La infancia en situación de desamparo sigue siendo una asignatura pendiente en España. Los centros de acogimiento residencial, que deberían ser un recurso excepcional y transitorio, han pasado a convertirse en el destino habitual para tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del sistema de protección. En demasiados casos, lo que debería ser un refugio temporal se convierte en una estadía prolongada, casi permanente, que perpetúa vulnerabilidades en lugar de mitigarlas. Frente a esta realidad, el sistema no solo ha fallado en priorizar alternativas familiares, sino que ha permitido desigualdades territoriales flagrantes que contradicen el principio de igualdad y el interés superior del niño.
Es hora de preguntarse si estamos, como sociedad, cumpliendo con el mandato moral y jurídico de garantizar que todos los infantes crezcan en entornos seguros, humanos y dignos.
La consulta pública del proyecto de Real Decreto, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia bajo la dirección de Sira Rego, supone un primer paso para corregir décadas de inacción. Este borrador, abierto a aportaciones hasta el 27 de noviembre, busca establecer estándares mínimos de calidad en los centros de acogimiento residencial en aspectos como la infraestructura, los recursos humanos y los procedimientos de ingreso y salida.
El objetivo es corregir una anomalía que no solo refleja desigualdades territoriales, sino que perpetúa un modelo que ha olvidado que los derechos de la infancia no deben depender del lugar donde nacen o crecen.
Sin embargo, este esfuerzo normativo no llega exento de desafíos. España se enfrenta al problema crónico de la fragmentación territorial, donde las competencias autonómicas en materia de protección han generado una heterogeneidad difícil de justificar en los estándares mínimos. Desde un enfoque regulatorio, esta consulta pública debería ser la oportunidad para establecer una hoja de ruta común que garantice la igualdad de derechos para todos los niños y niñas, independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentren.
La fijación de estos estándares no solo responde a un imperativo moral, sino también a una exigencia jurídica derivada del artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza alternativas familiares frente a la institucionalización.
La protección de la infancia no es solo una cuestión regulatoria; es también un reflejo de los valores que queremos proyectar como sociedad
El borrador del Real Decreto introduce medidas relevantes para abordar algunas de las carencias más evidentes del sistema. Limitar la capacidad de los centros a 30 plazas, fomentar entornos más pequeños que simulen un hogar y promover proyectos socioeducativos individualizados son pasos necesarios para humanizar un modelo que ha tratado durante demasiado tiempo a los infantes como expedientes administrativos.
Además, el texto incluye la obligatoriedad de protocolos claros de supervisión y mecanismos de denuncia, herramientas esenciales para garantizar que los derechos de los niños y niñas no solo sean reconocidos, sino también protegidos en la práctica.
El Real Decreto también plantea una oportunidad para abordar problemas estructurales del sistema, como la falta de uniformidad en los procesos de valoración del riesgo. Herramientas avanzadas como BALORA, utilizada en el País Vasco, o VALÓRAME, en Andalucía, han demostrado ser eficaces para garantizar decisiones basadas en criterios objetivos. Sin embargo, su adopción no es homogénea a nivel nacional, lo que perpetúa la arbitrariedad en la asignación de recursos y medidas de protección. Un sistema nacional de valoración del riesgo, basado en estas experiencias, no solo contribuiría a una mayor coherencia, sino que también fortalecería la rendición de cuentas y la transparencia.
El camino hacia un sistema de protección más humano y eficaz también pasa por una apuesta decidida por la prevención
La protección de la infancia no es solo una cuestión regulatoria; es también un reflejo de los valores que queremos proyectar como sociedad. El carácter descentralizado del sistema no debe ser una excusa para tolerar desigualdades que condenan a algunos infantes a un nivel de atención inferior al de otros.
Desde la perspectiva de los asuntos públicos, esta consulta es un test para la capacidad del sistema político y administrativo de coordinarse en torno a un objetivo común: garantizar que ningún infante quede rezagado por fallos estructurales o presupuestarios.
Es aquí donde el papel del tercer sector se vuelve indispensable. Organizaciones como la Plataforma de Infancia han logrado posicionar la desinstitucionalización en la agenda pública y política, aportando una combinación de rigor técnico y sensibilidad social. Sus propuestas, como fomentar el acogimiento familiar mediante campañas nacionales de sensibilización o garantizar el acceso a viviendas tuteladas para adolescentes extutelados, son fundamentales para construir un sistema que priorice el bienestar emocional y social de los niños y niñas.
Además, el trabajo de entidades como UNICEF España y Save the Children, a través de la Plataforma VIDAS, demuestra cómo los proyectos locales pueden ser clave para fortalecer los sistemas de protección. Por ejemplo, la iniciativa «Protección desde lo local a la infancia», liderada por UNICEF, busca implementar la Ley de Protección Integral frente a la Violencia mediante la prevención y detección temprana en las comunidades locales.
Este enfoque, que integra a niñas, niños y adolescentes como agentes activos en su propia protección, ofrece un modelo replicable que podría reforzar el papel de los servicios municipales en el sistema de acogimiento.
Del mismo modo, Save the Children lidera un proyecto centrado en los derechos de la infancia migrante sin referentes familiares. Esta iniciativa trabaja en dos momentos críticos: la llegada a la costa y la transición a recursos de día. Su objetivo es identificar necesidades específicas, como atención a la discapacidad, la trata o el apoyo psicosocial, y garantizar que los niños y niñas migrantes reciban una protección adecuada en estos momentos de máxima vulnerabilidad.
Estas experiencias locales evidencian cómo un enfoque adaptado a las necesidades de cada territorio puede complementar las reformas estructurales que propone el Real Decreto.
El proyecto de Real Decreto representa un avance necesario, pero insuficiente si no se acompaña de un compromiso político y presupuestario sostenido
El camino hacia un sistema de protección más humano y eficaz también pasa por una apuesta decidida por la prevención. La pobreza o la exclusión social nunca deberían ser causas directas para separar a un niño o niña de su familia, como establece el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, en demasiados casos, la falta de apoyo a las familias de origen lleva a soluciones drásticas que podrían haberse evitado con políticas preventivas. Reforzar los servicios sociales, ofrecer apoyo económico y garantizar la accesibilidad a servicios básicos deben ser prioridades que complementen cualquier reforma del sistema de acogimiento.
El proyecto de Real Decreto representa un avance necesario, pero insuficiente si no se acompaña de un compromiso político y presupuestario sostenido. Establecer estándares mínimos es un buen punto de partida, pero la verdadera transformación requiere una visión estratégica que integre los principios de igualdad, derechos y justicia social. La protección de la infancia no puede depender de los márgenes de interpretación de las comunidades autónomas ni de la buena voluntad de las administraciones locales. Es responsabilidad del Estado garantizar que cada niño y niña, en cualquier rincón del país, tenga las mismas oportunidades para crecer en un entorno digno, seguro y lleno de afecto.
España tiene ahora la oportunidad de reparar una deuda histórica con sus niños y niñas. No hacerlo no solo traicionaría nuestras obligaciones internacionales, sino también nuestros valores más fundamentales como sociedad. El acogimiento residencial debe dejar de ser un aparcadero de infancias para convertirse en un verdadero trampolín hacia una vida mejor. La consulta pública del Real Decreto es el primer paso en este camino, pero será nuestra capacidad de implementar sus propuestas lo que determinará si estamos, finalmente, a la altura de nuestros compromisos con la infancia.
Francisco Javier Rodríguez
Consultor en Kreab España y experto en derechos de la infancia y políticas públicas