolo en una intensa colaboración internacional, y en un compromiso de los países por proteger los derechos fundamentales. Sin embargo, existen muchas dudas de que se alcancen avances importantes de cara a alinear estos compromisos con la realidad legislativa de determinados países, que ya han demostrado su falta de compromiso con algunos de los temas recogidos en este documento.
SOBRE LA FIRMA
Francisco Pérez Bes es socio en el área de Derecho Digital de Ecix Group y ex Secretario General del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).