En las últimas semanas se ha planteado ante la opinión pública la hipótesis de un gobierno que gobierne sin el apoyo del poder legislativo.
Este debate nos permite hablar del papel actual del Parlamento de España – esencialmente el Congreso de los Diputados – en el sistema político.
El Parlamento es la institución más democrática de todos los poderes del Estado. Si no funciona, si se bloquea, si no es capaz de conseguir mayorías, toda la estructura de poderes se resiente y resulta afectada.
Papel del legislativo
En una democracia parlamentaria como la española, el papel del poder legislativo es vital. Los electores votan a las y los parlamentarios, y solo es después de las elecciones que el Congreso de los Diputados elige al presidente del Gobierno.
En una democracia parlamentaria como la española, el papel del poder legislativo es vital
Esa es la gran diferencia con el sistema presidencialista de Estados Unidos y de otros países americanos. El presidente de EEUU se elige directamente por el electorado, con independencia de los miembros del Congreso bicameral. Así que cabe que un presidente demócrata como Barack Obama tuviera que gobernar en un segundo mandato con mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado.
Si nos trasladamos al ámbito de la Unión Europea, vemos que, en la práctica, los acuerdos que se originan en los órganos de naturaleza predominantemente ejecutiva – el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros – han necesitado y necesitan al Parlamento Europeo y a la Comisión – órganos que participan del poder legislativo – para imprimir legitimidad política y fuerza a sus decisiones.
Si el Parlamento pierde su capacidad para dar contenido a sus importantes potestades, la acción política se desplaza a otros poderes o instituciones de modo disfuncional
En el sistema parlamentario español, el Parlamento es la institución más representativa del país, al ser elegidos sus integrantes en todos los rincones de España. Si el Parlamento pierde su capacidad para dar contenido a sus importantes potestades (presupuestaria, legislativa, controladora, investigadora), la acción política se desplaza a otros poderes o instituciones de modo disfuncional.
Poder judicial
Cabría preguntarse si el a todas luces exagerado protagonismo del poder judicial español, invadiendo funciones políticas que no le corresponden (obstáculos explícitos a la aplicación de la Ley de Amnistía sin, a mi juicio, fundamento jurídico sólido, por ejemplo), tiene su origen en las dificultades que sufre el poder legislativo para consolidar una imagen de intervención política estable, basada en acuerdos de legislatura. Acuerdos que vayan más allá de negociaciones en el día a día, con una perspectiva más clara de mantenimiento de programas políticos de medio y largo plazo.
A pesar de la disciplina de partidos – que es fuerte en Europa y débil en Estados Unidos – el Parlamento cumple una función deliberativa insustituible para filósofos tan reconocidos como Jürgen Habermas. Una función esencialmente pública que sirve para legitimar la institución al conectarla de modo inescindible con los ciudadanos y ciudadanas.
Por todo ello, el Gobierno español necesita al Parlamento para relacionarse más fuertemente con el electorado y fortalecer su propuesta política y programática. De hecho, el Congreso de los Diputados sostiene al Gobierno desde que se produjo el voto de investidura de Pedro Sánchez.
El Gobierno español necesita al Parlamento para relacionarse más fuertemente con el electorado y fortalecer su propuesta política y programática
La investidura es la forma directa de legitimar al gobierno. Pero hay también una forma indirecta de hacerlo: la no presentación de una moción de censura – que en España es constructiva – o el fracaso de la hipotéticamente presentada.
En suma, el gobierno necesita el Parlamento y, implícita o explícitamente, no lo olvidemos, el Parlamento al gobierno, a quien tiene la potestad de controlar.
SOBRE LA FIRMA
Diego López Garrido es director de la Fundación Alternativas y catedrático Emérito de Derecho Constitucional (UCLM). Diputado en el Congreso entre 1993-2008 y en la X Legislatura (2012-enero 2016). Fue designado secretario de Estado para la Unión Europea en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

















