Es una realidad tangible que la crisis de la vivienda se agrava si eres mujer. Hoy, en el Estado español, uno de cada tres hogares encabezados por mujeres cae en la pobreza después de pagar la vivienda. Si hablamos del alquiler, la cifra se acerca al 60%. Son cifras alarmantes, que describen un sistema que falla siempre en la misma dirección.
Pero esto no es casualidad. Es la consecuencia directa de una brecha salarial que todavía hoy supera el 16%, de una mayor temporalidad, de más jornadas parciales y de trayectorias profesionales marcadas por interrupciones vinculadas a los cuidados. Cuando el mercado de la vivienda exige estabilidad, salarios altos y ahorro previo, está levantando un muro que muchas mujeres no pueden saltar. Y ese muro no es natural, es impuesto y es político.
Cuando el mercado de la vivienda exige estabilidad, salarios altos y ahorro previo, está levantando un muro que muchas mujeres no pueden saltar
El mercado opera sobre una sociedad profundamente desigual y convierte esas desigualdades previas en exclusión habitacional. Cuando un sistema económico reproduce de forma sistemática desventajas que afectan mayoritariamente a las mujeres y las transforma en expulsión del acceso a un derecho básico, no estamos ante una simple dinámica de oferta y demanda, estamos ante una forma de violencia estructural. Una violencia que se ejerce con contratos inestables, alquileres inasumibles y puertas que se cierran porque los estándares están diseñados para quienes parten con ventaja.
Los hogares monomarentales concentran más pobreza y mayor sobrecarga de gastos residenciales, asumiendo además, en muchos casos, el cuidado y la custodia de los hijos y sosteniendo en solitario a toda la familia. Muchas mujeres no duermen por las noches pensando que su contrato de alquiler está a punto de terminar, o sin saber si les subirán el precio y se van a ver obligadas a elegir entre pagar el alquiler o llegar a fin de mes y alimentar a sus hijos. Esa angustia cotidiana e incertidumbre permanente también es una forma de violencia.
Y para muchas, la casa tampoco es refugio. La violencia machista obliga a huir o a vivir en la inseguridad. Cuando una mujer no puede emanciparse o escapar de una relación violenta porque no tiene alternativa habitacional, el problema deja de ser solo social o económico, se convierte en una trampa estructural que condiciona su libertad. Sin vivienda, no hay salida posible.
Esa angustia cotidiana e incertidumbre permanente también es una forma de violencia
Por eso, cualquier política de vivienda que ignore esta dimensión de género es incompleta y profundamente injusta. No basta con diagnósticos tímidos ni con medidas simbólicas. Es imprescindible garantizar el acceso real y la protección efectiva de quienes no pueden competir en un mercado diseñado para maximizar beneficios y no para garantizar derechos. Hay que intervenir cuando el mercado expulsa y regular cuando la especulación asfixia.
Necesitamos una política mucho más ambiciosa de parque público. Es lo que Esquerra Republicana viene reclamando al Partido Socialista: priorizar lo público, reducir el poder de los grandes tenedores y bajar de verdad los precios del alquiler y la compra. El fondo anunciado llega tarde y es insuficiente. Seguimos lejos de Europa y no responde a la emergencia que viven miles de mujeres.
También han dejado fuera de regulación los alquileres de temporada y habitaciones, principal vía para esquivar topes. Han tolerado que los pisos turísticos expulsen vecinos y vacíen barrios. El Plan Estatal de Vivienda tampoco corrige el mercado: lo financia y alimenta la subida de precios. Bonificar a propietarios no es la solución, es premiar la especulación.
Los activos de la SAREB ya son públicos. El Estado debe ponerlos al servicio del derecho a la vivienda si quiere revertir la brecha de género en el acceso a un hogar digno. No se pueden socializar pérdidas mientras tantas mujeres quedan fuera por la precariedad impuesta y desigualdad salarial.
El problema es demasiado grave como para seguir instalados en el cálculo partidista. Convertir la vivienda en arma electoral mientras se bloquean soluciones estructurales es una irresponsabilidad que se paga con vidas precarizadas y en frustración social. Y esto erosiona la confianza democrática y alimenta discursos reaccionarios que niegan la desigualdad y, por ahora, cuestionan derechos.
El problema de la vivienda es demasiado grave como para seguir instalados en el cálculo partidista
Este 8 de marzo no queremos hablar solo de techos de cristal, sino también de techos de obra. De los techos que nos dan autonomía y de igualdad real: los techos de las casas que nos garantizan un futuro digno. La vivienda es un derecho básico y debe ser tratada como tal, porque sin una vivienda digna no hay proyectos de vida posibles.
Debemos empezar a hablar y pensar sobre esta violencia estructural que expulsa a las mujeres del derecho a la vivienda. Porque la igualdad no sólo se proclama, se debe garantizar con ambición. Asegurar un hogar seguro, estable y asequible para todas, es feminismo. Sin eso, la libertad es parcial y la democracia incompleta.
Sobre la firma:
Etna Estrems Fayos es diputada por Girona de ERC y portavoz en la Comisión de Vivienda.