QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La primera obligación de quien asume la responsabilidad de dirigir la política energética de nuestro país debiera ser siempre garantizar el suministro eléctrico de manera continua y, en condiciones adecuadas, procurar la reducción de emisiones, así como velar por la sostenibilidad ambiental y, por último, un suministro eléctrico a un precio que permita su acceso a las familias y no reste competitividad a las empresas.
Pero, desafortunadamente, durante estos cinco años de política energética, la mesura, la templanza, la prudencia y el diálogo han sido reemplazados por una presencia asfixiante de la ideología. En particular, la atribución de signos políticos a las tecnologías de producción de electricidad, como es la energía nuclear.
Ha estado siempre en la hoja de ruta del actual Gobierno eliminarla, y siempre con base en criterios puramente ideológicos, y no técnicos o económicos. Abandonando la razón, el conocimiento y, en definitiva, cualquier principio ilustrado.
En España disponemos de 7 reactores nucleares, conformando unos 7 GW de potencia instalada. Los reactores funcionan el 90% de las horas equivalentes del año, independientemente de las condiciones meteorológicas. El 10% restante se dedica a paradas de recarga programadas.
La energía nuclear contribuye al sistema eléctrico español dotándolo de potencia firme y síncrona, aportando estabilidad y regulación al sistema y contribuyendo a la integración de nueva potencia renovable.
La energía nuclear contribuye al sistema eléctrico español dotándolo de potencia firme y síncrona, aportando estabilidad y regulación al sistema y contribuyendo a la integración de nueva potencia renovable
Es una generación eléctrica 100% libre de emisiones de CO2, que ha cubierto, de forma constante durante la última década, el 20% de la demanda. Además, la energía nuclear es una tecnología que no presiona al alza el precio del mercado mayorista, ya que tiene un bajo coste marginal de producción. Por tanto, una posible desaparición de la energía nuclear podría empujar al alza el precio del mercado.
Pues bien, en 2019, el Gobierno socialista de Sánchez, de la mano de su ministra Ribera, pactó un calendario de cierre progresivo de todas las centrales nucleares. Este pacto se alcanzó con las principales eléctricas, como son Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. El cierre progresivo contempla una clausura escalonada de las centrales nucleares que arrancaría en 2027 y culminaría con el último el cierre en 2035.
El Gobierno socialista de Sánchez, de la mano de su ministra Ribera, pactó un calendario de cierre progresivo de todas las centrales nucleares
Es decir, se pactó la clausura gradual y escalonada de: i) Almaraz I en 2027 y Almaraz II en 2028; ii) Ascó I en 2030 y Ascó II en 2032; iii) Cofrentes en 2030; IV) Vandellós II; y V) Trillo en 2035.
El calendario de cierre pactado hará que las centrales nucleares españolas hayan estado en funcionamiento de media unos 46 años desde su puesta en marcha. Por el contrario, países como Estados Unidos, Francia, Japón o Bélgica están ampliando la vida de sus reactores nucleares hasta los 60 años e incluso 80 años, puesto que sostienen que la operación más allá de los 40 años no supone un reto tecnológico ni económico.
Y este cronograma se produce en un contexto energético complicado, caracterizado por la previsible y deseada entrada masiva de nuevos activos renovables, por la volatilidad de precios, por las insuficientes interconexiones eléctricas con el continente europeo de las que disponemos y con la imperiosa necesidad y deber de garantizar en todo momento la seguridad del suministro.
Así pues, justo en este momento, y hasta el año 2030, el sesgo ideológico socialista, que parece propiciar la muerte de la nuclear, habrá eliminado del sistema eléctrico cerca 4.000 MW de potencia, lo cual supone perder un 12% de la electricidad generada en España a día de hoy. Una electricidad libre de emisiones contaminantes, como hemos mencionado, que contribuye a contener los precios del mercado mayorista de electricidad.
Como es bien sabido en el sector de la energía, es técnicamente imposible que los objetivos de descarbonización recogidos por el PNIEC se cumplan si se cierran 4 centrales nucleares antes de finalizar el 2030. Por cierto, un PNIEC en el que la fijación y revisión de los objetivos de renovables a 2030 no han sido consultados ni con los agentes del sector ni con el principal partido de la oposición, en una muestra más del talante político de este Gobierno.
En un contexto energético como el indicado, lo prudente y razonable sería retrasar el cierre de las centrales nucleares, al objeto de mantener la autonomía energética y ahondar los esfuerzos de producir electricidad sin emisiones para luchar contra la emergencia climática. Pero esto no encaja con el actual Gobierno. Si discutir acerca de la existencia o no de la ley de la gravedad constituye un ejercicio intelectual poco productivo, no lo es menos negar las dudas que ofrece a la garantía de suministro el cierre planeado. Incluso desde el operador del sistema eléctrico se pone en duda este calendario.
Y esto es lo que pretendemos desde el Partido Popular. Tomando como referencia la taxonomía verde de la Unión Europea, queremos parar el cierre de las centrales nucleares, ya que las consideramos parte integrante del mix eléctrico, y queremos evitar que su cierre suponga riesgo de seguridad de suministro. Para ello, si gobernamos, revertiremos el calendario de cierre planificado por el Gobierno del PSOE, siempre siguiendo con las indicaciones en materia de seguridad y protección radiológicas del Consejo Seguridad Nuclear (CSN).
El próximo Gobierno de Alberto Nuñez Feijóo dejará atrás la dialéctica de confrontación entre tecnologías y promoverá un mix energético en el que esté garantizada la seguridad de suministro, la competitividad y la sostenibilidad ambiental.
SOBRE LA FIRMA Guillermo Mariscal (1974) es diputado del Partido Popular por Las Palmas en el Congreso de los Diputados, Secretario Adjunto del GPP y responsable del área de energía, industria, medio ambiente y cambio climático y Portavoz de Energía del Grupo Popular en la pasada legislatura.
