Frente a la guerra, más democracia y más derechos

Hay momentos en los que la política exige más firmeza y claridad que nunca. Este es uno de ellos.

La guerra ilegal e injusta desatada por Trump y Netanyahu contra Irán y Líbano ha provocado ya miles de muertos -entre ellos, centenares de niños y niñas- y el desplazamiento de más de un millón de personas en el país de los cedros. Ante esta masacre solo cabe una posición: defender el derecho internacional y los derechos humanos. Decir NO a la guerra.

España, con un Gobierno progresista al frente, ha dicho NO a esta guerra ilegal e injusta. NO a la invasión de Ucrania y NO al genocidio en Gaza. Esto se llama ser coherente.

Esa coherencia nos obliga también a mirar otros conflictos y otras injusticias que a menudo quedan fuera del foco mediático. El bloqueo que sufre Cuba no responde a razones de seguridad, sino a una lógica de castigo y asfixia que vulnera el derecho internacional. Y el Gobierno español tiene que dar respuesta a ello.

Apostar por las energías renovables no es solo una cuestión climática: es una cuestión de soberanía

En cuanto al conflicto en Irán, está teniendo, además, unas consecuencias que ya se sienten en los precios, en la energía, en la incertidumbre de millones de familias en nuestro país.

La dependencia energética se revela una vez más como una vulnerabilidad estructural. Apostar por las energías renovables no es solo una cuestión climática: es una cuestión de soberanía, de reducir la exposición al chantaje de quienes convierten el caos en negocio y proteger a las familias de la volatilidad de los mercados.

España ha demostrado que ese camino es posible. Por eso, retroceder ahora -por ejemplo, alargando la vida de las nucleares- sería un error estratégico. La transición energética debe ser justa, planificada y con alternativas reales para los territorios, pero no puede detenerse. En esa transición nos jugamos algo más que el modelo energético, nos jugamos la autonomía del país.

La otra gran batalla es social. Cada guerra trae consigo un riesgo evidente: que sus costes recaigan sobre los de siempre, los de abajo, los que menos tienen. Frente a eso, el deber de un Gobierno progresista es levantar un escudo que proteja a la mayoría. Impedir que las empresas que reciben ayudas despidan, controlar márgenes empresariales o prorrogar los contratos de alquiler -para evitar que suba el precio hasta un 50%- no es hacer concesiones, es hacer justicia. Y lo hemos logrado gracias a las cinco ministras y ministros de Sumar.

Hay quienes dicen que la prórroga de alquileres va en contra de los pequeños propietarios. Pero esto no es cierto. Solo es una excusa de quien quiere votar en contra. Por un lado, todos los propietarios van a seguir cobrando sus rentas de alquiler (las de ahora, más un 2%). Y por otro, en España, quienes  causan el grave problema de la vivienda no son pequeños propietarios, sino grandes actores como CaixaBank o Blackstone, que concentran decenas de miles de viviendas. Limitar subidas abusivas del alquiler no es intervenir caprichosamente el mercado, es proteger a millones de personas frente a prácticas especulativas.

Ante esto, la derecha no ofrece nada u ofrece contradicción. El problema del Partido Popular no es sólo la falta de propuestas concretas, sino la ausencia de un proyecto de país. En política exterior, Feijoo y lo suyos son incapaces de defender a España; su indefinición acaba en subordinación. Más preocupante aún es el papel de la ultraderecha, que ha hecho de la política un instrumento al servicio de intereses particulares mientras bloquea sistemáticamente cualquier avance social.

Ante los desafíos globales, la respuesta no puede ser el repliegue ni el miedo

Pero frente a ese ruido, hay algo que permanece, y es la coviccion que comparte una mayoría social: España no puede retroceder hacia un modelo más desigual, más autoritario y más dependiente. Ante los desafíos globales, la respuesta no puede ser el repliegue ni el miedo, sino más cooperación, más derechos y más democracia.

La tarea central que tenemos hoy en la izquierda es cuidar a esa mayoría. No es fácil. Implica buscar unidad. Implica debate y confrontación, contradicciones y renuncias.

Pero nos impulsa una certeza que vemos en el día a día: cuando la izquierda gobierna, la vida de la gente mejora. Se nota en el empleo, en los salarios, en la factura de la luz o en los derechos conquistados.

En un contexto internacional cada vez más incierto, España tiene que decidir qué papel quiere jugar. Puede ser un actor subordinado a los intereses de otros o puede ser un país con voz propia, comprometido con la paz, con el multilateralismo y sobre todo con la justicia social.

En Sumar lo tenemos muy claro. Frente a la guerra, más democracia. Frente al miedo, más derechos. Y frente a la incertidumbre, políticas útiles para la mayoría social.