El empeño sin consenso del Gobierno en el ámbito laboral podría ser el titular de los últimos meses, o incluso de la legislatura, en dicha materia. La intención declarada por el ejecutivo de coalición de aprobar una reducción de la jornada laboral, una medida exigida por algunos de sus socios políticos y organismos sindicales que no termina de gustar en la parte económica socialista del Gobierno, suscita una reflexión profunda sobre el modo en el que se construye el consenso en cuestiones laborales de gran calado en nuestro país.
Si bien, la idea de disminuir el tiempo efectivo de trabajo, sin merma salarial, puede responder a una demanda social legítima acorde con la nueva realidad laboral del Siglo XXI, su imposición sin una negociación previa adecuada con la contraparte, especialmente con la pequeña y mediana empresa, plantea riesgos que exceden del mero debate parlamentario e ideológico.
En primer lugar, la ausencia de un amplio diálogo con la representación empresarial, así como con los interlocutores territoriales, debilita la viabilidad de la medida. Que una reforma de esta envergadura, con impacto potencial en la organización interna de empresas, la competitividad y los costes laborales, sea impulsada por decreto o forzada por la urgencia política, mina su solidez institucional y aumenta la posibilidad de litigiosidad, resistencias y aplicaciones heterogéneas en distintos sectores. En algunos sectores productivos donde la flexibilidad es limitada, la reducción de horas puede no traducirse en una mejora real, sino en presión adicional sobre la productividad que termine afectando la estabilidad del empleo.
En segundo término, de nuevo, el empeño gubernamental sin consenso corre el riesgo de instrumentalizar la reforma como bandera política antes que como resultado de una planificación adecuada. En el contexto de un gobierno de coalición y de múltiples tensiones internas, una medida de esta magnitud debe sustentarse en un acompañamiento financiero de la administración pública, experiencias comparadas que demuestren su compatibilidad con el crecimiento viable, y sobre todo, en acuerdos amplios que garanticen que no se convertirá en un brindis al sol o en fuente de conflictos laborales persistentes.
No cabe duda de que una reforma de la jornada laboral, o al menos una modernización seria del tiempo de trabajo, debe figurar en la agenda política, como así está ocurriendo. Pero un empeño unilateral, sin consenso y con plazos acuciados, puede resultar contraproducente: arrincona la responsabilidad política, polariza el debate y compromete su propia aplicabilidad, amén del posible deterioro en el seno del diálogo social que impida otras reformas pendientes en el futuro.
Entre el impulso unilateral y la oportunidad perdida se mueven los programas gubernativos dependiendo, en cierta medida, de la diversidad ideológica de los socios parlamentarios. El debate sobre la jornada laboral y los permisos de conciliación familiar ha vuelto a situar al Gobierno en el centro de una controversia que trasciende del terreno estrictamente laboral. Su empeño por aprobar una reducción de la jornada laboral sin consenso revela tanto la urgencia política como la fragilidad del diálogo social, mientras su anuncio de ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar (o amigo, tal y como declaró la titular del Ministerio de Trabajo) hasta diez días, evidencia una cierta improvisación.
En el contexto de un gobierno de coalición y de múltiples tensiones internas, una medida de esta magnitud debe sustentarse en un acompañamiento financiero de la administración pública
Lo que es evidente es que esta nueva medida anunciada, sin consenso con la patronal, vuelve a cargar las tintas de los costes sobre el mismo hombro: pequeña y mediana empresa. No todas las compañías españolas son las del IBEX 35, pues el tejido productivo nacional obedece a una lógica de empresas pequeñas, familiares y, en cierto modo, tradicionales.
Previo al análisis de dicha medida, es pertinente mencionar la situación actual de incomparecencias laborales en el sector productivo. Esto es, el considerable aumento de las bajas laborales en España en los últimos tiempos y las consecuencias asociadas en términos de productividad, por ejemplo. En los últimos años España ha experimentado un incremento pronunciado de las incapacidades temporales que refleja no solo cambios en el estado de salud de la población activa, sino también transformaciones del mundo laboral (presión, estrés, longevidad, enfermedades mentales).
Según el Banco de España, entre 2019 y 2024 el gasto en prestaciones por incapacidad temporal se disparó un 78,5%, alcanzando más de 15.000 millones de euros en prestaciones. En ese mismo periodo, el coste directo para las empresas creció un 62 %. Esta escalada sugiere que la cuestión ya no es simplemente coyuntural, sino estructural.
El aumento del absentismo laboral supone para las empresas una carga económica directa, pero también pérdidas de productividad difíciles de cuantificar. En 2024, el coste total de las bajas (asumiendo tanto la parte de la Seguridad Social como la parte empresarial) ascendió a unos 30.461 millones de euros, un 15,6% más que el año anterior. Las previsiones para 2025 estiman que las empresas deberán asumir unos 16.000 millones de coste directo por bajas, lo que supondría un aumento del 13,5% frente a 2024. Además, se calculan pérdidas de producción por las jornadas no trabajadas debido a las incapacidades temporales.
Esto implica que muchas empresas afrontan no solo costes salariales de remunerar o cubrir al empleado de baja, sino también la reorganización de tareas, la disminución del rendimiento global o la carga sobre otros empleados. Para las compañías, ese coste tiene varias vertientes. Un coste salarial directo que implica que algunas empresas deben seguir abonando parte del salario del trabajador durante los primeros días de baja, así como los costes organizativos derivados de la sustitución de los empleados. Todo ello unido a los ya de por sí elevados costes laborales hace que autónomos y pequeños empresarios estén tensando la cuerda al máximo.
En suma, el alza continuada de las bajas laborales en España representa un desafío creciente para la competitividad empresarial. No se trata simplemente de más enfermos, sino de un fenómeno ligado a condiciones de trabajo, salud mental, envejecimiento y rigideces institucionales. Cualquier política de contención eficaz deberá contemplar prevención, mejora de salud laboral, mecanismos de reinserción activa y revisión de incentivos normativos para que el coste no recaiga excesivamente en las empresas, sin carga adicional sobre los trabajadores. Incluso, permitiendo e incentivando fiscalmente a aquellos trabajadores que quieran obtener mayores ingresos.
Sobre el papel suena impecable que ningún trabajador acuda a su puesto de trabajo si no está en condiciones; sin embargo, el anuncio de la medida es excesivamente amplio. En la práctica, el Gobierno impulsa medidas legislativas y las empresas y administraciones públicas vía recaudación de impuestos son las que costean su puesta en marcha. Los nuevos permisos o bajas retribuidas implican un coste directo sin compensación, pues la empresa paga salarios sin recibir productividad a cambio.
Además, debe subrayarse la dificultad operativa que supone sustituir trabajadores sin disponer de personal de reserva, lo que genera una evidente tensión interna. Mencionar también la ambigüedad de la propia medida, que carecen de concreción y previsibilidad, anticipando conflictos y litigios y dificultades en la inclusión en el ordenamiento jurídico – laboral. Se advierte, en esta medida, de la ausencia del Estado en la asunción de los costes sociales, interpretando estas políticas como un traslado silencioso (nuevamente) de cargas al tejido empresarial, y en ningún caso se plantea la legitimidad del derecho, sino quién lo financia y cómo se gestiona.
En este sentido, y en términos estrictamente parlamentarios, se ha rechazado en el Congreso una visión alternativa a la del Gobierno en el ámbito de la corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral. Es la proposición de Ley del Partido Popular que, únicamente, contó con los votos a favor de los grupos parlamentarios popular, de Vox y de Unión del Pueblo Navarro.
El texto diagnostica la persistencia de las brechas de género en empleo, salarios y cuidado familiar (con un 84 % de las excedencias por cuidado aún solicitadas por mujeres) y subraya el riesgo demográfico que supone la caída sostenida de la natalidad. A partir de ello, propone una batería de medidas que buscan articular la conciliación no como un beneficio social accesorio, sino como pieza estructural del bienestar y la sostenibilidad del Estado social.
Entre sus ejes centrales destacan:
— El reconocimiento amplio del concepto de familia, que incluye matrimonios, parejas de hecho, familias monoparentales y de acogida, así como la equiparación de derechos entre todas ellas.
— La flexibilización del permiso por nacimiento, eliminando la obligatoriedad del disfrute simultáneo de las seis semanas iniciales y favoreciendo el uso consecutivo entre progenitores para alargar los cuidados del menor.
— La creación de un “Banco de horas” laboral, que permitiría acumular tiempo de trabajo adicional para transformarlo en días libres, vacaciones o reducciones de jornada sin merma salarial.
— El establecimiento de incentivos fiscales y bonificaciones a las empresas que adopten políticas activas de conciliación, así como un sistema de certificación y reconocimiento público a las buenas prácticas empresariales.
— La ampliación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad hasta las veinte semanas, y su extensión a veintiséis en el caso de familias monoparentales, incorporando paralelamente la retribución del nuevo permiso parental de dieciséis semanas para el cuidado de menores de ocho años.
— El Plan Nacional de Conciliación y Corresponsabilidad, que se aprobaría en seis meses y dotaría de financiación estatal las medidas estructurales, incluyendo la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (0-3 años) y el uso de instalaciones escolares para programas de conciliación en periodos no lectivos.
— Por último, un Libro Blanco de la Conciliación, con indicadores y evaluación anual ante el Congreso, que refuerza el carácter transversal y verificable de la política pública propuesta.
La reforma no debe entenderse como un acto de poder simbólico, sino como un servicio institucional a la ciudadanía: un contrato social renovado entre trabajo y vida personal
El conjunto del articulado configura un modelo integral de conciliación familiar, que combina medidas de derecho laboral, política fiscal, servicios sociales y reconocimiento jurídico de la diversidad familiar que, en gran parte, no dista de la idea del ejecutivo en esta cuestión. Su orientación es pragmática, más económica que ideológica, y busca compatibilizar la corresponsabilidad con la sostenibilidad empresarial, lo que la diferencia de las medidas aisladas promovidas hasta ahora por el Gobierno.
A modo de reflexiones y consideraciones finales, la conciliación y la corresponsabilidad no son cuestiones retóricas: son el núcleo de una política pública que determina la igualdad real entre hombres y mujeres, la demografía futura y la estabilidad económica del país. Desatender su dimensión integral en favor de gestos unilaterales o de cálculos políticos inmediatos sería una torpeza histórica. España necesita de reformas y ajustes dialogada, humana y coherente, que vincule el tiempo de trabajo con el tiempo de vida. En definitiva, una política del tiempo que no sacrifique ni la competitividad ni la corresponsabilidad familiar.
El deseo de avanzar hacia una mayor conciliación laboral, de reconocer el sufrimiento humano con permisos dignos y de ajustar el tiempo de trabajo al siglo XXI es legítimo. La inercia del modelo laboral tradicional, la obsesión por la productividad y la fragmentación del espacio personal y familiar demandan reformas de calado cultural también. Pero no basta con proclamas audaces. La política social moderna exige estudio, prudencia, experimentación y acuerdos amplios.
Si el Gobierno insiste en imponer sin consenso la reducción de la jornada o la ampliación de permisos sensibles como el de fallecimiento, corre el riesgo de politizar el derecho laboral y, peor aún, de generar frustraciones y resistencias que boicoteen la implementación real de las medidas más valiosas. La reforma no debe entenderse como un acto de poder simbólico, sino como un servicio institucional a la ciudadanía: un contrato social renovado entre trabajo y vida personal. Sólo desde esa perspectiva puede reconstruirse la confianza y hacerse viable una transformación laboral que, en el fondo, es también una política de futuro para las generaciones venideras.
SOBRE LA FIRMA:
Ángel Guillén Pajuelo es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia