La semana pasada se publicaba la esperada Ley de Protección de Informantes en el BOE, que entrará en vigor en diez días. La acción llega tarde, más de un año después de haber expirado el plazo de transposición, dispuesto en diciembre de 2021. La Comisión Europea ha presentado un caso frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para sancionar a los países que no han regulado al respecto.
La Ley es resultado directo de la Directiva Europea que ha inaugurado una ola de actualizaciones y nuevas leyes en los estados miembros. Fue necesario invertir más de tres años desde la aprobación de la Directiva sobre la materia, en 2019, y otros tantos previamente, para finalmente alcanzar una normativa a nivel nacional.
«Se ha abierto finalmente un proceso sancionador que plantea el riesgo de un daño regulatorio pero también reputacional»
España, junto a otros países como Republica Checa, Alemania, Estonia, o Italia, fue advertida reiteradas veces sobre los retrasos incurridos en el proceso de trasposición en los pasados meses de enero y julio de 2022. Al no responder, se ha abierto finalmente un proceso sancionador (INFR-2022-0073), que plantea el riesgo de un daño regulatorio pero también reputacional.
El 12 de marzo, entrará en vigor esta ley que da tres meses a las empresas y demás entidades obligadas a contar con un sistema interno de información, extendiendo este plazo, hasta el 1 de diciembre de 2023, para grandes empresas y administraciones. La puesta en marcha de la norma estará seguramente acompañada de grandes desafíos al no contar con antecedentes claros sobre este tipo de sistemas de comunicación y gestión de información.
Una ley que no respeta lo establecido en la Directiva Europea
Muchos esperan la entrada en vigor de esta ley para finalmente atestiguar los potenciales beneficios de un instrumento tan esperado. Sin embargo, el resultado presenta graves carencias, de acuerdo a organizaciones expertas en la materia, incluyendo a Blueprint for Free Speech. De ser evaluado de la misma manera por el TJEU, la ley podría ser definida como inadecuada para la trasposición.
La sociedad civil ha sido de vital relevancia durante todo el proceso de tramitación de la Ley, marcado en reiteradas ocasiones sobre estos riesgos, desde la publicación del primer borrador (aquí o aquí). En septiembre de 2021, 25 organizaciones han acordado en una serie de prioridades que lamentablemente no han sido completamente consideradas. La organización Whistleblowing International Network (WIN) ha escrito a la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, remarcando los puntos clave a modificar y reconociendo el incumplimiento con la Directiva.
El fallo de España
La Ley en España falla en proteger a quienes informen sobre abusos de autoridad, limitándose a regular sobre acciones u omisiones que constituyan infracciones penales o administrativas graves y muy graves. Esto representa una contradicción respecto a lo establecido en la Directiva.
Paradójicamente, la presente ley introduce graves incertidumbres respecto a la responsabilidad penal de los informantes, posibilitando la utilización de esta ley para perseguir a las personas que informen. La Directiva establece que las mismas no incurrirán en responsabilidad penal alguna respecto a la adquisición y acceso a la información utilizada para dar a conocer los hechos. Esto puede, en breve, convertir esta oportunidad para proteger a quienes informan en el interés público en una herramienta para amedrentarlos y perseguirlos.
Por su parte, Suelette Dreyfus, Directora Ejecutiva de Blueprint for Free Speech, remarca:
“Esta es una oportunidad parcialmente perdida para España, en donde venimos luchando para lograr una legislación ejemplar. Creemos que este primer paso es mejorable y esperamos que los legisladores puedan comprender la importancia y necesidad de hacerlo. La Unión Europea también juega un rol en alcanzar los estándares internacionales deseados.”
«Es necesario que legisladores puedan atender y reaccionar para lograr una eficiente y eficaz implementación de la norma»
España finalmente ha aprobado una Ley nacional de protección de informantes, sin embargo, es necesario que legisladores puedan atender y reaccionar a estas carencias para lograr una eficiente y eficaz implementación de la norma, alcanzando el objetivo principal: proteger a quienes se alzan en defensa del interés público.
SOBRE LA FIRMA Bruno Galizzi es Director de Proyectos de Blueprint for Free Speech y cofundador del European Whistleblowing Institute.