Vivimos, como bien diagnostica el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en la sociedad del cansancio y de la hipercomunicación, donde el ruido sepulta el pensamiento y la reacción visceral precede al análisis.
El pasado viernes, apenas unos minutos después de que el Ministerio de Hacienda presentara el nuevo modelo de financiación autonómica, las trincheras políticas ya disparaban eslóganes. Sin embargo, quienes nos hemos dedicado en la vida a la estadística pública y a la economía sabemos que los números, tratados con respeto, no gritan; los números confiesan.
He dedicado estos días a analizar la propuesta con la frialdad del técnico y la convicción del socialdemócrata. Y mi conclusión, despojada de cualquier hojarasca partidista, es clara: estamos ante la corrección de una anomalía histórica. Más allá de enfrentamientos territoriales políticamente interesados, el nuevo modelo viene a suturar la herida de la desigualdad territorial que llevamos sufriendo más de una década.
Desmontando el "Frankenstein"
Para valorar lo que hemos conseguido, hay que recordar de dónde venimos. El sistema vigente, caducado desde 2014, adolecía de fallos estructurales que expertos como Ángel de la Fuente y Fedea llevaban años señalando con el dedo. Era un sistema opaco, complejo hasta lo esotérico y, sobre todo, injusto.
Su gran debilidad era la cláusula del statu quo, que congelaba la financiación en base a fotos fijas del pasado, ignorando la evolución real de la población.
Eso provocaba situaciones lacerantes: ciudadanos con idénticas obligaciones fiscales y derechos recibían un trato financiero dispar. La brecha entre la comunidad mejor financiada (Cantabria, con un índice de 120,3) y la peor (Murcia, con un 92,0) era de casi 30 puntos.
Treinta puntos de diferencia en la capacidad de curar, educar o cuidar. Eso no era diversidad autonómica; era desigualdad estructural. Andalucía, junto a la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha, han pagado la factura de este diseño defectuoso durante demasiados años.
La Gran Nivelación
El nuevo modelo presentado por el Gobierno de España hace algo revolucionario en su simplicidad técnica: aplica lo que en mis notas de trabajo llamo la "Gran Nivelación" (o un squeeze estadístico). Al introducir la población ajustada actualizada como criterio central -es decir, financiando a las personas reales con sus necesidades reales de edad y dispersión- y al inyectar suficientes recursos adicionales al sistema, la horquilla de la desigualdad se reduce drásticamente a la mitad.
Los datos son tozudos y desmontan cualquier relato de agravio. Las grandes beneficiadas de esta reforma son, precisamente, las comunidades históricamente infrafinanciadas.
Las que mejor salen son Murcia y la Comunidad Valenciana, que durante años han habitado el sótano de la financiación por habitante, y lograrían por fin superar la barrera del índice 100. Se hace justicia con ellas.
También para Andalucía, las cifras hablan de un salto cualitativo y cuantitativo. No solo recibiremos una inyección cercana a los 5.000 millones de euros -una cifra sin precedentes-, sino que logramos algo más importante: la convergencia.
Pasamos de competir en una liga trucada a un terreno de juego nivelado donde un andaluz tiene garantizada una financiación base similar a la de cualquier otro español.
Resulta irónico, y permítanme la licencia, observar la reacción del Gobierno de la Junta de Andalucía. Durante años, el presidente Moreno Bonilla ha reclamado un "Fondo Transitorio de Nivelación" para compensar un déficit que cifraban en unos 1.500 millones. Ahora que el Estado pone sobre la mesa un modelo estructural -no un parche transitorio- que triplica esa cantidad y corrige el defecto de origen, la respuesta es el enfado. Parece que a algunos les molesta perder la excusa del victimismo, incluso cuando la solución supera sus propias expectativas.
Principios frente a ruido
Decía Tony Judt que "la desigualdad es corrosiva". Nos corroe porque rompe el pacto cívico de que todos somos iguales ante la administración. Este nuevo modelo corrige las debilidades del pasado: se elimina la opacidad, se actualiza la población efectiva sobre parámetros técnicos bien fundamentados y se prioriza la suficiencia de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio.
Frente a quienes prefieren el ruido de la confrontación estéril, mi apuesta es por el rigor y la verdad de los datos. Este nuevo modelo presentado por María Jesus Montero, como Ministra de Hacienda, es una buena propuesta de partida. Corrige las grandes debilidades del sistema anterior y logra una mayor equidad en la financiación de las CCAA de régimen común.
Como todo modelo es susceptible de mejorarse en algunos de sus aspectos y así debería ser en el necesario debate territorial y parlamentario de la propuesta.
Como andaluz, considero que este nuevo modelo es justo con Andalucía. En Andalucía no queremos ser más que nadie, pero estábamos cansados de ser menos. Con este modelo, la aritmética nos da la razón y la política nos devuelve la equidad. Y eso, para mí, como servidor público, es una noticia que merece la pena celebrar.
LA FIRMA: Gaspar Llanes Díaz-Salazar es parlamentario andaluz del PSOE por Sevilla y presidente de la Comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social del Parlamento de Andalucía y economista y funcionario.