Las guerras no las ganan los generales

Europa vive un cambio de época que aún no termina de asumir del todo. Durante más de treinta años, el continente organizó su seguridad sobre tres pilares implícitos: el paraguas estratégico de Estados Unidos, la interdependencia económica como disuasión y la progresiva reducción de las capacidades militares tradicionales. La guerra era concebida como una anomalía lejana, gestionable a través de misiones limitadas o coaliciones internacionales. Ese modelo ha saltado por los aires.

La guerra en Ucrania ha devuelto a Europa a una realidad más incómoda: la posibilidad de un conflicto de alta intensidad en su propio entorno estratégico. Al mismo tiempo, el giro de la política estadounidense hacia Asia y la creciente imprevisibilidad del compromiso transatlántico obligan a los europeos a asumir mayores responsabilidades. En ese marco, el informe británico sobre warfighting readiness —preparación real para la guerra— resulta especialmente revelador. Su tesis no es simplemente que haya que gastar más en defensa. Es más profunda: sostiene que los Estados deben prepararse como sistemas completos —políticos, industriales y sociales— para escenarios de conflicto prolongado. Podríamos colegir que los ejércitos ganan o pierden batallas, pero son las naciones las que pueden o no sostener las guerras, de ahí el título del artículo, con los debidos respetos.

Ese diagnóstico tiene implicaciones que trascienden el caso británico. De hecho, el Reino Unido aparece más bien como un espejo en el que otros países europeos deberían mirarse. Porque el problema que identifica el informe no es exclusivamente británico. Es, en gran medida, europeo.

El primer error que señala —y que puede aplicarse con facilidad al conjunto del continente— es la confusión entre eficiencia y seguridad. En tiempos de paz, las democracias occidentales han optimizado sus estructuras: han reducido reservas, externalizado producción, ajustado plantillas y priorizado la eficiencia presupuestaria. Sin embargo, la guerra castiga precisamente esa lógica. Exige redundancia, capacidad de producción rápida, almacenamiento de material y resiliencia industrial. Ucrania ha demostrado que los conflictos modernos no se ganan solo con tecnología avanzada, sino con volumen, capacidad de reposición y resistencia prolongada.

España no es ajena a esta dinámica. Aunque ha incrementado su gasto en defensa en los últimos años, su modelo sigue marcado por inercias de tiempo de paz: dependencia exterior en ciertos sistemas críticos, limitada base industrial en algunos segmentos y escasa cultura de reservas estratégicas. El debate sobre autonomía estratégica europea —impulsado desde Bruselas— pone de manifiesto estas carencias, pero su traducción práctica aún es desigual.

El segundo gran elemento del informe británico es la necesidad de pensar la defensa como una cuestión de Estado, no solo como una política sectorial. La guerra moderna, sostiene, no se libra únicamente en el campo de batalla. Afecta a la economía, la energía, las infraestructuras críticas, la ciberseguridad, las finanzas y la cohesión social. En otras palabras, no es el ejército el que va a la guerra: es el país entero.

Aquí el paralelismo con España vuelve a ser evidente. El sistema institucional español, como el de muchas democracias europeas, está diseñado para la gestión ordinaria, no para la excepcionalidad estratégica. La coordinación interministerial en materia de seguridad nacional ha mejorado en los últimos años, pero sigue siendo limitada en comparación con las exigencias de un escenario de crisis prolongada. La cultura administrativa, altamente garantista y procedimental, puede convertirse en un obstáculo si no se adapta a contextos que exigen rapidez de decisión y capacidad de respuesta.

El tercer aspecto clave es la cuestión de las alianzas. El informe británico no cuestiona la importancia de la OTAN, pero advierte de un riesgo: asumir que la pertenencia a una alianza sustituye la necesidad de capacidades propias. Este es, probablemente, uno de los debates más sensibles en Europa. Durante décadas, muchos países han estructurado sus fuerzas armadas bajo la premisa de que Estados Unidos cubriría las carencias críticas. Esa premisa ya no es tan sólida.

La credibilidad de un país en una alianza depende de lo que aporta, no solo de lo que recibe

Para España, miembro de la OTAN pero con recursos limitados, esta reflexión es particularmente relevante. La participación en misiones internacionales y el alineamiento con aliados no pueden ocultar la necesidad de fortalecer capacidades nacionales clave. La credibilidad de un país en una alianza depende, en última instancia, de lo que aporta, no solo de lo que recibe.

Quizá el punto más incómodo del informe británico sea el que se refiere a la sociedad. ¿Está la ciudadanía preparada para asumir los costes de una crisis de seguridad? Durante años, la defensa ha estado relativamente desconectada del debate público en Europa. La profesionalización de las fuerzas armadas ha reducido el vínculo directo entre sociedad y ejército, y la guerra se ha percibido como algo ajeno.

En España, esta desconexión es especialmente acusada. La cultura estratégica es limitada, el debate público sobre defensa suele ser superficial y la percepción del riesgo es baja -algo también tiene que ver la composición actual del consejo de ministros-. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha empezado a cambiar esa percepción, aunque de forma gradual. La cuestión es si ese cambio será suficiente para sostener políticas de defensa más exigentes en el tiempo.

El informe británico, en definitiva, no es un llamamiento al militarismo, sino a la responsabilidad estratégica. Su mensaje central es que la paz no es un estado garantizado, sino una construcción que requiere preparación, inversión y cohesión. Prepararse para la guerra no significa quererla, sino evitarla mediante disuasión creíble.

Europa se encuentra en una encrucijada. Puede seguir aferrándose a un modelo de seguridad que ya no se corresponde con la realidad, o puede asumir el coste político y económico de adaptarse a un entorno más peligroso. España, como parte de ese entramado europeo, no puede permanecer al margen de ese debate.

La verdadera pregunta que plantea el informe británico no es solo cuánto más debemos gastar en defensa. Es bastante más incómoda: si estamos realmente preparados, como Estados y como sociedades, para un mundo en el que la seguridad ha vuelto al centro de la política. En el caso de Europa, y también de España, la respuesta sigue siendo incierta. Pero el margen para seguir posponiendo esa reflexión se estrecha. Y si aquel informe se formulaba en los albores de la guerra de Ucrania, hoy el deterioro del escenario en Oriente Medio no hace sino reforzar la urgencia de ese debate. Aunque esa es ya otra reflexión, que merece capítulo propio.