Las operaciones corporativas en proyectos de energías renovables atraviesan un momento de alta actividad: al tiempo que nuevos compradores muestran interés por el sector, los promotores y desarrolladores de proyectos buscan liquidez poniendo en el mercado activos de calidad desigual. Sin embargo, el dinamismo que ofrece el mercado se ve afectado por un entorno institucional que afronta retos como la saturación de diferentes administraciones públicas, criterios técnicos divergentes en función del territorio, tensiones sociales derivadas de la transición energética y un gran número de decisores involucrados, entre otros desafíos.
En este contexto, la adquisición de proyectos de energías renovables (principalmente fotovoltaicos y eólicos) ya no puede basarse en un análisis puramente económico y administrativo. Actualmente, el valor real de un proyecto no lo determinan estos elementos, sino que se tienen que complementar con su capacidad para avanzar en un entorno político, técnico y social volátil.
El principal error de la mayoría de los inversores es asumir que un expediente técnicamente sólido equivale a un proyecto institucionalmente viable. En la búsqueda de activos seguros, predecibles y con riesgo controlado, ignoran cuatro factores que afectan al contexto presente y futuro en el que se desenvuelven los proyectos, y por ende tienen una imagen parcial del valor real (y riesgo) de cada uno de ellos.
El primer factor es la saturación administrativa. Muchas administraciones autonómicas y municipales trabajan con cargas de trabajo muy superiores a sus recursos materiales y humanos. Esta situación intra-administrativa genera retrasos que no tienen que ver con la calidad técnica de los expedientes, sino con la capacidad real de gestión de las administraciones. A esto se suma la heterogeneidad en los criterios técnicos en función del equipo que los analice o de precedentes recientes en el territorio. Así, muchos inversores no detectan esta variabilidad porque no forma parte de la documentación formal asociada al expediente que se evalúa en una operación corporativa, sino del funcionamiento del día a día de la administración.
La conflictividad territorial, las sensibilidades ambientales locales o la presión profesionalizada de colectivos organizados, pueden ralentizar o condicionar decisiones administrativas
El segundo factor es un marco regulatorio en constante evolución. El modelo actual de distribución de competencias hace que sean muchos los actores con capacidad para modificar normativa sectorial o solicitar nuevos requerimientos ambientales. Cada modificación puede alterar de forma sustancial el diseño del proyecto, afectando a la potencia final y por lo tanto a su valor y rentabilidad económica. En este contexto, no basta con conocer la normativa vigente, sino que es imprescindible entender qué cambios normativos son probables, quién los impulsa, con qué apoyos cuentan y cómo se van a interpretar en la práctica.
El tercer factor es la dimensión social, cada vez más relevante. La conflictividad territorial, las sensibilidades ambientales locales o la presión profesionalizada de colectivos organizados, pueden ralentizar o condicionar decisiones administrativas. Este factor no aparece en la due diligence clásica, pero sí determina el valor real del proyecto, y su viabilidad una vez adquirido.
En último lugar, el cuarto factor son los ciclos políticos. Cambios en gobiernos locales o autonómicos pueden alterar prioridades, criterios e incluso la dotación de recursos técnicos a determinados departamentos. Muchos compradores proyectan el futuro del activo como si el contexto político fuera estático, cuando la realidad es mucho más dinámica. Prueba de ello con los futuros comicios en 2026 y 2027 que afectarán a los apoyos institucionales y territoriales de cada proyecto.
Quien incorpore el análisis institucional adquirirá activos acordes a su valor real
En conjunto, estos cuatro factores explican por qué proyectos técnicamente similares avanzan en la tramitación a ritmos descompasados, y por ende, por qué algunos proyectos salen al mercado para su venta: no por su solidez técnica y su rentabilidad, sino porque su riesgo institucional es superior al que un promotor está dispuesto a asumir.
En conclusión, en un mercado donde la oferta incluye proyectos sólidos y otros cuya debilidad proviene de factores institucionales no documentados, la capacidad de distinguir entre ambos es la ventaja competitiva más clara para cualquier comprador. Quien incorpore el análisis institucional adquirirá activos acordes a su valor real, minimizando el riesgo de las operaciones y facilitando la toma de decisiones estratégicas en la inversión en proyectos de energías renovables.
SOBRE LA FIRMA:
Mar Estévez trabaja en la vertical de energía de Vinces dando apoyo estratégico tanto a desarrolladores de proyectos de renovables como fondos de inversión. Se ha especializado en las operaciones corporativas de este tipo de activos.