Formación de calidad

Desde hace más de 50 años, la Fundación Universidad-Empresas trabaja con el objetivo de que los jóvenes puedan dar ese primer paso real en el mundo profesional. No el de enviar un currículum. El de entrar en una organización, observar cómo funciona de verdad, equivocarse con red, aprender haciendo. Ese paso que ningún aula puede sustituir y que, en el mundo en el que vivimos, se ha convertido en una de las experiencias formativas más decisivas que podemos ofrecer a una generación.

El mercado laboral cambia a una velocidad que hace inútil cualquier manual publicado hace cinco años. Las competencias que hoy definen a un profesional no son solo las que se adquieren en un aula: son las que se desarrollan en contacto con problemas reales, con equipos reales, con la presión y la riqueza de una organización viva. Por eso las prácticas académicas importan más que nunca. Y por eso lo que ocurra con ellas en los próximos meses es profundamente preocupante.

Esta semana se ha puesto en marcha un buzón de denuncias anónimas para estudiantes en prácticas, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, y avanza la tramitación del llamado Estatuto del Becario, con sanciones de hasta 225.000 euros para las entidades que incumplan. El diagnóstico que lo justifica es compartido: existen abusos, y deben perseguirse. Nadie en el sector lo discute. Lo que se discute es si este es el camino más eficaz.

Desde la Fundación Universidad-Empresa y desde el conjunto del sector llevamos años sosteniendo una posición técnica que consideramos esencial: las prácticas académicas externas y las estancias formativas en empresa son formación, y su regulación natural corresponde a los ministerios de Educación y de Universidades. No es un tecnicismo. Cuando se regula desde la lógica laboral, el estudiante en prácticas parece que se le considera un trabajador potencialmente explotado. Cuando se regula desde la lógica educativa, es una persona en formación que necesita un proyecto formativo real, un tutor comprometido —en la universidad, en el centro de FP y en la entidad que le acoge— y un sistema que garantice su aprendizaje. El enfoque lo determina todo.

Hay además una pregunta que el sistema debería responder con claridad. La apuesta por la FP Dual —modelo general desde este curso— y por la formación dual universitaria parte de una premisa: la empresa es un socio formativo fiable, capaz de acoger estudiantes, tutorizarlos y comprometer recursos en su formación. Esa premisa es la que hace posible ambos modelos.

Pero si esa misma empresa acoge a un estudiante de FP Dual no es considerado como un riesgo, y si acoge a un estudiante universitario en prácticas externas sí, ¿en qué cambia la empresa? ¿Qué hace que sea socia formativa en un caso y potencial infractora en el otro? La coherencia del sistema exige responder a esa pregunta antes de legislar.

Y hay una tercera cuestión sobre la que también habría que reflexionar. El buzón que se acaba de poner en marcha orienta al estudiante a denunciar de forma anónima cualquier problema en sus prácticas. No cuestionamos que exista ese canal: para los casos de abuso real y grave, debe existir una vía de denuncia accesible. Lo que cuestionamos es que se presente como primera respuesta, antes de recurrir al tutor académico, a la universidad, al centro de FP, o a los mecanismos de diálogo que el propio sistema ofrece.

Un sistema educativo maduro resuelve los conflictos a través del diálogo, la mediación y la intervención de los responsables formativos. El buzón anónimo debería ser el último recurso, no el primero. Convertir al estudiante en informante antes que en interlocutor tiene un coste pedagógico que conviene evaluar con rigor: ¿qué le estamos enseñando sobre cómo se resuelven los conflictos en una organización? ¿Qué modelo de convivencia profesional estamos construyendo?

Para los casos de abuso real y grave, el buzón de la Inspección de Trabajo lleva operativo desde 2013. Lo que se ha puesto en marcha ahora no es una herramienta de último recurso: es la normalización del anonimato como primera respuesta, con un coste pedagógico que conviene evaluar con rigor.

Desde la Fundación Universidad-Empresa seguimos haciendo lo que hemos hecho desde nuestra constitución: trabajar para que las prácticas sean realmente formativas. Para que haya un proyecto formativo real detrás de cada convenio. Para que el tutor de empresa no sea un nombre en un papel sino alguien que acompaña, que exige, que transfiere. Para que el estudiante llegue a su primer trabajo habiendo aprendido algo que no está en ningún libro.

No todas las prácticas son iguales ni todas las empresas actúan igual

Las 24 FUEs, distribuidas por la geografía nacional e integradas en la Red de Fundaciones Universidad-Empresa, no nos hemos limitado a señalar el problema: hemos puesto en marcha soluciones concretas. Hemos desarrollado la primera microcredencial universitaria para formar a tutores de entidades de acogida —empresas, instituciones, administraciones, hospitales— para que sepan acompañar, tutorizar y mentorizar a los estudiantes con rigor. Y hemos creado, junto a Cámara Certifica de AENOR, un Sello de Empresa Impulsora de Talento Joven: un sistema de certificación que, como una ISO, verifica que todo el proceso de acogida y tutorización se realiza con las garantías necesarias. Porque la calidad de una práctica no se legisla desde un buzón: se construye, se acredita y se reconoce.

Sabemos, porque llevamos más de 50 años en este sector, que no todas las prácticas son iguales ni todas las empresas actúan igual. Que hay que intervenir cuando se dan situaciones problemáticas, o mediar en conflictos cuando se generan.  Precisamente por eso construimos el modelo que tenemos: porque la calidad no puede darse por supuesta, tiene que verificarse. No hablamos desde la comodidad de quien no ha visto abusos. Hablamos desde la experiencia de quien lleva décadas trabajando para que no ocurran.

La protección del colectivo de estudiantes en prácticas no se logra solo con denuncias. Es preferible y más eficaz un sistema que garantice formación de calidad desde el inicio.

FUE propone priorizar la colaboración, los recursos y la claridad legal sobre el castigo. Y a los jóvenes que están ahora mismo en unas prácticas, o que están a punto de empezarlas, les decimos con convicción: eso es lo que merecéis, y eso es lo que seguiremos construyendo. Solo así se logrará un modelo justo y sostenible para todos.