El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica es, sin duda, uno de los asuntos más trascendentales para el presente y el futuro de nuestro país. No se trata de una cuestión técnica ni coyuntural, sino de un pilar esencial para garantizar la igualdad entre los españoles, la cohesión territorial y la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales. Cualquier reforma al respecto debe basarse en los principios de igualdad, solidaridad y suficiencia financiera recogidos en la Constitución Española, y garantizar un modelo justo, equilibrado, transparente y con un inequívoco sentido de Estado.
En este contexto, resulta profundamente preocupante la propuesta de financiación autonómica planteada por ERC y asumida, con escasa claridad y rigor, por el Gobierno. No estamos ante un planteamiento técnico serio ni ante una solución pensada para el conjunto de los ciudadanos, sino ante una iniciativa condicionada por intereses partidistas y por la necesidad de sostener acuerdos políticos para permanecer en el poder. Un asunto de esta magnitud no puede abordarse desde la opacidad, la improvisación ni el cálculo político a corto plazo.
Es de máxima gravedad la pretensión de garantizar el denominado “principio de ordinalidad” a una única comunidad autónoma del régimen común. País Vasco y Navarra ya cuentan con un tratamiento singular a través de sus regímenes forales, reconocidos constitucionalmente, sin embargo, extender un privilegio de este tipo de manera exclusiva a otra comunidad supondría un agravio inaceptable para el resto de territorios y rompería la solidaridad que debe presidir nuestro sistema de financiación.
Penalizar a quienes más aportan
Precisamente, esta “disfunción” tendría implicaciones claras en la Comunidad de Madrid. Nuestra región realiza una contribución neta esencial a la financiación de los servicios públicos de toda España y no podemos consentir que el esfuerzo fiscal de nuestros ciudadanos y empresas se utilice para reforzar privilegios territoriales ni para sostener modelos de gasto que no responden a criterios de eficiencia, responsabilidad y sostenibilidad. Penalizar a quienes más aportan no solo es injusto, sino también contraproducente para la estabilidad económica del conjunto del país.
A este hilo, también es más que reseñable que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aproveche la situación para rescatar su vieja lucha contra Madrid y pretenda imponer subidas de impuestos bajo un mediocre argumento de dumping fiscal. La fiscalidad madrileña se ajusta plenamente a la legalidad vigente y ha demostrado ser un modelo eficaz para atraer inversión, generar empleo y aumentar la recaudación sin penalizar a familias y empresas. Lejos de ser castigado, este modelo debería ser replicado.
Lealtad institucional
España necesita una reforma urgente del sistema de financiación autonómica que corrija las deficiencias del modelo actual, pero no puede hacerse desde la parcialidad ni desde la improvisación. Debe construirse sobre el diálogo leal entre todas las comunidades autónomas, con la participación de todas las fuerzas políticas y con criterios objetivos que tengan en cuenta factores como la población, la equidad territorial y la sostenibilidad económica.
Asimismo, es esencial promover una gestión eficiente de los recursos públicos, reducir el gasto improductivo y fomentar la colaboración público-privada para hacer un uso responsable de los recursos de todos los españoles.
Es urgente que este Gobierno aparque sus intereses particulares y los acuerdos coyunturales con sus socios, y que actúe con lealtad institucional, altura de miras y auténtico sentido de Estado. Los actos tienen consecuencias y este es un asunto que afecta al conjunto de los españoles, no solo a unos pocos.